*En lacónico boletín oficial, no da fecha, sólo dice que pidió tiempo.
* Organizaciones civiles, congresistas y especialistas reclaman acciones en los dos temas fundamentales: violencia y derechos sexuales y reproductivos.
/Libertad López/
SemMéxico, Ciudad de México, 01 de noviembre 2020.- En boletín oficial difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se informa que México solicitó una prórroga ante el comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas, para presentar el informe intermedio -que debió enviarse en julio pasado-, con el fin de exponer las medidas que adoptó México respecto a algunas de las últimas recomendaciones que emitió este organismo, en 2018.
El informe de México debía responder a las observaciones que hizo el Comité de la CEDAW con motivo del noveno informe, conocido por la presente administración desde septiembre de 2019 en una reunión para hacer la transición del gobierno de Enrique Peña Nieto al de Andrés Manuel López Obrador.
El Instituto Nacional de las Mujeres Inmujeres, consultado por SemMéxico en septiembre, informó, vía su vocera oficial, que se redactaba y estaba en manos de Relaciones Exteriores, secretaría que este día informó de la prórroga solicitada, sin dar fecha. No se ha entregado nada, informó.
En el documento de observaciones, México debió tomar medidas urgentes para las acciones que hayan implementado respecto a la tipificación del delito de feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el asesinato de mujeres por razones de género.
También, las medidas impulsadas sobre la simplificación y armonización de los procedimientos de activación del Programa Alerta AMBER y Alba, que agilice la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, y las acciones para evaluar el mecanismo de alerta de violencia de género, así como los trabajos para acelerar la resolución del feminicidio de Pilar Argüello Trujillo, perpetrado en Veracruz, en 2012. Asunto que como ha informado SemMéxico está congelado y con soluciones muy parciales.
Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), y Ana Elena Contreras, de Las del Aquelarre Feminista, coincidieron en la importancia del informe que debe presentar México. “Estamos a la expectativa de lo que se va a informar ante todos estos acontecimientos que han estado permeados de omisiones como recortes presupuestarios, el debilitamiento de algunas instancias fundamentales y acciones que son fragmentadas” para acatar a la CEDAW, señaló Figueroa.
“México tendría que estar viendo no solo que el cumplimiento de las recomendaciones, sea lo más estricto y apegado a derechos, sino estar impulsando el resto de los compromisos que se han asumido”, dijo Contreras.
La Subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el 7 de octubre último al realizar el conversatorio “Asignaturas Pendientes en Materia de Justicia para las Mujeres de Cara al Informe de México ante CEDAW 2020”, y cuyo objetivo era fortalecer la agenda legislativa para erradicar discriminaciones y violencias que padecen mujeres y niñas, ratificó que todas las observaciones estaban pendientes. Especialmente la que tiene que ver con la armonización de los códigos penales en materia de feminicidio y la urgencia para hacer efectiva la norma 046, para interrumpir el embarazo en adolescentes, considerando que en México este embarazo no deseado y frecuentemente resultado de un acto de violencia, coloca a México en el primer lugar entre los países de la OCEDE.
Diputadas y especialistas abordaron temas como los acuerdos sobre justicia que el Estado debe firmar ante la CEDAW; medidas específicas contra la violencia; acciones de la Cámara de Diputados, no solamente en términos legislativos y presupuestales sino como órgano de supervisión.
La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), dijo que es necesario fortalecer a las instituciones encargadas de las políticas públicas para erradicar la violencia de género y avanzar en la construcción de un Estado que garantice la integridad de las mujeres.
Entre los retos y pendientes con la CEDAW están la capacitación sistemática y obligatoria de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, agentes y encargados en los ámbitos estatal y municipal. Lo que se recrudece porque los compromisos de México ante la CEDAW no pueden cumplirse por falta de recursos que no existen, en diversas instituciones, como la Comisión Nacional de Atención a Víctimas que está descabezada y sin presupuesto.
En materia de alerta de género a esta fecha quedan nueve estados pendientes de su declaratoria; adicionalmente preocupa la reducción de recursos al Anexo 13 destinados a este mecanismo en siete entidades federativas con altos niveles de violencia de género. Respecto de los Centros de Justicia para Mujeres, siguen sin acciones para darles viabilidad y seguimiento, incluso alguna regulación.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), coordinadora de la Subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres, expresó que “no podemos negar que mueren 11 mujeres al día y que se ha incrementado la violencia durante la pandemia. Eso refleja que todavía nos falta mucho. No sólo es mejorar los marcos jurídicos sino el Sistema de Justicia, el cual tiene que operar de manera distinta”.
Indicó que “debe haber una justicia amplia, acompañada de un presupuesto y con políticas públicas adecuadas que garanticen plenamente el cumplimiento de cada una de las leyes y los derechos suscritos por el gobierno mexicano en los convenios internacionales, así como los que establece la Constitución y las leyes”.
Villavicencio Ayala planteó trabajar de la mano con los congresos para generar una política integral que permita fortalecer las capacidades de las legislaturas locales y la federal en materia de rendición de cuentas, además de conformar un presupuesto que realmente atienda la problemática.
CEDAW emite las mismas recomendaciones y México no avanza
Patricia Olamendi Torres, abogada feminista, subrayó que el Comité CEDAW, por primera vez ha enviado recomendaciones de manera particular, tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial, y ha impuesto un mecanismo de seguimiento mucho más intenso “porque se le han hecho las mismas recomendaciones a lo largo de varios informes y nuestro país no avanza”.
Precisó que los temas sobre los cuales México tiene que informar son: si realmente se ha legislado en materia de feminicidio; la existencia de una política clara del Estado para enfrentar los problemas de las mujeres por la inseguridad y el crimen organizado; la desaparición de niñas y mujeres, así como el acceso a la justicia.
Consideró que las legisladoras tendrían que solicitar este informe para evaluar si realmente se acerca a la realidad, porque es difícil ocultarla y hoy en México la impunidad es del 96 por ciento. Además, dijo, el Congreso tendría que crear un mecanismo de seguimiento a estos reportes.
Sugirió que la Comisión de Justicia discuta la situación de las mujeres en el marco del crimen organizado. Comentó que la propuesta de indulto para mujeres privadas de libertad es muchísimo más eficiente que la amnistía. Resaltó que la CEDAW recomienda que se legisle el feminicidio, no que se haga un nuevo tipo penal.
Asegurar la publicación de resoluciones
La abogada feminista, Andrea Medina Rosas, reconoció que, aunque ha habido avances en el acceso de las mujeres a la justicia, aún no se hacen investigaciones acordes con los estándares de derechos humanos.
Puntualizó que la CEDAW propone reformar la Ley General de Acceso a la Información, a fin de asegurar la publicación de las resoluciones de los tribunales y que las víctimas tengan acceso a los espacios de justicia. “Se tienen que tomar medidas para implementar protocolos que aseguren la rendición de cuentas de todos los operadores de justicia”.
Resaltó que todavía existen barreras para que las mujeres accedan a la justicia en cualquier ámbito; hay estereotipos discriminatorios que limitan el conocimiento de sus derechos entre el personal judicial, policías, defensorías y litigantes.
Medina Rosas expresó que es importante saber qué han hecho las áreas judiciales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el presupuesto que el Legislativo les asignó, cuánto se ha ejercido, en qué y cuáles resultados han tenido. Para ello, agregó, es necesario que desde el Legislativo se diseñe un sistema de indicadores que evalúe la capacitación y haga posible monitorear la operación del personal.
Afirmó que el crimen organizado tiene una fuente central en la explotación sexual de mujeres y trata de personas. Por ello, el Legislativo tiene que seguir reivindicando que la prostitución no es un trabajo. Otro punto en el que se debe poner atención, añadió, es que la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que tiene una política externa feminista, pero las mujeres que enfrentan situaciones de violencia en el extranjero no son respaldadas.
El Estado Mexicano ratificó la Convención para la eliminación de la Discriminación de la Mujer desde el 23 de marzo de 1981 -bajo una declaración interpretativa especificando que las obligaciones de la Convención serían aplicadas conforme a la legislación interna y atendiendo a la disponibilidad de recursos- y ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención el 15 de marzo de 2002.
En 2018, en su ámbito de monitoreo general, el Comité remitió sus observaciones finales respecto del noveno informe periódico del Estado mexicano. En ellas, acentuó como principales motivos de preocupación: la existencia de trabas institucionales y estructurales que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia y la persistencia de los patrones de uso generalizado de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas, incluidas la violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, desapariciones forzadas, tortura sexual y los asesinatos, especialmente los feminicidios.
Por su parte, respecto a la competencia cuasi-jurisdiccional, el Comité emitió un dictamen en contra de México en 2017 respecto de un caso de feminicidio en Veracruz, además de un par de investigaciones confidenciales previas sobre desapariciones de mujeres, homicidios y violencia doméstica.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Amnistía Internacional (AI) México denunció la falta de avance sustantivo por parte del Estado mexicano en el cumplimiento de las recomendaciones que le hizo en 2018 el Comité de la (Cedaw, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, específicamente en materia de feminicidio, desaparición de mujeres y alerta de violencia de género.
Sólo en el delito de feminicidio, a 9 años de estar tipificado el delito a nivel federal, 31 entidades federativas tienen un tipo penal específico, de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 21 de la Ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el artículo 325 del Código Penal Federal. Sin embargo, a la fecha existen disparidades entre penas y elementos objetivos del tipo penal. También destacó que sólo 26 estados cuentan con un protocolo de feminicidio.
Respecto a la desaparición de mujeres y niñas, AI indicó que en los primeros 22 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registraron 11 mil 662 personas desaparecidas no localizadas, de las cuales 2 mil 895 son mujeres (24.82 por ciento), “lo que da cuenta de la continuidad de la problemática”.
AI dijo que el gobierno ha centrado su estrategia en hacer frente a las carencias institucionales para gestionar e identificar miles de restos humanos. “No obstante, aún no hay resultados plausibles”. Las autoridades han reconocido la acumulación de más de 37 mil cuerpos en los servicios forenses a la espera de ser identificados y la localización de 3 mil 978 fosas clandestinas entre el 2006 y el 2020, refirió.
Sobre las alertas de género, expuso que las autoridades tienen activos 21 de estos mecanismos, que si bien “han servido para visibilizar violencias sistemáticas contra las mujeres y vacíos legales y en política pública, no hay cambios sustanciales en la disminución de la violencia feminicida”.
Indicó que existen ambigüedades en la reglamentación del funcionamiento de las alertas, ausencia de planificación estratégica e insuficiencia de los recursos humanos, materiales y financieros asignados a las instituciones encargadas del seguimiento.
A estos hechos, queda claro que México no ha podido responder a las observaciones del Comité de la CEDAW con un retraso de casi 5 meses en lo que se llama la entrega de medio tiempo.
