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Jorge Verástegui*/ a Donde Van Los Desaparecidos. /
El eslogan de Claudia Sheinbaum, de que “lo que no se nombra no existe”, se convirtió en un mantra que, desde la protesta social tras el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, la forzó a hablar de la crisis de desapariciones en México, de la que no había querido hablar desde su llegada a la presidencia. Sus respuestas institucionales fueron un decreto y la iniciativa a dos leyes, la Ley General en materia de personas desaparecidas y a la Ley General de Población.
El decreto reitera lo que dice la Ley: que las dependencias deben coordinarse para la búsqueda de las personas desaparecidas. Por otro lado, la iniciativa encaminada al fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, se abre paso como un caballo de Troya.
Uno de los primeros tropiezos de la iniciativa, fue que no se realizó en consulta con familiares de personas desaparecidas ni personas con experiencia en el tema. Esto provocó la molestia de las familias y colectivos de búsqueda, haciendo un llamado a un parlamento abierto y al diálogo con las autoridades. Nuevamente, la presión social hizo que la presidenta anunciara que la iniciativa se “detendría” para tomar en cuenta la opinión de las familias.
La sutileza del mensaje de Sheinbaum no está en la orden que le da al Senado de la República para detener la iniciativa, ni en el operativo que montó la Secretaría de Gobernación para reunirse con familiares y colectivos de búsqueda, sino en que la iniciativa sigue vigente en el Senado de la República, quien por vía de la Comisión de Gobernación también ha convocado a reuniones para escuchar a las familias, quienes asumirán el costo político si no hay cambios.
En un escenario en el que el Ejecutivo Federal no tiene el mando en la posibilidad de hacer cambios a la iniciativa, ¿qué sentido tienen las reuniones a las que convoca Segob para recabar opiniones sobre la iniciativa? El paso que tendrían que dar desde el gobierno federal es retirar la iniciativa del Senado de la República, lo que parecería menor cuando el partido de la presidenta tiene el poder en la Comisión de Gobernación y en el Senado mismo. Sin embargo, ese gesto es el gesto de la voluntad política y el nivel de atención e importancia que le dan al tema. En contraste, la reforma al ISSSTE tuvo que ser retirada por la Presidenta, como muestra de la voluntad política ante el gremio de la educación.
Pero lo alarmante de la situación no solo es la falta de voluntad política real, sino el corazón de la iniciativa que se puede considerar como un caballo de Troya. Lo que en el discurso parece ser una acción lógica y hasta noble, que reforma la ley en la materia para fortalecer la búsqueda, en el contenido se trata de la instalación de un sistema de vigilancia masivo por parte del gobierno.
De acuerdo con la iniciativa, el gobierno de Claudia Sheinbaum propone: que la CURP, que deberá tener datos biométricos, sea la única identificación oficial; que tanto gobierno como privados que tengan bases de datos de personas le den acceso ilimitado y no vigilado al gobierno; que tanto gobierno como privados exijan la CURP para poder brindar sus servicios y esto se vaya registrando en una base de datos.
Ejemplificando, de aprobarse, implicaría que cuando vayas a un restaurante, al cine, de viaje, etc., se te solicitará la CURP, y quedará el registro de tu actividad en manos del gobierno. Si hay negativa a dar acceso a las bases de datos al gobierno, habrá multas de $1 millón 131 400 a $ 2 millones 262 800 pesos y para quienes se nieguen a entregar la CURP se les negaría el servicio, sea público o privado.
Esta medida está alejada de ser una estrategia para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, pues quien desaparece a una persona no está haciendo trámites ante gobierno o dependencias privadas, sino ocultando a la víctima. De ser el caso, no se está frente a una desaparición. Esta medida es para poder vigilar lo que hace la población, e inclusive para atender la petición del gobierno de Estados Unidos de entregarle los datos biométricos de todos los mexicanos.
Debería de ser preocupante para toda la sociedad una iniciativa así, dado los casos de robo de bases de datos que se han presentado los últimos años, ¿qué podría hacer un ciberdelincuente si logra tener acceso a una base de datos que tenga el historial de lo que hace cada persona? Lo mismo ocurre con el gobierno, pues la iniciativa dice que se le debe de dar acceso ilimitado a las bases de datos, sin ningún control.
La búsqueda de personas desaparecidas queda como un segundo tema en la iniciativa, algo meramente decorativo que pretende ocultar la verdadera intención del gobierno: montar un sistema de vigilancia masivo de la población.
Mientras, las reuniones ocurren con la única metodología que el gobierno conoce, el uso político de las causas sociales, las fotografías del dolor, persiste la ausencia de reglas y compromisos claros sobre cómo trabajar una reforma integral en materia de personas desaparecidas frente a una reforma que no busca a las personas desaparecidas.
Mantenemos la exigencia por el cese de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Foto de portada: cortesía Jorge Verástegui
Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en Derechos de las Personas Desaparecidas y sus Familiares por la Universidad Autónoma de Coahuila. Es hermano de Antonio Verástegui González y tío de Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, que fueron desaparecidos en Parras, Coahuila el 24 de enero de 2009.
