**Prosa aprisa
/ Arturo Reyes Isidoro /
En el gobierno que el pasado 2 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “ejemplar, sobre todo, lo subrayo, en lo que tiene que ver con la honestidad”, su gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó ayer que se han dado contratos por 100 millones de pesos a una prestanombre que trabaja en la Secretaría de Educación de Veracruz y que tiene un sueldo mensual de apenas 9,581.64 pesos, según la actualización de la nómina de la dependencia al 4 de septiembre de 2022, de la cual tiene una copia el columnista, en un claro acto de corrupción en el que necesariamente deben estar involucrados funcionarios de diversas secretarías. El pronunciamiento del presidente se dio el 2 de diciembre pasado durante su visita más reciente al puerto de Veracruz.
No obstante que existen copias de contratos entregados a Araly Rodríguez Vez (está registrada como maestra en una escuela de Cosoleacaque) desde el 13 de agosto de 2020, en forma sorprendente el gobernador Cuitláhuac García Jiménez confesó que gracias a los reporteros que cubren su fuente apenas se enteró de la entrega de los contratos (rebasan los 40), lo que resulta seriamente comprometedor tanto para él como para su gobierno, pues de entrada desvela que ignora lo que pasa en la administración a su cargo, que ninguno de sus colaboradores de las áreas encargadas de la fiscalización de recursos le informa, y que tiene que enterarse por los representantes de los medios.
Resulta sorprendente, además, porque desde noviembre-diciembre de 2021, en la comparecencia de los funcionarios del gobierno en el Congreso local, el diputado y dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, denunció el caso, aunque fue totalmente ignorado, y en la Cuenta Pública 2020 el Orfis observó los contratos porque su objeto social no correspondía a la prestación de servicios o entrega de productos registrados.
Ayer, luego de la declaración del gobernador confirmando la veracidad de su denuncia e informando que se investiga a la mujer, Marlon demandó que se le obligue a que diga quién le presta el nombre y quién es el beneficiario final de esa entrega de contratos. Recordó que es la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, la responsable de mantener una supervisión ordenada sobre los organismos (contralorías) de control interno en las dependencias y quien debe salir ahora a informar lo que está sucediendo, con documentos en mano.
