*Paralaje.
/Liébano Sáenz/
La elección intermedia de 2027 será singular por razones que trascienden su magnitud. Se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales. Lo excepcional, sin embargo, no será la concurrencia electoral, sino el estado de las instituciones llamadas a garantizar la certeza del sufragio.
En 2021, pese a graves irregularidades registradas en distintas entidades y a la intervención de grupos criminales, el país contaba con autoridades electorales creíbles y un Poder Judicial autónomo. Hoy el entorno es distinto. La violencia y el dinero ilícito siguen amenazando las urnas, mientras se deteriora la credibilidad del árbitro electoral.
El INE no debe confundirse con su presidencia. En el Consejo General subsisten voces independientes y buena parte de su estructura profesional honra la tradición de una institución decisiva para la democratización del país. Precisamente por ello, resultan más graves los cuestionamientos a su conducción.
Desde que asumió la presidencia en 2023, Guadalupe Taddei ha acumulado decisiones controvertidas, incluida la permisividad frente a campañas anticipadas. A los cuestionamientos por parcialidad se suman ahora denuncias sobre posibles actos de corrupción que la involucran.
Según investigaciones periodísticas, la Unidad de Inteligencia Financiera indaga a siete empresas proveedoras de materiales electorales. También se han revelado encuentros sociales de Taddei con un empresario contratista y vínculos laborales entre proveedores y funcionarios del INE. La consejera presidenta niega favoritismo y sostiene que las contrataciones se realizaron conforme a la ley.
Las denuncias no equivalen a culpabilidad, pero la autonomía tampoco es licencia para eludir responsabilidades. Confundir los cuestionamientos a la presidenta con ataques al INE supone utilizar a la institución como escudo personal.
Investigar las presuntas irregularidades es indispensable para recuperar su autoridad.
Urgen auditorías independientes, transparencia sobre los contratos y deslinde de responsabilidades. La presunción de inocencia debe respetarse, al igual que la obligación de rendir cuentas. Una autoridad electoral no sólo debe organizar elecciones limpias, también debe acreditar pulcritud en su propia casa.