*Paralaje .
/ Liébano Sáenz/
El problema de la sobrerrepresentación es doble, por una parte, hoy es un asunto de inequidad o proporcionalidad entre los votos obtenidos y las curules alcanzadas, y por el otro, es la senda por la que se pretende transitar a un cambio de régimen que el electorado nunca supo que estaba en juego. Es de justicia que los votos se correspondan a los asientos legislativos. La Cámara de Diputados se integra con 300 diputados electos por mayoría simple y 200 electos por representación proporcional. Hay dos acotaciones: primero, una fuerza política por disposición constitucional no puede tener más de 300 diputados y, segundo, no puede haber sobrerrepresentación mayor a 8 puntos.
Un elemento clave en la reforma política fue el principio de estabilidad constitucional en el sentido de que una fuerza política por sí sola no pudiera cambiar unilateralmente la carta magna. Por ello se definió el límite máximo de 300 diputados. El límite a la sobrerrepresentación se estableció antes del sistema actual de coaliciones, por lo que la sobrerrepresentación debe aplicarse a la coalición y no a los partidos. El PT y el Verde, subordinados a Morena, forman parte de la coalición, es decir forman parte de la misma fuerza que por sí sola no puede modificar la Constitución. Lo que el constituyente estableció fue que los cambios constitucionales se construyeran por consenso de las diferentes fuerzas políticas.
El problema es que la sobrerrepresentación que pretende el gobierno se erige en una fórmula fabricada a modo para que les permita un cambio de régimen. Para efectos prácticos Morena obtuvo 40.8% de los votos y ha planteado una reforma constitucional que modifica los pilares fundamentales del edificio democrático como es la división de poderes, la exclusión de la pluralidad en la integración de Cámaras, la politización del INE con lo que perdería la independencia y autonomía del Consejo General y del Tribunal Electoral, además de la desaparición de los órganos autónomos y la militarización plena de la seguridad pública. De ahí la trampa de la interpretación literal desatendiendo el espíritu que animó al constituyente.
En otras palabras, la sobrerrepresentación que se pretende no sólo plantea un tema de inequidad, también el fin del régimen democrático.
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