*Zona de Reflexión.
/ Escrito por Lucía Lagunes Huerta */
Pues la agenda de peticiones de audiencia a la presidenta, Claudia Sheimbaum Pardo se van acumulando, en esta ocasión tiene que ver con las trabajadoras del hogar, quienes han solicitado una audiencia con la presidenta para exponer la discriminación que están viviendo a partir de las modificaciones que ocurrieron en la ley de Seguro Social en 2022.
Y es que contrario a lo que se venía impulsado que era la incorporación de las trabajadoras del hogar a la seguridad social y su reconocimiento como tal, la modificación de hace tres años a la Ley del IMSS alejó a las trabajadoras del hogar de poder contar con seguridad social y generó una trampa para ellas.
Resulta que, con la Reforma a la Ley del Seguro Social, para que puedan acceder a seguridad social, de manera completa y cotidiana las trabajadoras del hogar deben tener un salario mínimo mensual de 8 mil pesos y ser trabajadoras fijas en una casa.
La pregunta que se hacen ellas, es porque se le condiciona el derecho a la seguridad social, cuando a ningún otro ramo laboral se les limita su ingreso al IMSS a partir de una percepción mensual, este es uno de los temas que le quieren plantear a la presidenta.
Además, la reforma del IMSS dejó fuera del reconocimiento como trabajadoras del hogar a todas aquellas que trabajan en más de una casa, de entrada, por salida, pues son catalogadas como esporádicas y ocasionales, sin reconocer la naturaleza misma del trabajo, clasificación que deja fuera al 85% de las trabajadoras del hogar.
Cuando el slogan gubernamental que se mantiene es que primero los pobres y que las pobres son prioridad y que es tiempo de Mujeres, la petición de audiencia que hace el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar a la presidenta Sheinbaum, no sólo es congruente, sino urgente de atender.
Porque además el Sindicato lleva en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un proceso contra el Estado mexicano por la discriminación estructural que viven, la cual se legaliza a través de la reforma a la Ley del Seguro Social, y se amplia el desamparo en el que queda la gran mayoría de los dos millones de trabajadoras del hogar que existen en México, al no ser reconocidas como trabajadoras y por el condicionamiento a la seguridad social por medio de fijar un ingreso mínimo, que está lejos de su alcance.
Pues de acuerdo con María de la Luz Padua Orihuela, una de las dirigentas del sindicato que entrevisté el miércoles, el salario mínimo de las trabajadoras del hogar que definió la Comisión Nacional de Salarios mínimos es de 310 pesos diarios, ingreso que no recibe la mayoría de ellas, pues están por debajo de este ingreso.
A esto se suma que 97 por ciento de ellas no cuentan con un contrato de trabajo firmado, que 3 de cada 4 trabajadoras no tiene ninguna prestación, ni vacaciones pagadas, ni aguinaldo, ni seguridad social.
Mujeres que han dedicado más de 20 años al trabajo doméstico para mantener a sus familias, por ser la cabeza de sus hogares y que hoy tienen entre 40 y 50 años de edad, sin garantías de una pensión digna y que tienen que sacar de sus bolsillos mermados los gastos médicos que requieran ellas y sus familias.
Porque la precariedad laboral en la que viven tiene un efecto expansivo hacia sus familias, pues son ellas el principal sustento en sus hogares.
Pese a que dentro del país intentaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtiera la violación de derechos que se concretaban con las reformas a la Ley del IMSS, la corte negó el amparo que presento el Sindicato razón por la cual ahora están ante la Comisión Interamericana litigando las discriminaciones que están viviendo desde el gobierno de Andrés Manuel, que es cuando se hacen las reformas.
La petición de audiencia con la presidenta de la República ya tuvo una respuesta, el martes 1 de julio el Sindicato recibió la comunicación de la directora general de Atención Ciudadana, confirmando la recepción de la solicitud de audiencia a la cual se le dio el folio 20250701PATNCW, asegurando que la Presidenta Sheinbaum tiene conocimiento de la solicitud y que hay un compromiso de su parte por atender todas las peticiones, propuestas o denuncias de la ciudadanía, veamos si esto se logra concretar en la audiencia para revertir esta vulneración a los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, que en muchos de los casos son originarias de los pueblos indígenas, que hay que decirlo a propósito del año de la mujer indígena.
Esperemos que ellas tengan más suerte que las defensoras y periodistas beneficiarias del Mecanismo de Protección Federal, que el 10 de diciembre solicitaron una audiencia con la presidenta y hasta hoy ni respuesta de la recepción de la solicitud tienen.
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
