*Astrolabio Político
/Por: Luis Ramírez Baqueiro/
“La pobreza no la crea la gente pobre. Es producto del sistema que hemos construido”. — Muhammad Yunus.
Hay transformaciones que no necesitan grandes discursos, espectaculares publicitarios ni ceremonias multitudinarias para demostrar su trascendencia. Basta recorrer las comunidades indígenas de Veracruz, observar sus caminos, escuchar a sus habitantes y comprobar cómo pueblos históricamente marginados comienzan a decidir sobre su propio desarrollo.
Esa es una de las realidades que los partidos de oposición, particularmente el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, parecen poco dispuestos a reconocer cuando cuestionan sistemáticamente los resultados de la Cuarta Transformación.
Durante décadas, miles de comunidades indígenas y afromexicanas permanecieron prácticamente invisibles para las administraciones públicas. Sus caminos eran veredas intransitables, sus servicios básicos insuficientes y sus habitantes simples espectadores de decisiones tomadas desde escritorios gubernamentales.
Hoy comienza a modificarse esa relación.
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) representa uno de los cambios más significativos en la distribución del presupuesto público.
No solamente porque lleva recursos a poblaciones históricamente excluidas, sino porque reconoce su capacidad para decidir, administrar y vigilar las inversiones destinadas a mejorar sus condiciones de vida.
La reforma al artículo segundo constitucional reconoce a estas comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La Ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos y los lineamientos de la Secretaría de Bienestar regulan la aplicación de los recursos.
Y aquí aparece un dato que merece especial atención.
Durante 2025, Veracruz recibió una asignación anunciada de mil 418 millones de pesos, destinados a 2 mil 579 comunidades indígenas. Para 2026, el componente nacional FAISPIAM dispone de 13 mil 506 millones de pesos, equivalentes al diez por ciento del FAIS nacional.
La diferencia con los antiguos esquemas asistencialistas resulta fundamental: ahora las asambleas comunitarias determinan las obras prioritarias y eligen comités responsables de administrar y vigilar los recursos.
No se trata de entregar dinero indiscriminadamente. Se trata de construir infraestructura y fortalecer la organización social.
En Veracruz, el delegado federal de Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, ha sido uno de los principales promotores de esta nueva dinámica comunitaria.
Su presencia en distintas regiones indígenas ha permitido visibilizar una práctica ancestral que adquiere renovada importancia: el tequio, esa tradición de trabajo colectivo donde los habitantes aportan esfuerzo, tiempo y organización para resolver necesidades comunes.
Un ejemplo ocurrió en El Panorama, comunidad del municipio de Coyutla, en pleno Totonacapan.
Allí, habitantes organizados emprendieron trabajos de pavimentación en la calle Sor Juana Inés de la Cruz. La obra contempla aproximadamente 250 metros de longitud, seis metros de ancho y una carpeta de concreto de 18 centímetros de espesor.
Durante una jornada documentada y difundida por Gómez Cazarín, los pobladores avanzaron alrededor de cien metros, trabajando incluso bajo la lluvia.
Lo verdaderamente relevante no son únicamente los metros de pavimento, sino la recuperación del sentido comunitario: vecinos convertidos en participantes directos de su desarrollo, capaces de supervisar el destino de sus recursos.
Y El Panorama no constituye un caso aislado.
En julio de 2026 se reportó la entrega de recursos a 700 comités comunitarios de Coyutla, Papantla, Zongolica, Tequila, Playa Vicente, San Andrés Tuxtla y Uxpanapa, por más de 437 millones de pesos.
En Papantla se documentó la entrega de medios de pago a 137 comités, mientras que en Chicontepec, durante 2025, fueron asignados 59.7 millones de pesos a 183 comunidades.
Estas cifras representan comunidades organizadas, proyectos que pueden transformar su entorno y una oportunidad histórica para superar rezagos acumulados durante generaciones.
Naturalmente, ningún programa público está exento de dificultades. La transparencia, la comprobación de gastos y la vigilancia comunitaria deben acompañar cada peso ejercido. La participación social tampoco sustituye las obligaciones legales de fiscalización.
Pero desconocer estos avances por conveniencia electoral constituye una forma de mezquindad política.
La gobernadora Rocío Nahle García, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el propio delegado federal de Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, han sido blanco constante de campañas de descrédito, descalificaciones y acusaciones de corrupción que, ante la menor declaración o expresión pública, encuentran eco entre sus adversarios políticos.
Sin embargo, frente a esa narrativa de confrontación, están las obras, los programas sociales y las acciones de gobierno que pueden constatarse en las comunidades. Son resultados que obligan a cuestionar la legitimidad de ciertos ataques que, más que responder a una auténtica preocupación por el bienestar colectivo, parecen esconder intereses políticos y económicos afectados.
Porque detrás de algunas voces que hoy se presentan como defensoras de la transparencia y la honestidad, bien podría encontrarse la nostalgia por aquellas canonjías, privilegios y jugosos negocios que durante años florecieron al amparo del poder público. La crítica sustentada es indispensable en cualquier democracia; la calumnia y la descalificación sin pruebas, en cambio, constituyen actos de bajeza política y desvergüenza.
Y no parece casualidad que, conforme se aproximan las fechas decisivas del proceso electoral de 2027, aumente la intensidad de los cuestionamientos contra los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación.
La estrategia de determinados sectores opositores parece orientada a construir una realidad paralela, alimentada por publicaciones tendenciosas en redes sociales y amplificada por espacios informativos que, en lugar de contrastar los hechos, terminan reproduciendo versiones interesadas.
Se busca sembrar confusión entre ciudadanos que no siempre cuentan con los elementos necesarios para distinguir entre información verificada y propaganda política. Así reaparece el discurso de que antes todo funcionaba mejor, aunque quienes lo promueven pocas veces explican para quiénes eran realmente mejores aquellos tiempos. Porque quizá la añoranza no sea por un Veracruz más próspero o más justo, sino por aquel pasado en el que determinados grupos disfrutaban de recursos públicos, privilegios y canonjías que hoy ya no tienen garantizados.
El verdadero temor de algunos no sería entonces que la transformación fracase, sino que sus resultados terminen por demostrar que aquellos privilegios nunca fueron indispensables para gobernar.
Porque mientras algunos dirigentes partidistas continúan enfrascados en descalificaciones, en las comunidades indígenas de Veracruz hay ciudadanos organizándose para construir caminos, mejorar servicios y recuperar su dignidad.
La verdadera transformación no se mide únicamente en discursos pronunciados desde Palacio Nacional o desde el Gobierno estatal.
También se mide en cada metro de concreto que sustituye al lodo, en cada comunidad que decide su futuro y en cada pueblo que deja de esperar que otros resuelvan sus necesidades.
Y esa realidad, por mucho que algunos pretendan ignorarla, también forma parte del nuevo rostro de Veracruz.
Al tiempo.
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx