*Zona de Reflexión .
/ Escrito por Lucía Lagunes Huerta /
Este lunes, México volverá a ser observado desde el ámbito internacional por una razón que no admite matices: la persistencia de la violencia contra mujeres y niñas.
La presencia de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, Reem Alsalem, en el Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas no es un gesto protocolario. Aunque no se trata de una visita oficial, su participación expresa el interés de los mecanismos internacionales por lo que ocurre en el país. Y ese interés no surge en el vacío: responde a información documentada, a patrones reiterados y a una crisis que no ha sido resuelta.
Tras su ponencia, la Relatora sostendrá diálogos con organizaciones de la sociedad civil que han preparado informes sobre distintas expresiones de violencia. Entre ellas, la que enfrentan mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, sectores que evidencian la tensión entre discurso democrático y realidad estructural.
La Red Nacional de Periodistas, que recientemente conmemoró tres décadas de articulación, emitió una declaratoria que marca un momento significativo: por primera vez, la mayoría de sus integrantes que acudieron al noveno encuentro —80 periodistas de 26 entidades federativas— señalaron vivir violencia por ejercer el periodismo y la libertad de expresión. Este dato no solo revela un entorno adverso; también obliga a revisar las condiciones en las que se ejerce un derecho fundamental.
Desde el gobierno federal se ha insistido en que en México no existe censura. Sin embargo, la discusión no puede limitarse a la ausencia de prohibiciones formales. La libertad de expresión requiere condiciones materiales de seguridad. Cuando el ejercicio periodístico implica amenazas, campañas de estigmatización, violencia digital, agresiones físicas o judicialización indebida y estas no encuentran una respuesta eficaz del Estado, la omisión adquiere un peso político.
Particularmente preocupante es que alrededor del 60 por ciento de las agresiones contra periodistas provengan de funcionarios públicos. Esta cifra no solo cuestiona la eficacia de los mecanismos de protección; interpela directamente al Estado en su doble dimensión: como garante de derechos y al mismo tiempo como actor señalado en las agresiones.
Para las mujeres periodistas, la violencia incorpora además componentes de género que buscan desacreditarlas, sexualizarlas o expulsarlas del espacio público. La presencia de la primera mujer en la Presidencia de la República no ha significado, hasta ahora, una transformación estructural en la disminución de estas violencias.
La situación de las defensoras de derechos humanos confirma la persistencia del riesgo. Esta semana, la Relatora de la ONU sobre personas defensoras, Mary Lawlor, manifestó su preocupación por amenazas contra la vida de la abogada Poulette Celene Hernández, integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, en Tonalá, Chiapas. El señalamiento internacional subraya un patrón: quienes acompañan a víctimas y exigen justicia continúan enfrentando ataques sistemáticos.
A ello se suma la violencia feminicida que permanece en todos sus tipos y modalidades. México mantiene niveles alarmantes de asesinatos de mujeres, desapariciones y violencia sexual, sin que se haya consolidado una política integral claramente articulada que permita evaluar avances sustantivos en prevención, investigación, sanción y reparación.
En pronunciamientos previos, Reem Alsalem ha recordado que el Estado mexicano tiene la obligación de atender la violencia feminicida y ha advertido sobre la gravedad del contexto nacional. Estas observaciones no constituyen una intromisión, sino el recordatorio de compromisos internacionales asumidos.
La mirada internacional puede resultar incómoda, pero también es una oportunidad. No para defender narrativas, sino para asumir responsabilidades. La erradicación de la violencia contra mujeres y niñas no depende únicamente de reformas normativas; exige voluntad política sostenida, presupuestos suficientes, coordinación interinstitucional y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Más allá de coyunturas, lo que está en juego es la consistencia democrática. Una democracia no se mide solo por procesos electorales, sino por la capacidad de garantizar la vida, la integridad y la libertad de quienes ejercen derechos y defienden a otras personas.
México no carece de diagnósticos. Carece de resultados estructurales.
La presencia de la Relatora este lunes nos recuerda que la violencia contra mujeres y niñas no es un asunto sectorial ni retórico: es un indicador central de la salud democrática del país.
Mientras esa violencia persista con los niveles actuales de impunidad, cualquier narrativa de transformación quedará inevitablemente en entredicho
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
