*Palabra de Malinche
/ Escrito por Cirenia Celestino Ortega /
En diciembre de 2024 denuncié a un agresor sexual. La agresión no fue contra mí, sino contra otras compañeras quienes me pidieron utilizar mi página de Facebook como espacio para hacer pública su denuncia. Publicamos una fotografía con una breve descripción del hecho. Bastó una sola publicación para que el caso se difundiera rápidamente. Una vez publicado el rostro del agresor sucedieron dos cosas.
La primera fue esperanzadora: otras víctimas encontraron el valor para denunciar. Comprendimos que no se trataba de un hecho aislado, sino que era una forma de operar de este hombre que lo había repetido, muy probablemente, con la complicidad y el silencio de otros hombres.
La dimensión estructural de la violencia quedó al descubierto. Las agresiones sexuales no ocurren únicamente «en lo oscurito» ni son casos excepcionales. Se repiten porque la impunidad y la permisividad social crean las condiciones para que los agresores actúen una y otra vez sin enfrentar consecuencias.
Como era de esperarse, también hubo un efecto negativo que revela el costo de denunciar para las víctimas y las acompañantes. Los reclamos se hicieron presentes a través de llamadas y mensajes de mujeres y hombres quienes exigían pruebas de lo que calificaron como una difamación. El agresor nunca lo desmintió.
Poco tiempo después de la denuncia, alguien escribió la palabra “feminazi” sobre mi automóvil. Tanto las víctimas como yo, en mi papel de acompañante, fuimos señaladas y estigmatizadas.
La violencia, como suele ocurrir, escaló, así que lo siguiente fue de manera directa, los amigos del agresor me bloquearon en un evento público donde se negaron deliberadamente a cualquier interacción conmigo.
Otro agresor, no denunciado públicamente, solo para proteger el nombre de su esposa, fue supuestamente sancionado pero solo por un tiempo. No obstante, muy pronto se le olvidó a su grupo que las agresiones no desaparecen porque la memoria colectiva decida olvidarlas.
Alzar la voz requiere valentía, especialmente en una sociedad que cuestiona a las mujeres «por provocar a los hombres,» que nos responsabiliza por esa violencia que ellos ejercen, donde siempre somos consideradas las culpables y no ellos.
La pregunta siempre recae sobre nosotras: qué hicimos, qué no hicimos, por qué estábamos ahí, por qué hablamos, por qué callamos… Nosotras somos tomadas por conflictivas y exageradas.
Es que denunciar implica perder espacios, relaciones y oportunidades. nos cierra las puertas. Si fuera posible volver a esos lugares ¿Qué sentido tendría permanecer donde los agresores son respetados y las víctimas son cuestionadas?
Los agresores, por el contrario, suelen ser recibidos con los brazos abiertos. El hombre que denunciamos incluso ha ocupado posiciones de liderazgo. Resulta indignante comprobar cómo cuentan con redes de protección que les permiten reincorporarse rápidamente a sus espacios, respaldados por amigos que prefieren guardar silencio antes que reconocer su complicidad, y por personas que minimizan los hechos sin advertir que la violencia que hoy justifican mañana puede dirigirse contra ellas mismas. Cuando finalmente parece haber consecuencias, el tiempo pasa, la indignación disminuye y los agresores vuelven a ser aceptados.
Ese mismo pacto de silencio puede observarse en el deporte internacional. El marroquí Achraf Hakimi continúa representando a su selección mientras enfrenta un proceso judicial por una acusación de violación en Francia. El japonés Kaishu Sano volvió a competir tras haber sido arrestado en una investigación por una presunta violación grupal. Cristiano Ronaldo enfrentó una acusación de violación relacionada con hechos ocurridos en Las Vegas. Neymar también ha enfrentado acusaciones de violencia sexual en distintos momentos de su carrera.
En todos estos casos, independientemente de las diferencias jurídicas de cada expediente, resulta evidente que la relevancia deportiva suele pesar más que la discusión pública sobre la violencia contra las mujeres.
Lo mismo ocurrió con el luchador irlandés Conor McGregor, quien, pese a las denuncias por violencia sexual, fue invitado a uno de los programas de mayor audiencia en Estados Unidos. El mensaje es claro: el prestigio y el éxito deportivo con frecuencia pesan más que la exigencia de responsabilidad.
Sin embargo, también existen ejemplos de que otro camino es posible. Argentina decidió impedir el acceso a los estadios donde juega su selección a personas inscritas en el Registro Público de Alimentantes Morosos mediante el Programa Tribuna Segura, resultado de la coordinación entre el Ministerio de Seguridad argentino y las autoridades estadounidenses. La medida demuestra que el deporte también puede ser un espacio para hacer cumplir obligaciones y enviar un mensaje de responsabilidad social.
Canadá, por su parte, negó el ingreso al futbolista ghanés Thomas Partey mientras enfrenta cargos por presuntos delitos sexuales en el Reino Unido. Romper el pacto patriarcal implica precisamente eso: dejar de proteger a los agresores y comenzar a establecer límites claros.
En México dimos un paso importante con la Ley 3 de 3 contra la violencia, que impide acceder a cargos públicos a quienes tengan sentencias o resoluciones relacionadas con violencia familiar, violencia sexual, violencia política contra las mujeres o sean deudores alimentarios morosos. Es momento de preguntarnos si esa lógica también debería extenderse al ámbito deportivo.
Porque el costo de denunciar nunca debería recaer sobre quienes alzamos la voz. Las consecuencias deben recaer, siempre, sobre quienes ejercen la violencia.
*Periodista feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres.
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