Gretchen Kuhner*
Hace unas semanas el gobierno mexicano pidió a las empresas de autobuses colaborar en medidas de control migratorio que violan tu derecho constitucional al libre tránsito. A finales de septiembre, varias instancias gubernamentales como la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la Fiscalía General de la Republica, la Guardia Nacional y la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo sacaron un aviso, que se puede leer en las centrales de autobuses del país, en el que anuncian se requieren documentos de identidad y migratorios para quienes quieran comprar un boleto de autobús o subirse al mismo en México.
Atento Aviso: Por instrucción oficial, toda persona deberá presentar una identificación válida. En el caso de extranjeros, se les solicitará su permiso migratorio e identificación con el mismo nombre, para poder comprar un boleto y al abordar el autobús.
El pasado 16 de octubre, un usuario de twitter denunció que en la Central de Autobuses del Norte en la Ciudad de México, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) le querían impedir abordar su autobús porque se negó a comprobarles que es mexicano, invocando su derecho de libre tránsito establecido en el artículo 11 constitucional. “Su revisión ‘aleatoria’ se concentró en otros tres chicos morenos y yo”, se puede leer en su post.
Esta práctica no es nueva, las revisiones por perfilamiento racial son constantes desde hace años. Muchas personas son bajadas de coches o autobuses por autoridades que usan criterios racistas para determinar quién puede viajar en las carreteras de México y quien no, a pesar de que las revisiones migratorias dentro de México violan nuestra Constitución. El INM lo reconoció en una carta de disculpa pública, en noviembre 2019, a un grupo de indígenas mexicanas quienes fueron detenidas por agentes del INM en una estación migratoria en Querétaro. En ese acto, llevado a cabo para comprometerse a la no repetición, el comisionado del INM, Francisco Garduño, señaló:
El motivo de su detención fue su fenotipo, el poco entendimiento del español y analfabetismo y (sic) según los agentes migratorios, eran personas con aspecto de migrantes. Este procedimiento evidenció la falta de diligencia por parte de los agentes de migración, al violar sus derechos humanos a la seguridad jurídica, libertad de tránsito, libertad personal, seguridad e integridad personal, no discriminación y acceso a la justicia.
Considerando que la violación de la Constitución en el tema del libre tránsito en México es una práctica reconocida por el gobierno, no es sorprendente que 5 instancias de gobierno pidan a las líneas de autobuses en conjunto a que ellas también se conviertan en agentes migratorios y apliquen los criterios racistas, discriminatorios e inconstitucionales para determinar quien puede viajar, ¿o qué criterios utilizan para saber a quién pedir un documento migratorio y a quien no?
Según las líneas de autobuses, que empezaron a implementar la medida desde el pasado 30 de septiembre, se debe a “la situación extraordinaria de flujo migratorio por la que atraviesa actualmente el país”. Sin decirlo, las autoridades se refieren principalmente a las personas haitianas que han logrado salir de Tapachula, Chiapas donde habían estado esperando durante meses, o hasta años, para recibir algún tipo de documentación migratoria –una constancia de la Comisión Mexicano de Ayuda a Refugiados (COMAR), un oficio de salida o salvo conducto, una estancia por razones humanitarias, una notificación de reconocimiento de la condición de refugiado, un documento migratorio de residente temporal o permanente– algo que les dejara moverse a buscar trabajo y una mejor situación para sus familias.
Desde finales de agosto, miles de personas han salido de Tapachula hacia la Ciudad de México ante la falta de condiciones para una vida digna, ya sea a pie o en autobús para llegar con familiares, amigos o conocidos en Saltillo, Monterrey, Tijuana o donde consideran que tienen alguna oportunidad. Otras más buscaron llegar a Estados Unidos o Canadá con familiares, amistades o comunidades de población haitiana. Una vez adentro de México, las personas tienen el derecho de viajar. Las únicas autoridades facultadas para revisar su situación migratoria son los agentes migratorios (y en algunas circunstancias la Guardia Nacional), y no lo pueden hacer utilizando criterios discriminatorios.
Lo anterior nos lleva a preguntar ¿por qué las autoridades pueden violar la Constitución de forma tan descarada y no pasa nada -no hay consecuencias o sanciones?, ¿por qué los trabajadores de las líneas de autobuses están de acuerdo en implementar criterios racistas para pedir documentación migratoria cuando no tienen ninguna facultad para hacerlo?, ¿hasta cuándo entenderemos que la nacionalidad no se ve? Las respuestas están en las manos de todas y todos. No podemos seguir permitiendo que se violen nuestros derechos y los de las personas migrantes y con necesidades de protección. Alzar la voz será la diferencia.
*Directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC
El Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) es una organización de la sociedad civil que promueve los derechos de las mujeres en la migración dentro del contexto mexicano, ya sea que vivan en comunidades de origen, estén en tránsito o residan en México o Estados Unidos.
