**LINOTIPIA
/ Peniley Ramírez /
Este miércoles el director general de Pemex, Octavio Romero, fue a la conferencia matutina en Palacio Nacional. Allí habló sobre la columna que publiqué en este espacio la semana pasada. En la columna, revelé que en 2019, cuando el hijo y la nuera del Presidente vivieron en la residencia de un ejecutivo de Baker Hughes en Texas, Pemex firmó con esa empresa dos ampliaciones de un contrato por 109 millones de dólares. No quedaba claro cuáles servicios amparaban esas ampliaciones ni cómo se habían decidido. La Auditoría Superior de la Federación tampoco indagó más detalles.
Romero dijo que Pemex no le dio a Baker “ampliaciones” sino “adiciones”, aunque fueran adiciones que ampliaban tiempos y costos. Añadió que los convenios de Baker con Pemex “no corresponden a una ampliación, sino a órdenes de servicio”, que se usaban para “restar” los servicios “al monto original del contrato”.
Lo que dijo Romero no fue lo que ocurrió en Pemex.
El contrato firmado en 2018 tenía un monto original de 66 millones de dólares y debía concluir en 2019. En agosto de ese año, Pemex firmó un primer “incremento del monto” por 49.5 millones. En diciembre, firmó otro “incremento de monto y plazo” por 60 millones, como consta en documentos públicos. Parece insólito que el director general de una de las petroleras más grandes del mundo no sepa diferenciar entre el incremento de monto y plazo de un contrato y las órdenes con las que se operan los servicios de ese contrato.
Los servicios de Baker a Pemex debían concluir en junio de 2020. No fue así, como muestran otros registros públicos. Ese año, Pemex otorgó una tercera ampliación, por 99 millones más. En noviembre de 2021, firmó una cuarta, por otros 68 millones. Con esto, la petrolera no ha estado “restando servicios al monto original del contrato”, sino ampliándolo cinco veces. El contrato pasó de un máximo de 66 millones de dólares, como se firmó en el sexenio anterior, hasta 343 millones, en noviembre pasado.
Aunque para Romero estas ampliaciones no signifiquen una alerta, sí lo han sido para su propia área jurídica, la encargada de hacer cumplir las reglas contra la corrupción y el lavado de dinero en Pemex. En el otoño de 2021, el área que contrató a Baker para explorar y perforar pozos inició los trámites para otra ampliación. Declaró que no había ningún riesgo legal para Pemex. Pero el departamento jurídico decidió hacer una segunda indagatoria. El resultado fue un documento en el que se señaló que Baker Hughes ha pagado multas en Estados Unidos por obtener contratos tras sobornar a funcionarios de Brasil, India, Indonesia, Rusia y Nigeria, entre otros países. La investigación más reciente es de febrero de 2021, y está en curso, según el mismo documento del departamento jurídico. Además, asentó que existe otra indagatoria oficial sobre Baker Hughes, por haber hecho negocios con países sancionados por Estados Unidos. La compañía anunció que estaba colaborando con las autoridades de aquel país en la investigación.
El departamento jurídico de Pemex halló también varias notas de prensa que se referían a los vacíos de las auditorías a los contratos de Baker, entre ellas, a la que me referí en mi columna anterior. Con esto, el departamento jurídico de Pemex otorgó a la petrolera un permiso “condicionado” para ampliar por cuarta vez el contrato.
El condicionamiento aún está vigente. Obliga a Baker a informar si ha incurrido en algún acto de corrupción, a entregar un listado de todos los exfuncionarios de Pemex que ahora trabajan para ellos y a notificar de cualquier noticia que involucre a su personal o a la empresa y que se pueda considerar como una infracción ética.
Todo esto ocurrió antes de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus publicaran que el hijo del presidente mexicano vivió en la casa de un ejecutivo de la empresa. Si Pemex atiende a las condiciones interpuestas por su departamento jurídico, la petrolera mexicana debería estar investigando ahora mismo los contratos con Baker. No queda claro si lo hará, después de que su director general exoneró a la compañía en Palacio Nacional.
