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/ Yamiri Rodríguez Madrid /
¿Por qué 41 municipios veracruzanos no incurrieron en daño patrimonial y 171 están metidos en camisa de 11 varas? Año con año es la misma historia. En el Informe General de Entes Municipales 2024, el ORFIS solo detectó observaciones administrativas en Boca del Río, Coatzacoalcos, Fortín, Martínez de la Torre, Minatitlán, Misantla, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Río Blanco, Tuxpan, Veracruz, Xalapa, entre otro puñado más.
Pero en 171 municipios sí se determinó presunto daño por cuentas bancarias no registradas, diferencias entre saldos y balanza, pasivos sin evidencia, adquisiciones fraccionadas o sin licitación, contratos sin firmas, ingresos no registrados (p.ej., espectáculos), errores contables (obra no reclasificada), incumplimiento del principio de anualidad, impuestos retenidos no enterados, erogaciones sin comprobación o con comprobantes inválidos, anticipo a proveedores no amortizado, bienes no localizados, por mencionar algunas.
A otro enorme bloque le falló el reporte de la obra pública: falta de expediente técnico/validaciones/impacto ambiental, pagos en exceso, anticipos no aplicados, obras sin operar o inconclusas, ejecución fuera de la región/límites autorizados, deficiencias constructivas. Todos esos errores, omisiones o dolos, son $1,476,063,654.00.
Cada año el ORFIS les da capacitaciones a los 212 municipios por lo que, o no tienen a las personas adecuadas en estos espacios para rendir las cuentas, no hay seguimiento o, bien, hay dolo. Cabe recordar que concluida la solventación, el ORFIS integrará Informes Individuales y el Informe General y, en su caso, entonces sí habrá denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Estos números deben ser una valiosa lección para las autoridades municipales que están próximas a entrar el próximo 1 de enero, no solo para irle ya midiendo el agua a los camotes de cómo van a recibir las arcas municipales, sino también para elegir bien a quienes les llevarán las cuentas; para priorizar el control interno, es decir, revisar cuentas bancarias, conciliaciones y registro de ingresos (predial, espectáculos, alcoholes) y enteros de impuestos.
En la contratación pública, deberán blindar procesos y documentar licitaciones y contratos, asegurar expedientes técnicos unitarios completos, validaciones ambientales y sectoriales, control de volúmenes ejecutados vs. pagados y aplicación de anticipos, así como reintegrar saldos no devengados y reclasificar obras concluidas.
Parece sencillo, pero es la diferencia entre llevar las cosas en orden y vivir el quinto año tranquilos o poner pies en polvorosa el 1 de enero, cuando les toque terminar sus mandatos.
@YamiriRodríguez
