/ Liébano Sáenz /
Los tiempos que corren se acompañan cada vez más del desdén a las formas propias de la civilidad política. Es cierto que la sustancia es lo que importa, pero no por ello debe perder valor el cuidado de la debida manera de hacer las cosas. La realidad es que los eventos se precipitan con tal rapidez, que en muy poco tiempo se vuelven pasado. Ciclos que llevaban meses, ahora son asunto de días. Entrar en esa vorágine hace que nos desentendamos del método y del procedimiento establecido en las instituciones para edificar un mejor país.
El fin del periodo de sesiones ordinarias del Congreso ha estado dominado por la premura para dar curso a las iniciativas que vienen del Ejecutivo. Sin embargo, lo que sucede hoy no tiene precedente; la reforma electoral después de que fue rechazado el cambio constitucional dio lugar a una iniciativa sumamente compleja, que demandaba un estudio detenido y sin embargo, fue aprobada en la Cámara de Diputados fast track. Ahora vemos como se repite aquél precedente en detrimento del proceso legislativo.
Perder las formas afecta la calidad de los cambios legales, pero no sólo eso, también pueden ser impugnables por no cumplir lo que la Constitución determina. De hecho, uno de los argumentos que el INE ha presentado a la Corte para invalidar el llamado Plan B, se remite a que la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa sin atender las formas que la ley prevé.
En el Senado, hasta ahora, se había actuado con la liturgia de un órgano moderador del quehacer parlamentario, se cuidaban las formas con apego al reglamento y a la práctica parlamentaria. La pluralidad había tenido espacio para participar en las deliberaciones y dictámenes y, se escuchaba a expertos, autoridades o a representantes de sectores interesados en los cambios propuestos.
Hoy, en la Cámara alta el trabajo y los tiempos no alcanzan para desahogar las minutas. No está por demás admitir que las formas propias de un proceso legislativo no han prevalecido en estos días; por ello, se debe convocar de inmediato a un periodo de sesiones extraordinarias para tener cauce al análisis fundado de las iniciativas y evitar el vértigo propio de la prisa o el frenesí legislativo que al final sólo conduce a un mayor desencuentro y a la parálisis.
