* Colectivo Solecito ha solicitado a la Corte Penal Internacional se investigue.
08.02.2025. Veracruz.- El Estado de Veracruz sigue siendo la entidad federativa con la mayor cantidad y más grandes fosas clandestinas en México, de acuerdo con registros oficiales, que reportan que en México hay más fosas clandestinas que panteones, tan solo en VERACRUZ hay 85 panteones y 344 fosas.
En el marco de la inauguración del Programa Universitario para la Atención de la Problemática de la Desaparición de Personas y la Identificación Humana de la Universidad Veracruzana, el representante de la ONU ratificó que el estado continúa figurando entre las entidades con mayor cantidad de desapariciones y fosas clandestinas
“Veracruz es un caso complejo en el tema de desaparición de personas debido a que la criminalidad ha penetrado aparatos e instituciones, lo que generó una situación crítica y dolorosa”, y manifestó que a nivel nacional e internacional se tiene la referencia de que en Veracruz a operado la criminalidad en contubernio con algunas secciones de la infraestructura gubernamental.
Alan García Campos, coordinador de la Unidad Leal y de Análisis de la Oficina del Alto Comisionado en México de la Organización de las Naciones Unidas, enfatizó que la situación refleja “un entorno de perpetración de estas conductas particularmente atroz”.
Definió que mientras no se localice a las personas desaparecidas, la identificación de restos humanos y la restitución de derechos humanos se puede decir que el delito de desapariciones de personas “es un crimen que se comete permanente y cotidianamente”.
Destacó que la ONU no cuenta con elementos para señalar que las autoridades actuales de los gobiernos de Veracruz y México sostienen realizaciones y complicidad con los grupos criminales tal como ocurrió en el pasado.
“No podemos hacer una afirmación de ese tipo; confiamos en que las autoridades tomarán medidas efectivas para quienes cometieron esas conductas” sostuvo en entrevistas con medios locales.
Manifestó que en una visita previa, en diciembre del 2024, dialogó con la gobernadora Rocío Nahle García e integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, para apuntalar una agenda de trabajo, que incluyó la designación de la encargada de la Comisión Estatal de Búsqueda, además del fortalecimiento de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias de Personas Desaparecidas.
“Veracruz también es un estado donde se refleja una incipiente y promisoria voluntad política para renovar un esfuerzo al más alto nivel con la gobernadora y esperemos se consolide y vamos a seguir acompañando a autoridades, Derechos Humanos y sobretodo a las familias”, adelantó.
Alan García puntualizó que así como Veracruz es uno de los cinco estados con más fosas clandestinas, México es el país que ocupa el primer lugar a nivel internacional según registros oficiales de la ONU.
El Alto Comisionado explicó que el actuar de autoridades con bandas criminales propició las desapariciones de personas en Veracruz, y a su vez generó “una dimensión tan crítica, tan dolorosa de los últimos de los últimos años” en las familias veracruzanas.
Alan García indicó que la desaparición de personas es un delito que persiste y que existe gracias a la complicidad y protección hacia grupos criminales responsables de la crisis en la entidad. El activista refirió que los niveles de colusión y protección desde algunas estructuras gubernamentales han sido determinantes en el agravamiento del problema.
“Particularmente los niveles de complicidad, confabulación aquiescencia … (Consentimiento que se deduce del silencio o la abstención de un Estado ante un hecho o acto de otro Estado susceptible de modificar la situación jurídica existente) … y protección desde algunas estructuras gubernamentales” dijo.
El representante de la ONU informó que según las investigaciones realizadas por autoridades, familias y periodistas en el tema de las desapariciones se involucraron desde estructuras de policías municipales, de la secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), hasta los altos mandos.
“Desgraciadamente en el tema de la desaparición ha habido un involucramiento en esferas de los distintos niveles, incluso yo diría autoridades, no solamente municipales y estatales, también federales y eso está documentado, no solamente por las familias, por organismos públicos Derechos Humanos que han emitido recomendaciones en ese en ese sentido, yo creo que eso es particularmente” indicó.
Crímenes de Lesa Humanidad
En el mes de octubre de 2022 activistas llevaron el casi de Veracruz a la Haya a la Corte Penal Internacional
El estado de Veracruz, contiene las dos fosas clandestinas más grandes de América Latina, con más de 600 cadáveres. Las autoridades estatales llevaron a cabo sistemáticamente, entre 2012 y 2016, desapariciones forzadas, que pueden constituir crímenes de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional. Organizaciones de la sociedad civil de México y del extranjero pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue el caso.
En la ciudad de La Haya, Países Bajos, sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en 2022 la Sra. Lucy Díaz, coordinadora del Solecito, un colectivo integrado por familiares de personas desaparecidas en Veracruz, presentó una versión pública del informe “‘Hasta encontrarlos’: desapariciones forzadas cometidas por fuerza pública en Veracruz son crímenes de lesa humanidad”. Ya se ha presentado una versión confidencial del informe a la Fiscalía de la CPI.
Los niveles de impunidad siguen siendo muy altos en Veracruz, a pesar del descubrimiento de las dos fosas clandestinas más grandes de América Latina en ese estado, señalaron en 2022. “Hoy (2022) hacemos un llamado a las autoridades federales de México para que reconozcan la existencia de crímenes de lesa humanidad e investiguen estos crímenes, e instamos a la Corte Penal Internacional a que abra un examen preliminar.
El informe fue elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una de sus organizaciones miembros mexicanas, IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC (IDHEAS), y el colectivo Solecito. Da cuenta del contexto de violencia, criminalidad y corrupción que prevaleció en el Estado de Veracruz durante el mandato del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa (diciembre de 2010 – octubre de 2016). Durante este periodo, autoridades municipales, estatales y federales fueron cómplices o colaboraron directamente en la comisión de desapariciones forzadas.
El documento de 56 páginas presentó principalmente los resultados de las investigaciones realizadas por las organizaciones firmantes sobre 41 casos de desaparición de personas ocurridos en el estado de Veracruz. En al menos 22 casos se encontraron elementos comunes y patrones que implican la participación de actores estatales. Asimismo, el informe documenta el descubrimiento de las fosas clandestinas más grandes de América Latina, hoy conocidas como “Colinas de Santa Fe” y “El Arbolillo”, ambas cerca del Puerto de Veracruz, donde se localizaron 615 cuerpos entre 2016 y septiembre de 2022.
De los casos documentados en el informe, se encontraron los cuerpos de 7 víctimas en la fosa clandestina Colinas de Santa Fe. A pesar del descubrimiento de estas importantes evidencias, el informe describe la profunda omisión y negligencia por parte de las autoridades estatales en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de desaparición forzada.
“En Veracruz la complicidad entre las autoridades y la delincuencia organizada, además de la absoluta impunidad que reina en México, causaron que miles de vidas principalmente jóvenes se perdieran, convirtiendo al estado en un cementerio clandestino, donde nadie rinde cuenta de tantas muertes”
Lucy Díaz, coordinadora del Colectivo Solecito, señaló que analizando las pruebas encontradas, el informe establece que muchos de estos actos cometidos durante la administración del ex gobernador Duarte de Ochoa constituyen crímenes de lesa humanidad, y solicita a la Fiscalía de la CPI que abra un examen preliminar.
“El análisis de contexto de los casos, así como las evidencias recabadas durante las investigaciones, permiten acreditar que durante el periodo que abarca el informe, existió una violencia sistemática por parte de agentes del Estado hacia un sector específico de la población del Estado de Veracruz”
En particular, los ataques se llevaron a cabo contra personas pertenecientes a zonas económicamente marginadas que, por su situación de vulnerabilidad, eran blanco del crimen organizado. Contrario a la obligación de las instituciones estatales, de brindar protección y condiciones para que ejercieran plenamente sus derechos humanos, se desplegaron operativos de persecución y violaciones graves que, hasta el día de hoy permanecen impunes, como resultado de la colaboración y complicidad de todo el aparato gubernamental.
“Este informe es una prueba más de la existencia de crímenes de lesa humanidad en México, cometidos por el crimen organizado, las autoridades estatales o ambos actuando conjuntamente. Es indignante que en Veracruz sigan ocurriendo desapariciones forzadas”, agrega Jimena Reyes, Directora de las Américas de la FIDH.
