* Palabra de Malinche.
/ Escrito por Cirenia Celestino Ortega /
La defensoría de la audiencia es una figura necesaria en todos los medios de comunicación. Se trata de una persona o instancia con capacidad de recibir las quejas del público, darles seguimiento al interior del medios y resolver la petición, sugerencia, observación o reclamo a fin de garantizar que los contenidos no violenten el derecho a la información y ofrezcan programación y contenidos que no inciten a la discriminación o a la violencia.
Para muchos medios es una forma de autoregulación que además permite reflexionar sobre su rol social y mantener una vía de escucha de su audiencia. A través de esta figura, hemos llamado la atención sobre contenidos sexistas que amenazan la digna representación de mujeres y niñas en la publicidad, en producciones y en noticias que abordan la violencia feminicida en los que frecuentemente se sexualiza a las mujeres o se representa violentadas y con narraciones que las revictimizan.
El 28 de julio pasado, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidenta presentó el inicio de la consulta pública para definir los lineamientos de regulación de los contenidos de radio y televisión.
La consejería jurídica es un cargo creado en 1996 por el ex presidente Ernesto Zedillo. En cada sexenio hasta cuatro hombres ocuparon este puesto cada sexenio, En lo que va de este sexenio, dos años, ya lo han ocupado tres mujeres, Ernestina Godoy Ramos, Esthela Damián Peralta y ahora Luisa María Alcalde.
A decir de la consejería y la presidencia, el proyecto busca, entre otras cosas, distinguir entre noticias, opiniones y publicidad, designar a una persona defensora de las audiencias, garantizar el derecho de réplica cuando se considere que la información es falsa o inexacta y adoptar un código de ética y estipula multas económicas para los medios que incumplan los lineamientos. A decir de la presidenta, el objetivo es que los medios no mientan.
Desde la Ley Federal de Telecomunicaciones de hace 12 años y su actualización en 2025, alerta de las intenciones gubernamentales. La última reforma que sustituyó al Instituto Federal de Telecomunicaciones como la actual Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, misma que depende de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones adscrita al gobierno federal.
El anuncio de la consejera llega en un contexto de riesgo para la prensa y de una campaña de desprestigio iniciado desde presidencia.
Desde el inicio de la Cuarta Transformación hemos sido testigas de la estigmatización de los medios de comunicación críticos no solo a través de la famosa sección de la Mañanera “¿Quién es quién en las mentiras?” ahora “El detector de mentiras” sino a lo largo de las Mañaneras federales y que se reproducen en las conferencias de las y los gobernadores en los estados y en los señalamientos directos y amenazas que vive la prensa por parte de funcionarios públicos.
Tan solo en 2025, 338 mujeres periodistas fueron agredidas, siendo los funcionarios públicos los principales agresores.
La 4T se ha esforzado en mantener un espacio mediático directo con la población a través de la Mañanera para mostrar que no necesita a los medios. Ha dedicado gran parte de ese espacio para calificar qué es mentira y qué no lo es, quién es buen periodista y quién no lo es, incluso, ridiculizar a las periodistas críticas, muchas veces a través de otras periodistas a modo.
Si de verdad se buscar proteger el derecho a la información de las audiencias, el gobierno federal debe garantizar la libertad de expresión, el ejercicio periodístico libre y seguro y la digna e igualitaria representación de las mujeres.
En un ecosistema mediático con alta producción informativa y con grandes capacidades de desinformación, la regulación ética de los medios es necesaria, pero esa regulación no debe venir del gobierno ni de su interpretación de lo que es “verdad” o “mentira”.
El punto de mayor preocupación es el derecho de réplica, ya protegido por la constitución en el artículo sexto y su ley reglamentaria. Sin embargo, presidencia y consejería omitieron un principio fundamental del derecho a la libertad de expresión y la información: la autonomía.
Esta propuesta se suma a la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Cabe destacar que los lineamientos no los presentó ni la CRT ni la ATDT, sino la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Inicia la consulta pública para definir los lineamientos que regulará los contenidos de radio y televisión, aunque aún permanece abierta la pregunta si se extenderá a prensa escrita y a los contenidos en plataformas digitales.
Otro cuestionamiento es ¿a quién benefician estos lineamientos? Las empresas de medios, como cualquier otra empresa tienen intereses económicos y políticos.
El anuncio de la Consejería sucede también en un contexto en el que la filial Lewani de Televisa obtuvo concesión para experimentar por dos años con tecnología de radiodifusión 5G -una banda que dejó de utilizar tras el apagón analógico- en Ecatepec, Estado de México, uno de los municipios más poblados. En diciembre pasado, Grupo Televisa anunció una posible adquisición de AT&T con lo que sería la segunda compañía de mayor tamaño en las telecomunicaciones de México. De manera paralela, Tv Azteca enfrenta problemas financieros y un proceso legal que la pone a tambalear. ¿Buscará, además del control de las narrativas, beneficiar a una televisora como aquella Ley de Telecomunicaciones conocida también como Ley Televisa de 2006?
A 20 años de aquella ley, el control mediático sigue estando en el centro de la conversación. Las mujeres somos la mitad de las audiencias, que los contenidos mediáticos nos representen con dignidad y nosotras nos mantenemos en críticas a las políticas que involucran nuestro derecho a la información y a la libertad de expresión.
*Periodista feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres.
Cimac Noticias