*De la Población sin documentos de estancia legal en EU, el 44 por ciento son mujeres, lo que equivale a 2 millones 200 mil.
/ Escrito por Arantza Díaz ./
11.06.2025/Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- La ciudad de Los Ángeles, está atravesando momentos álgidos, cuando aún no terminaban de salir de las secuelas devastadoras por los incendios de enero de este año, hoy, el trumpismo arremete contra la comunidad mexicana migrante y genera que vivan bajo la amenaza constante de una deportación o actos de violencia y represión por parte de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, por lo que las más de 2 millones de mexicanas que habitan la ciudad aún sin documentos de estancia legal, están en resistencia desde sus empleos o en las calles haciendo posible una vida digna.
Este miedo de ser agredidas no es fortuito, Lorena Cano, coordinadora de la clínica Jurídica, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), en «La deuda con las mujeres migrantes», documentó que entre 2021 y 2022 se contabilizaron 5 mil 382 delitos cometidos contra personas migrantes en Estados Unidos, y el 20 por ciento fueron contra mujeres. Los delitos más frecuentes fueron el abuso sexual, la violencia familiar, el secuestro y el feminicidio. Del total de delitos, solo 116 resultaron con una sentencia definitiva, aunque no necesariamente condenatoria, es decir, el acceso a la justicia apenas tuvo una efectividad del 2 por ciento.
Algunos delitos son cometidos por las propias autoridades, tanto federales como estatales. Por lo que, en casi ningún escenario, la justicia y la reparación del daño se ha hecho efectiva para las migrantes. Ellas no están gozando de un nuevo comienzo luego de salir de sus países.
Es importante señalar que la mayoría de la comunidad migrante ya se ha insertado con documentos en Estados Unidos, es decir, ya forman parte de ese país con leyes de extranjería. De acuerdo con la Current Population Survey, realizada de manera conjunta por la Oficina del Censo y la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos y publicada en 2024 (la fuente estadística más reciente), a la fecha en Estados Unidos habitan 332.3 millones de personas de las cuales poco más de 39 millones son de origen mexicano, pero de éstas, la gran mayoría, 9 de cada 10, son ciudadanos americanos o residentes permanentes autorizados.
Las cifras contextualizan, hoy, en Estados Unidos, según informes de El Colegio de la Frontera Norte, del total de la población mexicana viviendo en ese país sin documentos de estancia legal, el 44 por ciento son mujeres, lo que equivale a 2 millones 200 mil.
El 72% de las personas sin estos documentos de estancia, se encuentran dentro de la fuerza laboral, el resto son menores de edad, estudiantes, o personas dedicadas a las labores del hogar. Entre quienes trabajan, lo hacen principalmente en los sectores de construcción y servicios, por tanto, en caso de deportaciones masivas, estos serían los principales sectores económicos afectados en la economía estadounidense.
Con estimaciones del Colegio de la Frontera Norte (Colef), a partir de la fuente estadística más reciente, en Estados Unidos residen 13.5 millones de personas sin documentos de estancia legal, de las cuales poco más de la tercera parte son mexicanas y mexicanos (36.4%), siendo el grupo más numeroso y con ello, el más afectado por las políticas antimigrantes.
Ellas
Las calles están vacías, los restaurantes, plazas públicas y bancos han quedado desolados. Existe un temor latente de la población que, incluso, ha optado por dejar de asistir a su trabajo bajo la presión de que puedan ser aprehendidas por elementos de migración y la Guardia Nacional que hoy, tienen secuestrado cada rincón de los barrios californianos. «M» -inicial de la entrevistada-, migró a Los Ángeles hace 32 años y desde entonces, ha atestiguado los cambios constantes de cada gobierno; ha visto ir y venir a los demócratas y a republicanos, esta vez, los procesos migratorios son voraces.
«Se la llevaron y no sabemos de ella», dice en entrevista. «L» es hermana de uno de sus compañeros de trabajo y el día de ayer, mientras estaba en las calles fue tomada por elementos de migración; «sólo atravesaba la calle. Ella trabaja honradamente como costurera». Desde entonces, también ha perdido comunicación con su compañero, quien ha dejado de asistir al restaurante de comida rápida donde ambos laboran; ya no responde el teléfono, ni han podido localizarlo. «M» sospecha que está escondido en casa, junto a su familia.
¿Cómo se percibe el ambiente en Los Ángeles?: Terrible, todo se está saliendo de control, han habido muchas redadas, donde quieras que pasas hay policías y migración, yo nunca había visto tanta migración, la guardia nacional esta desplegada en LA y las cicudades aledañas, la gente está muy triste y espantada, dice «M».
Un fenómeno interesante no es sólo el despliegue de elementos de seguridad que, a la menor provocación disparan balas de goma en áreas sensibles como rostro y cabeza. Sino además, mientras la lucha se está dando en los espacios públicos de LA, en los barrios latinos, los agentes de migración se pasean entre las avenidas; se mantienen al acecho y se diluyen entre la población civil. Para «M» esta es la primera vez en su vida donde encuentra, con tanta incidencia, patrullas de migración paseando y dando rondines entre particulares.
La vida de las mujeres ha cambiado desde este fin de semana que estallaron las protestas por las redadas en Los Ángeles; el paradigma de «paz» se transformó en uno de miedo constante y sospecha, particularmente, en aquellas que tienen a su cargo a otras personas. Madres autónomas o hijas que cuidan de sus padres con alguna discapacidad adquirida/ enfermedad. La única herramienta de autodefensa que se tiene es tejer redes vecinales con otras mujeres y no salir de casa, porque la criminalización no conoce de maternidad, ni de necesidades de cuidado; sólo conoce de perfilamiento racial, violencia y xenofobia.
«M» refiere que las madres o cabezas de familia han optado por permanecer escondidas, aunque esto implique, dejar de hacer las compras o llevar a sus hijas e hijos a la escuela en este inicio de semana. Según datos del Public Policy Institute of California, en esta entidad el 45% de las niñas y niños tiene al menos un padre migrante.
«Los mandados y escuelas están vacías, todo está tremendo porque la gente está aterrada porque saben que se están haciendo arrestos injustos en contra de las madres, de personas mayores, de mujeres jóvenes y padres de familia»<
A la par de que todos estos actos de persecución y criminalización se dan, el Estado también se encuentra alimentando los discursos de odio, en entrevista «M» refiere que, si bien existe un miedo constante, los barrios latinos se han organizado a fin de expulsar a las patrullas de migración; se les apedrea cada que se les ve pasar por las calles. Nadie los quiere ahí. Como respuesta, el gobierno federal ha dejado propaganda donde se ofrecen recompensas a quien entregue información de quienes agredan a las patrullas; instando así, a recrudecer la violencia y persecución de los grupos que están defendiendo a su comunidad.
Se cumplen 5 días desde que la población en Los Ángeles se levantara en contra de las políticas antimigrantes de Donald Trump. Lo que parecía ser un movimiento político cotidiano, ha escalado a ritmos acelerados en los últimos días; Trump ha ordenado el avance de al menos 6 mil elementos de la Guardia Nacional. Un grupo castrense de gran poder militar que ha ocupado el lugar de las autoridades estatales y que, lejos de aclimatar la situación y hacer retroceder a la población, sólo ha despertado la furia colectiva, ya no sólo de los grupos pro-migrantes, sino de muchos otros sectores que acusan a Trump de intervencionista y de militarizar una entidad soberana.
«J», es originaria de Los Ángeles y ha estado presente en las protestas del día domingo; ha salido en compañía de otras amigas. Armadas sólo con pañuelos y botas. El motivo de su lucha dice «J», no es sólo exigir un cese a la criminalización de la comunidad migrante, sino también, meterle un freno a la violencia militar que pretende instaurar Donald Trump, particularmente, cuando las autoridades de Los Ángeles poco han hecho por defender realmente a su población.
¿Es normal en Los Ángeles la intervención de la Guardia Nacional?: No, no es nada normal, este es un momento muy inusual, el gobierno californiano está siendo reemplazado por el gobierno federal, lo que simplemente enfatiza el poco poder que tienen los Estados. Sí, California rechaza a la Guardia Nacional, pero sólo está ahí agitando el puño al aire porque saben que no pueden impedir que Trump mande más fuerzas armadas.
«We haven’t seen californian government employees really go secession mode (…) we found the hotel ICE is staying in and we slashed their tires and when tow trucks came we convinced them to turn around. The federal agents have no authority in making them comply, so that’s kind of awesome», refiere «J» en entrevista.
[No hemos visto a los empleados del gobierno de California ponerse en modo secesión (…) [el día de ayer] encontramos el hotel en el que se aloja el ICE y les pinchamos las ruedas y cuando llegaron las grúas [a apoyarles] les convencimos para que dieran la vuelta [se fueran]. Los agentes federales no tienen autoridad para obligarles a obedecer, así que es alucinante].
La llegada de la Guardia Nacional y la Marina
El viernes 6 de junio, se emprendió una serie de redadas masivas donde se detuvieron a 42 personas de nacionalidad mexicanas, de las cuales, se sabe que al menos 4 ya han sido deportadas. Según se dieron los hechos, Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles refirió a CNN que estaba enterada de que se haría este movimiento migratorio, sin embargo, el gobierno federal mintió refiriendo que se haría a fin de atrapar a «criminales»; se dieron afuera de un Home Depot.
Ese mismo día que comenzaron a detener a personas y familias completas que hacían sus compras rutinarias, las población salió a tomar las calles para exigir un cese a las autoridades migratorias, hacia la noche, la burbuja había reventado; ya habían autos incendiados, autoridades reprimiendo y detenciones arbitrarias.
Comunidades enteras originarias de México, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Cuba y otros países no doblegaron sus esfuerzos, por el contrario, robustecieron sus filas; las redes vecinales salieron en aras de expulsar al ICE. Este entretejido hispano produjo la incomodidad del mandatario presidencial quien consideró que estos hechos eran «antiestadounidenses» y acciones de «personas malas».
Pasándose por encima a las cabezas californianas, Donald Trump ordenó el despliegue de 4 mil miembros de la Guardia Nacional y 700 Marinos para contener, antes, ya había enviado a otros 2 mil elementos, es decir, que en tan sólo 5 días, Los Ángeles ya cuentan con 6 mil miembros castrenses en las calles, disparando, sometiendo y agrediendo, no sólo a manifestantes, sino a cualquier persona racializada.
El fiscal de Los Ángeles, Pete Hegseth se arremangó y envió una carta donde sentenció que no había necesidad de meter a la Guardia Nacional, pues todo estaba bajo control. En añadidura, el hecho implicaba una grave violación a la autonomía de la ciudad.
Hegseth zanjó en su pronunciamiento con una pieza clave: «Esto parece estar diseñado para exacerbar la situación«. Y es que, esta pequeña pincelada de la situación esboza algo más grande; un plan que ya habría advertido Donald Trump durante su campaña, que consiste en «soltarle las esposas al ICE» y meter a las fuerzas armadas por la fuerza.
Mientras este panorama se gesta y las autoridades californianas no pueden rebelarse a la presión del gobierno federal, en México el panorama tampoco parece mejorar, esto luego de que la secretaria de seguridad interior, Kristie Noem señalara a Claudia Sheinbaum por «alentar las protestas» pero además, la responsabilizara por movilizar a su gente de mantenerse al filo de las protestas; Sheinbaum ya ha revirado a Noem, sosteniendo que jamás ha apoyado las manifestaciones violentas y replicado que todo se trata de un malentendido
«Estoy segura que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones y que este malentendido se aclarará» concluyó.
La ley de insurrección y los militares a las calles: ¿Un hecho premeditado?
Este 10 de junio, Trump ha dado a conocer en conferencia de prensa que se está considerando invocar la Ley de Insurrección luego de estos días de protesta donde el panorama sólo parece recrudecerse; esta ley permitiría dar una mayor libertad a las fuerzas armadas si el presidente así lo demanda.
Según refirió Donald Trump, «claro que la invocaría» pues durante estos días, sólo se ha demostrado la «efectividad» de las fuerzas armadas en territorio. La Ley de Insurrección consiste en permitir a los cuerpos castrenses contener disturbios civiles y restringe cualquier acción alterna que permita meterle freno a las fuerzas armadas; se les dota de una autonomía peligrosa para actuar, dejando al aire, la imposibilidad de saber qué tantas violaciones a los derechos humanos se están cometiendo bajo el escudo de «legítima contención»; se puede reprimir, golpear y vulnerar en total impunidad si se considera que la persona está cometiendo actos de rebeldía.
Como ya advertía el fiscal de Los Ángeles, Pete Hegseth esto parece ser un plan que sólo ha hecho una tormenta en un vaso; un escenario ideal para mover piezas y soltar a las fuerzas armadas con la bandera de un mensaje claro: El Estado hará uso de su fuerza de represión para criminalizar, perseguir y consagrar la llamada «deportación más grande de la historia», la promesa de campaña más importante de Trump.
En una entrevista -dada en abril del 2024-, con la revista Time, el mandatario -quien apenas estaba por entrar en campaña- aseveró que, la primera acción contundente que haría al llegar al poder sería mover todos los recursos posibles para impulsar la mayor deportación en la historia, además, realizaría algunas reformas importantes al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas con el objetivo de eliminar trámites burocráticos que entorpezcan el plan de militarizar la frontera.
Concretamente, dotaría de mayor poder al ICE, lo que le permitiría actuar de forma más radical -y de ser necesaria extrema- para contener el flujo migratorio, algo que el mismo Trump definió como «quitarle las esposas al ICE» para posteriormente, tener la facultad de proceder con redadas y arrestos masivos con el objetivo de «proteger al pueblo estadounidense».
Pero ¿por qué estas reformas resultan preocupantes? Primero, hay que recordar que en diversos países existen leyes o tratados internacionales que reconocen que la presencia militar en asuntos civiles puede derivar en serias violaciones a los derechos humanos.
Por ejemplo, en México la Constitución pautaba que las fuerzas armadas no podían actuar como autoridades civiles, a menos, que se tratara de circunstancias extraordinarias; hasta el 30 de septiembre del 2024, cuando se reformaron los artículos constitucionales 21 y 13 sobre el fuero militar, la permisión de realizar labores de investigación y participación en actividades civiles.
En Estados Unidos también se cuenta con una ley que prohíbe a las fuerzas castrenses actuar en labores de carácter civil, por ello, la idea de que pueda hacerse uso del ejército puede parecer demasiado compleja, aún para el propio Trump. La conocida «Posse Comitatus Act» es una poderosa ley emitida en 1878 que limita la fuerza del poder federal para hacer uso del Ejército, a menos, que se trate de circunstancias extraordinarias.
Lo que está sucediendo en Los Ángeles ahora mismo es la encarnación misma del poder de Donald Trump; un poder que le permite cometer injerencia en las entidades, criminalizar a su población, saltarse poderosas leyes como el Posse Comitatus Act y también, consagrarse como agresor en total impunidad. Como escribe Lucía Lagunes Huerta en «El Supremacismo patriarcal trumpista»:
«Es el estereotipo del hombre blanco, rico, heterosexual, católico que odia a las mujeres, a las personas homosexuales, lesbianas, migrantes y a cualquiera que no sea como él o sus amigos magnates. Y su odio no es cualquier cosa. Sin duda es importante la relación comercial y el tema migratorio, que ha ocupado a los medios del mundo, pero este, que se refiere a los derechos humanos de las mujeres es otro de los peligros que no se puede quedar marginado de las preocupaciones mundiales.»
Porque mientras las luchas se dan, las mujeres son piezas clave para mover las protestas, pero también, para mantenerse vigilantes de los hechos. No es cosa menor reconocer que, en los últimos 5 días, la vida de docenas de mujeres ha cambiado de forma irremediable; mujeres aprehendidas, alejadas de sus hijas e hijos, mujeres trabajadoras que no han podido regresar a laborar y se encuentran vulnerables; mujeres de quienes dependen sus padres y/o madres; mujeres que hoy, se encaran un sistema doblemente discriminatorio: Patriarcal y antimigrante.
Mujeres migrantes y la ausencia del Estado mexicano
Mientras se resiste en Los Ángeles al porvenir, México encara recortes presupuestarios y pobres políticas públicas para garantizar a la población migrante una deportación segura: acceso a trabajo, a vivienda, a salud, a la inclusión y a una vida libre de violencia.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación – Análisis funcional programático económico, apartado de protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para las y los mexicanos en el exterior enfrentaron un recorte presupuestario de $33 millones 535 mil 863 con respecto al 2024; una pérdida de 9.8% en términos reales.
En 2024 se tuvieron 557 millones 728 mil 121 y para este 2025 524 millones 192 mil 258, esto según el Ramo 5, Relaciones Exteriores Presupuesto de Egresos de la Federación.
Esta pérdida de recursos implica un debilitamiento en políticas de protección, orientación y apoyo para la población migrante en caso de enfrentar un proceso de deportación.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, este ramo de protección y asistencia es el encargado, entre otras cosas, de evitar que la población mexicana sea víctima de daños, perjuicios e injusticias, que las personas sean discriminadas y promover programas de protección preventiva para las y los mexicanos que residen en el extranjero, indistintamente si es de manera legal o irregular.
Esta pérdida de recursos implica un debilitamiento en políticas de protección, orientación y apoyo para la población migrante en caso de enfrentar un proceso de deportación.
«Ya hay un Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, lo que se conoce como un call center que ya está funcionando 24 por 7, y que pronto va a tener también la posibilidad de estar activo mediante un procedimiento muy sencillo: Un Botón de Alerta que ya se puso, de hecho, en práctica en pequeña escala en algunos lugares y parece que está funcionando muy bien, en donde, en caso de que te encuentres frente a una detención inminente, aprietas un Botón de Alerta, esta manda una señal al Consulado más cercano y a los familiares que tú hayas previamente precargado en esa aplicación y, desde luego, a la Cancillería en México”, Juan Ramón de la Fuente
Sin embargo, el mérito de “echar a andar el CIAM”, como presume la página oficial Gobernación, podría resultar ajeno, considerando que esta herramienta tiene, de hecho, 17 años en funcionamiento y que durante todos estos años, ha ofrecido su servicio para la comunidad migrante por lo que sus antecedentes históricos son incompatibles con la palabra “novedad” como se presumió durante la mañanera del pueblo el secretario de relaciones exteriores.
El hoy conocido como CIAM se remonta, en realidad, al 8 de diciembre del 2008 cuando inició sus operaciones bajo el nombre “Centro de Llamadas de Protección Consultar para las Personas Mexicanas en el Estado de Arizona (Call Center)” bajo la orden del Programa Especial de Protección Consular (PEPAC), que pretendía ofrecer un servicio inmediato a las personas mexicanas que habitaran en esa entidad.
Durante 5 años este “call center” atendió más de 16 mil 900 llamadas, el 74 por ciento de ellas, por motivos de protección. El resultado fue tan óptimo que para abril del 2013 este programa mutó a algo más grande por orden de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica (DGPCPE), quienes pusieron -verdaderamente- en marcha el Centro de Información sobre Actualidad Migratoria (CIAM) con sede en las instalaciones del Consulado de México en Tucson, Arizona.
Las tensiones no parecen mejorar y con el anuncio de la Ley de Insurrección, Los Ángeles se ve atrapada entre las libertades de su población -mayoritariamente migrante, de origen hispano y asiático- y el peso del gobierno federal. La corresponsabilidad constará de saber cuáles son las opciones que el gobierno mexicano ofertará para garantizar deportaciones seguras y cuáles son los alcances que manejará Donald Trump ante la rebeldía migrante que, parece, tampoco dar tregua.
