*Zurda.
/ Ruth Zavaleta /
A principio de la semana se hizo viral en redes sociales el video de una boda en la que los novios son un par de niños, quizás de entre 12 y 15 años de edad. Se supo que son de la comunidad de San Pedro Cuitlapan del municipio de Tlacoachistlahuaca de la Costa Chica de Guerrero.
Tanto a nivel federal como local, los matrimonios entre menores de edad están prohibidos por los códigos civil y penal, pero la norma no es eficaz, ya que claramente se ve en el video que un gran número de personas adultas estuvieron festejando con la pareja como si de una boda legal se tratara, y aun cuando un representante del Registro civil de ese municipio negó que el acto civil se hubiera consumado, es decir, que la autoridad hubiera levantado un acta matrimonial, los novios lucieron sus atuendos forrados con billetes de diversa denominación, que los invitados acostumbran obsequiar en las bodas guerrerenses.
El caso generó una gran conversación en las redes sociales, quizás, porque no es la primera vez que se conoce de matrimonios entre menores de edad, o menores de edad con adultos, en alguna de las comunidades indígenas de Guerrero. Incluso, en el pasado no lejano, se supo de casos que generaron igual o peor indignación, porque algunas menores denunciaron que sus relaciones maritales se derivaron de arreglos comerciales entre adultos.
No obstante que nada justifica los matrimonios entre menores de edad, la realidad es que no sólo en las comunidades indígenas se siguen practicando. Con boda o sin ella, los datos del Inegi demuestran una terrible realidad respecto a la condición marital de miles de menores de edad.
En el censo de 2020, cerca de 225 mil niñas, niños y adolescentes, de entre 12 a 17 años, se encontraba en situación conyugal; además, más de 21 mil declararon haberlo estado con anterioridad, aunque ya no lo estaban en el momento del levantamiento del censo.
Obviamente, la gran mayoría de estos menores de edad no fueron de los pueblos indígenas y, por otra parte, las relaciones conyugales no fueron sólo entre menores, sino menores con adultos.
También, en el mismo censo se dio a conocer que 2.4 por ciento de las mujeres de entre 12 y 17 años a nivel nacional eran madres, lo que significaba un aproximado de más de 153 mil niñas y adolescentes que tenían entre uno y dos hijos.
En el caso de las comunidades indígenas, el porcentaje se elevaba a 3.9 por ciento, pero siendo mucho menor el porcentaje total de esta población, en números absolutos es mucho mayor el número de menores que no son indígenas; el otro gran dato que dio a conocer el Inegi en 2022 fue que 11 por ciento de madres adolescentes eran solteras, lo que significa que, si bien no tienen una relación marital, ya tienen la responsabilidad de cuidados maternales y de proveedoras.
De esta forma, no obstante que existe la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, México no sólo encabeza el número de los embarazos de madres niñas-adolescentes en América Latina, sino también otros delitos graves que atentan contra sus derechos humanos, por ejemplo, la desaparición forzada (de enero a abril de 2025, el mayor número de desapariciones fue de adolescentes del rango de edad de entre 15 a 19 años: 479 mujeres y 466 hombres). Incluso, en este mismo espacio, con los datos oficiales, hemos dado cuenta de que, en los últimos seis años, en una docena de Estados, creció más la desaparición forzada de niñas y mujeres que la de los hombres.
En ese contexto, tal y como se observa, si bien es cierto, causa indignación ver un video como el que se hizo viral, conocer estos datos sobre la situación de falta de garantías de los derechos humanos de los menores de edad, tendría que causarnos horror, porque ahí no podemos lavarnos las manos señalando que son los usos y costumbres de los pueblos indígenas, sino, es la cultura de toda la sociedad mexicana.
