Alguien como tú
Gladys Pérez Maldonado
El envejecimiento poblacional plantea retos estructurales sobre los que el derecho, las políticas públicas y la sociedad civil deben dar respuestas urgentes y coherentes. En México, las personas adultas mayores —habitualmente definidas por la ley federal como quienes tienen 60 años o más— son titulares plenos de derechos humanos que requieren políticas específicas para garantizar su autonomía, integridad y participación. En esta emisión Alguien como tú presenta un balance académico sobre el marco normativo, los principales vacíos institucionales y propuestas orientadas a materializar el interés superior de las personas mayores.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el carácter universal de los derechos humanos y obliga al Estado a garantizar su protección. Sobre esa base, el país cuenta con una ley federal especializada, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuyo texto vigente ha sido objeto de reformas y actualizaciones para adecuarla a nuevos estándares de protección y servicio público. La normativa federal organiza derechos clave —a la salud, a la seguridad social, a una vida libre de violencia y discriminación, a la educación y a la participación— y ordena la coordinación interinstitucional para su tutela.
A nivel internacional, México ha avanzado dando pasos relevantes en la protección normativa, la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores recoge un paradigma de derechos que reconoce a las personas mayores como sujetas plenas y no sujetas pasivas de políticas asistenciales. Esta adhesión obliga a armonizar políticas y prácticas públicas con estándares interamericanos de dignidad, acceso y no discriminación.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) actúa como la institución rectora en materia de políticas para la vejez, promoviendo programas de inclusión, atención y acceso a beneficios como la credencialización para descuentos y servicios. Sin embargo, la existencia de una institución no garantiza resultados, la dispersión de competencias entre dependencias, como son de la salud, el bienestar, del trabajo y de la seguridad social, la insuficiente capacidad presupuestaria en ciertos rubros y la debilidad en mecanismos locales de implementación limitan el impacto real de las políticas.
Desde nuestra trinchera planteamos los principales retos materiales y estructurales, en áreas que demandan intervenciones que combinen recursos, regulación y fortalecimiento comunitario:
Garantía efectiva de la seguridad social y pensiones, pues a pesar de avances en programas asistenciales, pensiones que, cabe decir no son contributivas en algunos niveles de gobierno, persisten desigualdades en la cobertura contributiva y en la suficiencia del ingreso para una vejez digna, especialmente entre trabajadores informales, mujeres y poblaciones rurales.
Acceso a la salud con perspectiva gerontológica, el sistema de salud requiere una mayor especialización gerontológica, continuidad en medicamentos y atención de enfermedades crónicas, además de estrategias para la prevención del deterioro funcional, formular rutas de atención gerontológica, continuidad farmacéutica y rehabilitación funcional, articuladas entre primer, segundo y tercer nivel de atención.
La violencia contra personas mayores —física, económica o institucional— sigue subregistrada y con barreras de denuncia y reparación, protección contra la violencia y mecanismos accesibles de reparación, protocolos especializados, unidades de atención en instituciones públicas y campañas de información que reduzcan la tolerancia social a las agresiones por edad.
Para avanzar en la realización de los derechos de las personas mayores se requieren medidas complementarias y priorizadas, como el financiamiento sostenible y universalidad relativa, esto es, diseñar transiciones hacia esquemas de pensiones que reduzcan la fragmentación y protejan a quienes trabajaron en la informalidad, con criterios de suficiencia y progresividad.
Promoción de la autonomía y participación, crear espacios consultivos vinculantes de personas mayores en la formulación de políticas públicas y promover empleos dignos y adecuados a capacidades.
Marco regulatorio digital y acceso a servicios, garantizar que la inclusión digital y la protección de datos personales contemple las barreras de alfabetización tecnológica y el derecho a la atención presencial.
Estas propuestas deben combinarse con metas medibles y evaluaciones periódicas para ajustar resultados.
El reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores en México ha avanzado desde el plano constitucional hacia marcos legales e institucionales especializados. No obstante, la brecha entre norma y práctica sigue siendo amplia, los desafíos financieros, de salud, de violencia y de participación requieren una política pública integral, con enfoque en derechos, recursos adecuados y participación activa de las propias personas mayores. La consolidación de un régimen efectivo de derechos pasa por devolver centralidad a la dignidad, la autonomía y la capacidad de decisión de quienes envejecen, reconociéndolos no como beneficiarios pasivos, sino como ciudadanos con demandas, proyectos y contribuciones a la vida colectiva…
