/ Ana María Salazar /
“¡No permitiremos que estos criminales sigan atemorizando a la población! ¡Vamos a perseguir y asegurar que estos grupos no continúen usando nuestras ciudades como su campo de batalla! ¡Vamos a asegurar que los gobiernos estatales y municipales, además de la población y las empresas afectadas tengan todo el apoyo del gobierno federal! ¡Nuestras más sinceras condolencias para los familiares de las personas inocentes que fueron vilmente asesinado, y vamos a trabajar con las fiscalías para asegurar que se detengan a los homicidas y todos aquellos que usaron violencia en contra la población!
Este debería haber sido el mensaje del presidente de México, durante su conferencia mañanera, ante las imágenes de violencia desmedida que se vivió en México la semana pasada, en los estados de Baja California, Jalisco, Guanajuato y Chihuahua.
Pero López Obrador, en su afán de minimizar la capacidad bélica de las organizaciones criminales por ser una afrenta a su estrategia de ‘abrazos, no balazos’, el presidente de México sugirió que los conservadores, los medios de comunicación amarillistas y los violentos conspiraban en su contra. Ningún mensaje de simpatía a las poblaciones que han sufrido, no por primera vez, las vejaciones de organizaciones que usan tácticas terroristas para mantener poblaciones y sus gobiernos como rehenes. A pesar de las imágenes de horror, el presidente y su equipo continúan insistiendo que los números señalan que la violencia en el país ha mejorado.
Las actividades violentas de la semana pasada confirman la preocupación de muchos analistas de que las organizaciones criminales han incrementado su capacidad bélica y control territorial.
Además, con este mensaje presidencial, culpando a la oposición de amarillismo, los autores de la violencia de la semana seguramente estarán interpretando la poca voluntad de enfrentarlos, traicionando a las víctimas de la violencia en el país.
Pero también, la semana pasada, hubo otra traición por parte de López Obrador. En la mayoría de las democracias del mundo, en la toma de protesta, el juramento más importante que hace el presidente electo es “respetar, proteger, resguardar” la Constitución.
En el caso de la “democracia mexicana”, la misma Constitución, en el artículo 87, especifica exactamente las palabras que tuvo que proferir el nuevo mandatario Andrés Manuel López Obrador: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.
Y con las declaraciones de la semana pasada del presidente, de traspasar la Guardia Nacional a la Sedena, mediante un decreto, seguramente la ‘Nación se lo demandará’ por decidir violar abiertamente la Constitución. Pero también, parece que traicionó los ideales de su movimiento. Esta semana, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, declaró que la Guardia Nacional debe de mantener su carácter civil y militarizarse.
Pero no solo el presidente tiene que jurar su lealtad de la Constitución. También otros actores, tienen que expresar su lealtad a este documento, que refleja los sueños y deseos de una nación. En el caso de los responsables de asegurar que el presidente cumpla con su responsabilidad de “guardar y hacer guardar”, también la Constitución, en el artículo 97, exige a los ministros de la Suprema Corte con lenguaje más florido pero impactante: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”
En verdad están cumpliendo los ministros con defender la Constitución, acotando a un presidente que ha expresado en múltiples ocasiones su falta de respeto a la Carta Magna.
Y por eso, en este momento, todos los secretarios de la cuarta transformación, incluyendo el secretario de la Defensa y Marina, además de los y ministros de la Suprema Corte, enfrentan una histórica coyuntura que podría definir no solo su futuro, sino el futuro de la 4T y por ende, el futuro de la democracia en México. En qué momento van a enfrentar la realidad de que López Obrador, el presidente de México y comandante en jefe, no cree en el sistema constitucional, donde las reglas del juego están definidas por la Constitución y no las ocurrencias u obsesiones de un hombre.
