*Linotipia.
/ Peniley Ramírez /
La operación comenzó en 2011. Miles de personas que tenían tiempos compartidos en México recibieron un ofrecimiento. Unos “agentes de bienes raíces” mexicanos les ayudarían a vender o alquilar sus propiedades de tiempos compartidos. Solo debían pagar algunas tasas e impuestos. Luego recuperarían su dinero. Eso nunca sucedió.
Los primeros estafadores eran un grupo que ni siquiera estaba afiliado al CJNG. Pero luego, en 2012, el cártel tomó el control. Primero, les cobró una cuota mensual a los estafadores originales, como un “pago de piso”. Luego, contadores y abogados que trabajaban directamente para el CJNG operaron por completo el fraude.
Las tres estafas han funcionado así: primero, los agentes que contactaban a las víctimas les pedían pagos para “tramitar en México” la venta o el alquiler de los tiempos compartidos. Estos pagos eran unas supuestas tarifas de transacción o impuestos. Las personas depositaban el dinero a los agentes, en cuentas en EU, pero el trámite no era real, así que nunca avanzaba.
La segunda estafa era para “corregir” la primera. Unos supuestos abogados mexicanos buscaban a las víctimas. Les ofrecían sus servicios legales para ayudarlos a recuperar el dinero que habían pagado a los falsos agentes. Estos “abogados” cobraban, también por adelantado, sus honorarios legales. Y nunca recuperaban ningún dinero.
El tercer nivel lucía más oficial. Unas personas, que se presentaban como funcionarios del gobierno de México o de EU, les ofrecían a las víctimas su colaboración para recuperar el dinero que habían pagado primero a los agentes y luego a los abogados. Las víctimas debían, sin embargo, pagar una cuota del “trámite”. Después de pagar estas cuotas, el trámite nunca ocurría.
Todo este esquema se explica con detalle en una nueva acusación contra dos supuestos empresarios mexicanos, que se hizo pública hace unos días en el juzgado del distrito este de Nueva York. Los principales acusados son dos hermanos, Julio César Montero Pinzón y su hermana, Griselda Margarita. La acusación dice que ellos operaban al menos cuatro empresas, de las que no se mencionan sus nombres. A través de estas compañías, recibían los pagos de los supuestos impuestos, honorarios y cuotas de las víctimas, en cuentas bancarias en EU. Después, los mandaban a México a otras cuentas bancarias de compañías mexicanas que formaban parte de esta red. El dinero terminaba resguardándose en bancos en México.
Solo en 2015, por ejemplo, una de las víctimas depositó más de 370 mil dólares en dos cuentas bancarias en EU a dos compañías involucradas en el fraude. Más tarde, estas compañías enviaron el dinero a México. Lo recibió una tercera empresa, parte del mismo esquema. Las autoridades encontraron que, en solo unos meses en 2015, se hicieron más de 50 transferencias de dinero por más de siete millones de pesos. Durante años, se mantuvo la operación. Los fiscales en NY encontraron que, incluso en febrero de este año, se seguían transfiriendo fondos de este fraude a cuentas en México. Entonces, el gobierno de EU declaró al CJNG como una organización terrorista. Montero y los otros acusados comenzaron a sacar dinero de las cuentas bancarias tradicionales y los transfirieron a criptomonedas, antes de que los acusaran formalmente.
Ahora, a pesar de las acusaciones y los detalles que se han hecho públicos, ni Montero ni su hermana están detenidos en EU. Tampoco hallé indicios de que estén presos en México, porque no encontré registros con sus nombres en el Registro Nacional de Detenciones.
Este es quizá uno de los casos más graves, documentados, de una estafa binacional. Es un esquema que operó al menos con 70 empresas y personas y que ha dejado más de 6 mil víctimas y 350 millones de dólares de fraude.
Sin embargo, no hay rastro, al menos público, de que las autoridades mexicanas estén indagando quiénes están detrás de este caso, ni de que estén buscando a los responsables.
Publicado en Reforma