*Llaman a revisar reformas estatales
23.06.2026 Ciudad de México .- Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitieron un pronunciamiento en el que expresaron preocupación por decisiones legislativas y administrativas adoptadas recientemente en algunas entidades federativas que, a su juicio, podrían representar retrocesos en materia de derechos político-electorales de las mujeres.
El posicionamiento fue presentado durante los trabajos de la Comisión Permanente y, de acuerdo con la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, no estuvo dirigido contra algún congreso local en particular, sino que busca fijar una postura general respecto a la necesidad de preservar los avances alcanzados en materia de igualdad política y representación femenina.
La legisladora explicó que el documento fue suscrito por todas las mujeres integrantes de la Mesa Directiva. Según relató, los legisladores varones que forman parte de ese órgano consideraron que el pronunciamiento debía ser respaldado exclusivamente por las representantes femeninas, debido a que aborda un tema vinculado directamente con los derechos políticos de las mujeres.
El documento surge en un contexto de debate nacional sobre la implementación de reformas electorales y cambios normativos en distintos estados del país, algunos de los cuales han generado cuestionamientos por parte de organizaciones feministas, académicas y especialistas en materia electoral respecto a sus posibles efectos sobre la participación política de las mujeres.
En el texto, las legisladoras hicieron un llamado a los gobiernos estatales y a los congresos locales para que, dentro de sus facultades constitucionales, mantengan los principios establecidos en la Constitución en materia de igualdad, no discriminación y progresividad de los derechos humanos.
La preocupación central expresada en el pronunciamiento radica en que cualquier modificación legal o administrativa debe evitar disminuir los espacios de representación que las mujeres han ganado durante las últimas décadas mediante reformas constitucionales, sentencias judiciales y políticas públicas orientadas a fortalecer la participación política femenina.
Las senadoras señalaron que México ha experimentado una transformación importante en su marco jurídico desde finales del siglo pasado, particularmente a partir de la incorporación gradual de mecanismos de cuotas de género, acciones afirmativas y posteriormente la paridad en candidaturas y cargos públicos.
Estos cambios permitieron que el país alcanzara niveles históricos de representación femenina en el Congreso de la Unión y en diversos órganos legislativos estatales. Actualmente, México figura entre las naciones con mayor presencia de mujeres en espacios parlamentarios, resultado de una serie de reformas impulsadas durante más de dos décadas por legisladoras, organizaciones civiles y autoridades electorales.
Sin embargo, las integrantes de la Mesa Directiva advirtieron que esos avances no son irreversibles y requieren mecanismos permanentes de protección para evitar que puedan verse limitados por nuevas disposiciones locales o por interpretaciones que reduzcan el alcance de los derechos conquistados.
Otro de los puntos destacados del pronunciamiento se refiere a la necesidad de que las políticas de igualdad cuenten con respaldo presupuestal suficiente. Las legisladoras señalaron que las reformas legales por sí mismas no garantizan resultados si no van acompañadas de recursos públicos que permitan implementar programas, instituciones y mecanismos orientados a promover la participación política de las mujeres.
En ese sentido, consideraron indispensable que los presupuestos gubernamentales incorporen una perspectiva de género y asignaciones progresivas que permitan consolidar las políticas públicas relacionadas con igualdad sustantiva, prevención de la violencia política contra las mujeres y fortalecimiento de la participación femenina en la toma de decisiones.
El posicionamiento también subraya que el reconocimiento de la soberanía de los estados y la autonomía de los congresos locales no exime a las autoridades de observar los principios constitucionales que protegen los derechos humanos. Por ello, las legisladoras sostuvieron que cualquier reforma debe ser evaluada a la luz de los criterios de igualdad y no discriminación establecidos tanto en la Constitución mexicana como en diversos tratados internacionales suscritos por el país.
Aunque el documento no menciona casos específicos, el pronunciamiento se produce en momentos en que distintas entidades han discutido modificaciones relacionadas con representación política, acciones afirmativas y criterios de paridad, asuntos que han generado debate público sobre el alcance de los derechos políticos de las mujeres y la obligación de las autoridades de garantizar su protección.
Las senadoras concluyeron reiterando la necesidad de mantener y fortalecer los mecanismos que han permitido ampliar la participación femenina en la vida pública del país. Asimismo, señalaron que los avances alcanzados en materia de igualdad política deben preservarse y profundizarse para evitar que futuras decisiones legislativas reduzcan los espacios de representación construidos durante las últimas décadas.
El pronunciamiento se suma a una discusión que permanece abierta en diversos ámbitos políticos y jurídicos sobre la manera en que los estados deberán armonizar sus leyes con los principios constitucionales de igualdad sustantiva, paridad de género y protección de los derechos político-electorales de las mujeres.