/ Carlos Elizondo Mayer-Serra /
Manuel Bartlett ha sido claro respecto a la contrarreforma eléctrica: “No hay aquí indemnizaciones porque es una decisión de la Constitución de México. Entonces, eso de que los vamos a indemnizar, no”. Concluyó: “Sí es retroactiva”.
Así fue con la nacionalización de la banca. Un grupo de banqueros se amparó. El gobierno, dudoso de la constitucionalidad de su decreto, optó por reformar la Constitución e hizo de la banca una actividad exclusiva del Estado. La Suprema Corte decidió no discutir el fondo del amparo porque había una reforma constitucional posterior al hecho. Con esta doctrina, un gobierno con los votos suficientes en el Congreso puede hacer lo que desee y luego corregirlo con una reforma constitucional.
A diferencia de la doctrina Bartlett, entonces sí hubo indemnización. Pero no una Suprema Corte que se atreviera a discutir cuáles derechos no pueden ser anulados ni siquiera por una reforma constitucional. Uno de los entonces ministros, Atanasio González Martínez, argumentaría 25 años después: “¿Por qué no íbamos a poder analizar por la vía del amparo si la modificación a la Constitución estaba bien o mal, si no es el constituyente originario el que la está modificando?”.
Nuestra Constitución ha cambiado mucho. Hoy ya no vivimos bajo un régimen de garantías otorgadas por la Carta Magna, sino de derechos humanos para quienes estamos en suelo mexicano por el mero hecho de ser personas. A partir de este principio, por ejemplo, la Corte ha dicho que no se puede prohibir la interrupción del embarazo, porque ello viola derechos fundamentales de las mujeres.
Sin embargo, no está claro qué haría la Corte si tuviera que decidir entre el derecho a un medio ambiente limpio y sano y la contaminación que generaría la contrarreforma eléctrica. Más importante aún, ¿aceptaría una reforma que viola el principio de no retroactividad claramente estipulado en la Constitución? Para muchos expertos, éste es uno de los principios fundamentales para saber si un sistema legal es justo o es simplemente lo que el poder quiere.
Hasta ahora, el Poder Judicial ha frenado regulaciones y leyes en materia eléctrica que violan el texto constitucional. AMLO ha acatado estas sentencias. La contrarreforma es la ruta para imponer su visión del mundo.
Sería un gran reto para la Corte. Esperemos que no lo tenga que enfrentar. Que al menos un tercio de los legisladores piense en el futuro del país.
Los juristas mexicanos tienden a estar de acuerdo en que contra una reforma constitucional no hay amparo. Si pasa por mayoría constitucional de dos tercios en el Congreso, la oposición difícilmente juntaría el tercio de votos necesario para una controversia constitucional.
Los tratados de libre comercio tienen cláusulas de protección contra estas arbitrariedades. No son propias de un régimen democrático. Tardará en llegar la cuenta de la indemnización pero será un golpe muy duro para el erario. Un impacto más inmediato sería el aumento en aranceles por parte de Estados Unidos en compensación por el agravio a los inversionistas en ese país.
Esta protección sería sólo para esos inversionistas, no para los mexicanos afectados. Caería la inversión, no solo en el sector eléctrico. La contrarreforma confirmaría la visión que se tiene del derecho bajo este gobierno: es sólo un instrumento del poder. Se usa arbitrariamente para tratar de encarcelar a unos científicos por crimen organizado, mientras es omiso frente al verdadero crimen organizado.
Si el poder junta en el Congreso los votos para cambiar la Constitución como lo ha propuesto el gobierno, mostrará su voluntad de tener una reforma que viola principios fundamentales, como el de la no retroactividad. Como decía San Agustín, que para un Presidente cristiano debería ser una referencia: “si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala?”.
