*¿Porque la ley contra vapeadores es tan polémica? te contamos.
10.12..2025. La prohibición total de vapeadores aprobada en la Cámara de Diputados es polémica porque, aunque busca proteger la salud pública, abre riesgos de mercado negro, criminalización indirecta de jóvenes y posibles abusos policiales. Además, se señala que el origen de la iniciativa presidencial tuvo un componente personal: evitar que uno de los hijos de López Obrador usara vapeadores.
Durante el debate en la Cámara de Diputados sobre la prohibición de vapeadores, la diputada de Movimiento Ciudadano Irais Virginia Reyes de la Torre criticó que las sanciones previstas —hasta ocho años de prisión— resultan más severas que las aplicadas en algunos delitos de violencia contra las mujeres.
En la sesión del 9 de diciembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó con 324 votos a favor y 129 en contra la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe de manera absoluta la fabricación, importación, distribución y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos. El dictamen contempla sanciones de uno a ocho años de cárcel y multas de hasta 226 mil pesos para quienes comercialicen estos dispositivos.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Irais Virginia Reyes de la Torre, se manifestó en contra del dictamen y señaló que las penas previstas son desproporcionadas.
Durante su intervención, afirmó que “ocho años por un vapeador” es una sanción mayor que la que se aplica en algunos casos de violencia contra las mujeres, lo que refleja un enfoque punitivo que no atiende la raíz del problema. La legisladora incluso utilizó un vapeador en tribuna para subrayar lo que consideró una reforma “prohibicionista, autoritaria y absurda”.
La crítica se suma a las advertencias de la oposición y organizaciones civiles que alertan sobre los riesgos de trasladar el consumo hacia el mercado negro, exponiendo a jóvenes a la delincuencia organizada y a posibles extorsiones policiales. }
Mientras Morena defendió la medida como un avance en la protección de la salud pública, la oposición insistió en que la criminalización de la cadena de distribución es excesiva y que las sanciones no guardan proporcionalidad frente a otros delitos graves, como la violencia de género.
La polémica no solo gira en torno a la prohibición de vapeadores, sino también a la desproporción de las penas, que según diputadas como Irais Reyes, castigan más severamente la venta de un dispositivo electrónico que ciertos actos de violencia contra las mujeres, lo que abre un debate sobre prioridades legislativas y justicia penal en México.
La ley coloca a México en una de las posturas más restrictivas del mundo frente a los vapeadores. Sin embargo, especialistas advierten que la prohibición total puede ser contraproducente, pues en lugar de reducir riesgos sanitarios, expone a los consumidores a productos sin regulación, a la violencia del mercado negro y a prácticas de corrupción.
Ayer 9 de diciembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó con 324 votos a favor y 129 en contra la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe totalmente la fabricación, importación, distribución, venta y publicidad de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México.
La propuesta fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero su origen se remonta a la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien públicamente declaró que impulsaba la medida para evitar que su hijo menor usara estos dispositivos.
La reforma contempla penas de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 226 mil pesos para quienes comercialicen vapeadores con fines de lucro.
Morena aclaró que las sanciones no aplicarán a consumidores, aunque la oposición advirtió que la redacción inicial criminalizaba incluso la posesión.
Razones de la polémica:
- Motivación personal del Ejecutivo: El hecho de que la iniciativa surgiera de una preocupación familiar de López Obrador ha sido criticado como un uso subjetivo del poder legislativo, más que una política pública basada en evidencia científica.
- Mercado negro y crimen organizado: Al prohibir totalmente la venta legal, se estima que los jóvenes y consumidores buscarán alternativas en el mercado clandestino, lo que abre espacio a la delincuencia organizada y a redes de contrabando.
- Extorsión policial: La oposición y organizaciones civiles advierten que la prohibición puede ser usada como pretexto para extorsiones por parte de policías corruptos, especialmente contra jóvenes portadores de dispositivos.
- Criminalización indirecta: Aunque Morena insiste en que los usuarios no serán sancionados, la ambigüedad inicial del dictamen generó temor de que la juventud sea criminalizada por el simple uso de vapeadores.
- Debate sobre salud pública: El oficialismo defiende la medida como un “avance histórico” en la protección de niñas, niños y adolescentes, mientras que críticos señalan que la prohibición absoluta no elimina el consumo, sino que lo desplaza hacia canales ilegales.
El debate refleja la tensión entre políticas de salud pública y libertades individuales, así como la necesidad de diseñar estrategias integrales que combinen regulación, educación y prevención.
