* No hay estadísticas de mujeres que han actuado en defensa propia a nivel federal.
* Los delitos son del fuero común y compete a entidades federativas locales.
* En Veracruz han detectado 22 casos de mujeres reclusas que han cometido delitos en defensa propia*.
/Redacción/
Xalapa, Ver., 24 abril 2020.- La Presidenta Nacional de la Asociación “Mujeres transformando Vidas”, Maricarmen Rizo Ruiz, organización que atiende el grupos de mujeres reclusas por “el síndrome de la mujer maltratada”, advierte que el gran reto para la ley de amnistía, que sólo es a nivel federal, es su aplicación en el ámbito local y judicial, además de atender una justicia con perspectiva de género, sentido social y la urgencia de un completo reajuste o reforma de los procesos judiciales.
“Son mujeres que cometieron el delito de asesinato en contra de sus parejas, previo proceso de violencia por parte de sus acompañantes, esposo, novios, etc. En ese tipo de casos en específico”, añadió, que para su excarcelación se requieren “las buenas voluntades, que son las mejores para hacer justicia”.
Rizo Ruiz dijo que no ve que los delitos del fuero común, de competencia estatal, sean conmutados con la ley de amnistía federal, ni tampoco se percibe la inmediatez de su aplicación y menos una perspectiva de género en la redacción de la iniciativa aprobada; factores que se requieren para estos momentos de emergencia por la pandemia Covid 19 que enfrenta nuestro país, el principal argumento de quienes aprobaron la iniciativa del presidente.
La activista pro derechos de las mujeres señaló que la ley de amnistía tendría que hacer un recuento y revisión de todos los casos de mujeres que están en la cárcel, analizarlos con un Protocolo para juzgar con perspectiva de género.
En los casos que alcanzan el beneficio está el caso del aborto, que es un delito en los códigos penales locales, “tendría que ser intencionado con causales específicas”, entre otras, por ejemplo. O la de aquellas mujeres que fueron obligadas a cometer delitos contra la salud por coacción, pobreza u otra manera de intimidación o necesidad, entre más condiciones”, abundó.
En los casos que abandera la asociación civil, “en específico (lo del asesinato de cónyuge o similar), se requieren de todo un protocolo de estudio para determinar que se vieron obligadas a cometer el delito en defensa propia y es un proceso que se topa con muchas variables en el ámbito judicial, desde el mismo procedimiento de investigación sin perspectiva de género.
Lamentó que la ley aprobada en el Senado sea únicamente en el orden federal y que los congresos locales aún no se pronuncien, sin embargo la dirigente nacional de la asociación, confió en que pronto la ley de amnistía aterrice en las entidades federativas para obtener justicia y salvaguardar la salud de algunas de las reclusas inocentes.
Se refirió también a la complicación en este rubro (asesinato en defensa propia) si se trata de mujeres indígenas, que supuestamente han delinquido y no tienen ni tuvieron la posibilidad de un traductor. “Son casos complejos que requieren que la ley de amnistía tome otras providencias, advirtió.
Falta no sólo que los congresos locales asuman esta disposición, sino que además se concrete en el poder judicial. Que la perspectiva de género, que nunca fue un factor para hacer justicia, abra la puerta a la política y a un nueva perspectiva de un juzgador y todos los involucrados en la cadena de custodia.
“Tendrían que actualizar todos los procesos jurídico y los enjuiciamientos” sostuvo la activista de derechos humanos de las mujeres al acotar, “si alguien que cometió un delito y no tiene posibilidades de contratar un abogado y menos un traductor, el expediente debe abrirse, pero, añadió “aquí nos topamos con muchas negativas”.
“Falta mucho, Esta ley es un partecita que pueda introducirse a todo este procedimiento para que quienes estén en un estado de vulnerabilidad, se revisen su casos”, Y Enfatizó que no se debe de perder de vista la parte política, No es común que un juzgador se preste a reconocer un error”, alertó.
“Entre fiscales y jueces no están fácil que abran expedientes, que se acepte que se haya cometido un error, es un tema de muchas voluntades, sostiene.
El pasado lunes 20 de abril, la Ley de Amnistía fue aprobada en lo general y en lo particular en el Senado, sin ningún cambio, al documento que la Cámara de Diputados aprobó en diciembre.
La ley contempla liberar a personas que hayan sido procesadas en el fuero federal por delitos contra la salud, como portación de drogas, aborto y robo simple y sin violencia, ni armas de fuego. También contempla a los presos políticos e indígenas que no hayan tenido un juicio justo por falta de intérprete.
En la ley se precisa que los beneficiados de la amnistía deben cumplir con tres condiciones: que la sentencia en firme que tenga el inculpado sea la primera; que no se haya cometido delito de privación de la vida, secuestro o delitos contra la integridad personal y, no se hayan utilizado o empleado armas de fuego.
Los delitos susceptibles de tomarse en cuenta son: aborto, que incluye no únicamente a la mujer que interrumpió el embarazo, sino a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, practicantes del procedimiento. También están los los delitos contra la salud, por posesión y transporte de narcóticos -en los casos que se trate de personas en estado de vulnerabilidad, y además los delitos cometidos por integrantes de los pueblos indígenas a quienes no se haya garantizado el debido proceso.
También aplica para aquellos que hayan sido condenados por robo simple sin violencia y no reincidente y para los presos políticos condenados por sedición, con excepción del terrorismo.
El dictamen define que no se concederá el beneficio de esta ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, ni a quienes cometieron el delito de secuestro, o cuando se hayan utilizado armas de fuego en la comisión del delito, pero no precisa en el supuesto de la defensa propia.
*https://billieparkernoticias.com/detectan-22-mujeres-inocentes-en-carceles-de-veracruz-por-actuar-en-defensa-propia/
