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/Escrito Por Paola Piña /
23.12.2025. Ciudad de México.– De cara a las elecciones de 2027, en el Congreso de San Luis Potosí se presentó una reforma a la Ley Electoral estatal en materia de paridad, denomina “ley esposa”, la cual ha sido cuestionada por permitir la sucesión del poder político «exclusivamente a mujeres», sin embargo se ha podido evidenciar el coto de poder masculinizado que estaría detrás de esta legislación, utilizada para extender brazos de poder masculinizado haciendo uso de un logro feminista como es la paridad o la igualdad sustantiva, con fines de nepotismo.
Esta «ley esposa, podría replicarse en estados como Nuevo León e Hidalgo.
Esta reforma que también ha sido denominada «ley gobernadora», acusan, tiene remitente: Mariana Rodríguez en Nuevo León y Ruth González, ambas con un vínculo matrimonial con el gobernador de sus respectivas entidades, sin embargo, el señalamiento está en los cotos de poder de Samuel García y Ricardo Gallardo quienes estarían sentando las bases para extender su poder utilizando el recurso político feminista.
Por eso es importante analizar la «ley esposa», más allá de las apariencias. En estos estados, supuestamente, se quiere romper con esas barreras estructurales que históricamente han impedido que las mujeres accedan al cargo de la gubernatura. En consecuencia, para 2027 los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes solo podrán postular a mujeres para dicho puesto.
No obstante, la aprobación exprés de la reforma generó señalamientos que sostienen que la medida no tiene como objetivo reducir una desigualdad histórica, sino allanar el camino para ampliar cotos de poder. Ejemplo de ello, está con la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, quienes estarían incurriendo en nepotismo electoral e ignorando, sobre todo, la importancia de la paridad de género y la igualdad sustantiva.
Cabe señalar que actualmente que México ya tiene una reforma constitucional de igualdad sustantiva. El 15 de noviembre del 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó firmó el decreto por el cual se garantiza la igualdad sustantiva para las mujeres dentro de la Constitución Política.
«Es un día histórico. Hoy se publica este decreto y lo resumiría diciendo: Las mujeres ya estamos en la Constitución, nuestros derechos están garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay un reconocimiento de la desigualdad histórica, de tal manera que no solo es el acceso a la educación, a la salud, a todos los derechos, sino también un reconocimiento de esa desigualdad histórica y que, por lo tanto, tienen que ser abiertos todos los espacios para poder resolver esa desigualdad histórica para las mujeres”,
Además, México ya contaba con una reforma constitucional conocida como «paridad en todo», la cual fue aprobada en el 2019 y con ello se ampliaron las cuotas de participación política para asegurar que las mujeres tuvieran acceso al 50% de los cargos en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a nivel estatal, municipal y federal, lo que llevó a una ocupación de cargos de elección popular por parte de mujeres.
Bajo este precepto, para 2027 serán 17 las gubernaturas que estarán en juego en la República Mexicana, por lo que el Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de que se postule la mitad de candidaturas para mujeres, más una. En este caso, serían nueve mujeres contra ocho hombres.
Esta reforma, ha permitido que las mujeres rompan techos de cristal en la política e incidan en espacios de toma de decisiones, lo cual no fue un logro alcanzado de forma rápida ni expedita, sino el resultado de un esfuerzo de varias décadas para que las mujeres sean reconocidas como sujetas políticas activas. Hoy, sin embargo, se señala que este avance se ha utilizado para intereses políticos que buscan consagrar el nepotismo.
Cabe recordar que este principio fue incorporado en la Constitución mexicana en el año 2014, aplicable a las candidaturas a la Cámara de Diputados, el Senado y los Congresos estatales. La primera vez que se implementó esta reglamentación fue en el Proceso Electoral 2014-2015.
La integración de estas reformas fue, sin duda, un logro feminista, pues hasta 2020 en México solo se habían elegido siete mujeres como gobernadoras y dos más habían sido designadas para cubrir ausencias de gobernadores o del jefe de Gobierno en la Ciudad de México. En ese mismo periodo se habían elegido 350 hombres para gobernar las distintas entidades federativas.
Actualmente, este panorama ha mejorado, ya que actualmente, México cuenta con 13 mujeres gobernadoras en funciones: Rocío Nahle (Veracruz), Libia Dennis (Guanajuato), Maru Campos (Chihuahua), Tere Jiménez (Aguascalientes), Margarita González (Morelos), Mara Lezama (Quintana Roo), Delfina Gómez (Estado de México), Clara Brugada (Ciudad de México), Indira Vizcaíno (Colima), Marina del Pilar (Baja California), Layda Sansores (Campeche), Lorena Cuéllar (Tlaxcala) y Evelyn Salgado (Guerrero).
Sin embargo, es importante precisar que, para lograr este decreto constitucional que permitió a las mujeres acceder a puestos de poder, la periodista Lucía Lagunes Huerta señala en su columna “Volvimos a ganar la Paridad” que estos avances han sido resultado, en gran medida, de “las ciudadanas organizadas, de las consejeras y magistradas no solo convencidas de la igualdad entre mujeres y hombres, sino con la capacidad y los argumentos para defender el derecho de todas”.
Logro feminista utilizado con fines de nepotismo
Tal como se vislumbró con anterioridad, el aumento de la participación de mujeres en la política no fue un proceso sencillo, hecho que ha sido ignorado por actores políticos que detentan el poder y que han buscado convertir este avance en una estrategia para transferirlo a sus esposas, no por mérito o capacidad, sino por cercanía, utilizando discursos feministas con fines individuales.
Cabe señalar que el gobierno de Claudia Sheinbaum lanzó la Reforma Antinepotismo, una iniciativa constitucional para prohibir el nepotismo en cargos de elección popular y la reelección consecutiva, con el objetivo de evitar que familiares sucedan a funcionarios en puestos de poder; no obstante, su implementación se pospone hasta 2030.
Ante este vacío legal que aún persiste en México, que no prohíbe la sucesión de cargos a familiares, estados como Nuevo León han planteado seguir el mismo camino que San Luis Potosí. En esta entidad, el Congreso local analiza una iniciativa presentada en septiembre por el partido Movimiento Ciudadano, al que pertenece el gobernador Samuel García, la cual propone reformas a la Constitución estatal y a la legislación electoral en materia de paridad de género.
En caso de aprobarse, se prevé que estas modificaciones sean aplicadas para el proceso electoral de 2027. Al igual que ocurrió en San Luis Potosí, estas iniciativas han sido criticadas, pues se ha advertido que podrían tener como propósito facilitar la sucesión del cargo a Mariana Rodríguez, esposa del actual gobernador de Nuevo León.
Sin embargo el partido político ha apelado que tiene como objetivo establecer reglas específicas para los cargos de elección popular, entre ellos la gubernatura, bajo el argumento de regular la postulación paritaria de candidaturas, al señalar que el marco normativo vigente carece de disposiciones claras para este tipo de cargos.
Asimismo, en Hidalgo se presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer una contienda a la gubernatura exclusiva para mujeres y ampliar el periodo a cinco años. Sin embargo, esta fue suspendida y no se discutirá en el actual periodo legislativo, aunque podría retomarse posteriormente.
Ante esta serie de proyectos de reforma promovidas bajo la aparente bandera de la paridad de género, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que dichas modificaciones a la ley deben evaluarse para determinar si proceden jurídicamente o si realmente tienen como finalidad beneficiar a las mujeres.
De igual forma, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de MORENA, indicó que el partido planea interponer una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada en San Luis Potosí, con el objetivo de evitar que familiares de gobernadores sean llevados a las boletas electorales.
Reformas creadas para mujeres utilizadas con fines políticos
Esta no es la primera vez que una reforma constitucional es utilizada con fines políticos e individuales, alejados de su objetivo original de garantizar la igualdad para las mujeres. Un ejemplo claro es la reforma en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), creada para nombrar, visibilizar y sancionar la violencia ejercida contra mujeres candidatas o en funciones por el simple hecho de ser mujeres. Actualmente, esta figura ha sido utilizada en algunos casos como una herramienta para censurar a la ciudadanía, particularmente a periodistas, desde las propias esferas del poder.
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Un caso ilustrativo ocurrió el 19 de febrero de 2025, cuando la periodista independiente Ruby Soriano recibió una notificación del Instituto Estatal Electoral de Puebla (IEE), en la que se le solicitaba contextualizar una publicación realizada en X, antes Twitter. En dicha publicación, Soriano señalaba que Elvira Graciela Palomares, diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de Puebla, había formado parte de distintos partidos y alianzas políticas a lo largo de su trayectoria.
Aunque la periodista respondió que su publicación se limitaba a describir la carrera política de una funcionaria pública, el 25 de febrero el INE ordenó eliminar todas las publicaciones relacionadas con el tema como medida cautelar. Posteriormente, el 8 de marzo, Soriano fue citada para el desahogo de pruebas y alegatos, aun cuando la propia institución reconoció que no se había ejercido directamente violencia política en razón de género, sino que existían comentarios de terceros dentro de la publicación, por los cuales se le responsabilizó.
La llamada “ley esposa”, junto con el uso indebido de la VPEG, evidencia que, pese a los múltiples logros feministas alcanzados para frenar las violencias y desigualdades dentro de los espacios políticos, estas herramientas han sido utilizadas de manera distorsionada por hombres desde el poder y empleadas para beneficios individuales, quebrantando e ignorando los esfuerzos colectivos que durante años se llevaron a cabo para alcanzar una mayor igualdad sustantiva.
