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/ Escrito por Wendy Rayón Garay /
15.01.2026 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.— A través de una transmisión en vivo en su página de Facebook, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, compartió que ejerció el derecho al veto contra la iniciativa de paridad de género, conocida públicamente como «Ley esposa». Esta iniciativa ordenaba a los partidos políticos a postular únicamente a mujeres para la gubernatura del estado en las próximas elecciones del 2027. Aunque fue aprobada por el Congreso local en diciembre del 2025, ahora ha quedado sin efectos tras la decisión del ejecutivo estatal.
De acuerdo con las declaraciones del funcionario, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la ley fue enviada al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (Ceepac), y posteriormente Cámara de Diputados para su revisión. Una vez que se aprobó fue recibida por el poder Ejecutivo estatal, se decidió que se vetaría para una nueva evaluación y modificación.
La iniciativa de la «Ley esposa» en San Luis Potosí pretendía modificar los artículos 36° y 72° de la constitución estatal pata que, por primera vez, una mujer pudiera acceder a la gobernatura del estado en el proceso electoral de 2027 con las elecciones intermedias. No obstante, la medida fue señalada por diferentes sectores como militantes de partidos políticos PAN y MORENA por ser una posible vía para que actores políticos colocaran a sus esposas, hijas o familiares como candidatas a través del principio de paridad.
Este malestar social se intensificó en un contexto nacional marcado por el debate sobre el nepotismo y la herencia de cargos públicos. Cabe señalar que el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsó la Reforma Antinepotismo, una iniciativa entre familiares; sin embargo, su aplicación fue pospuesta hasta 2030. Aunque la «Ley esposa» incluía medidas para garantizar el principio de paridad, los señalamientos alertaron de su posible uso con fines de nepotismo.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que dichas modificaciones deben evaluarse para determinar si proceden jurídicamente o si realmente tienen como finalidad beneficiar a las mujeres. De igual forma, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de MORENA, indicó que el partido planea interponer una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada en San Luis Potosí, con el objetivo de evitar que familiares de gobernadores sean llevados a las boletas electorales.
«Ley esposa», logro feminista utilizado con fines de nepotismo – cimacnoticias.com.mx
Acceder a una gobernatura siendo mujer
La paridad de género en México sigue siendo una deuda pendiente con las mujeres y sus derechos políticos electorales. La consejera electoral, Carla Astrid Humphrey Jordán señaló durante el conversatorio Reforma electoral integral, en el marco del XXXVI que se trata de uno de todos los problemas que existen en el sistema electoral vigente, pese a la aprobación de la reforma «Paridad en todo» que ordena a los partidos políticos a garantizarla en todas las candidaturas y en los tres niveles de gobierno, así como organismos constitucionales autónomos y también bajo sistemas normativos internos.
De acuerdo con el INE, la paridad es un principio constitucional que ordena el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento y goce de los derechos-electorales de mujeres y hombres que históricamente ha sido desigual. Al movimiento de mujeres le tomó varios años que una medida como esta fuera incorporada en los procesos electorales, tan solo 72 años atrás consiguieron el sufragio femenino en 1953.
Pese la última reforma aprobada en el tema, la consejera electoral señaló que el organismo ha recibido varias quejas de los partidos políticos en resistencia a colocar a mujeres en cargos clave. De acuerdo con el artículo «El camino a la paridad en las gobernaturas» del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las gobernaturas son candidaturas codiciadas por los partidos y han estado reservadas para los hombres.
Constantemente, las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales tenían que intervenir para proteger los derechos políticos-electorales de las mujeres. Fue hasta el proceso electoral federal del 2024 que México no solo consolidó a su primera mujer presidenta con Claudia Sheinbaum Pardo, sino que logró tener 13 gobernaturas al mando de mujeres, siendo este el número más alto alcanzado y un logro histórico.
Quienes actualmente ocupan este cargo son Marina del Pilar en Baja California, Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México, Layda Sansores San Román en Campeche, Indira Vizcaíno Silva en Guanajuato, Evelyn Salgado en Guerrero, Lorena Cuéllar en Tlaxcala, Mara Lezama en Quintana Roo, Clara Brugada en Ciudad de México, Libia García en Guanajuato, Tere Jiménez en Aguascalientes, Rocío Nahle en Veracruz, María Eugenia Campos en Chihuahua y Margarita Gonzáles en Morelos.
No obstante, persiste una brecha en diversas entidades del país donde ninguna mujer ha logrado acceder a la gobernatura como en Baja California Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.
Aunque el número de gobernadoras alcanzó un máximo histórico en el último proceso electoral, la ausencia de mujeres en varias entidades del país evidencia que el acceso a los cargos de mayor jerarquía sigue siendo desigual. Estos contrastes subrayan que la paridad no solo depende de reformas legales, sino de cambios estructurales en las prácticas partidistas, los procesos de selección de candidaturas y la cultura política en general.
