*Chihuahua se convirtió en la entidad número 23 en incorporar disposiciones específicas contra los ataques con ácido y sustancias corrosivas.
/ Escrito por Georgina Monroy Vázquez /
10.09.2026 /CimacNoticias.com/ México.- A siete años del ataque con ácido contra María Elena Ríos Ortiz, México suma ya 23 entidades con legislación específica para sancionar la violencia ácida, luego de que el Congreso de Chihuahua aprobara por unanimidad reformas para incorporar este tipo de agresiones al marco jurídico estatal.
La aprobación en Chihuahua ocurrió el 8 de septiembre y convirtió a la entidad en la número 23 en avanzar en la llamada Ley Malena, iniciativa impulsada a partir del caso de la saxofonista oaxaqueña. Con 23 de las 32 entidades federativas con disposiciones en la materia, la cobertura legislativa alcanza cerca de 72 por ciento del país.
El avance representa un cambio frente a un escenario en el que las agresiones con ácido y sustancias corrosivas podían ser investigadas y sancionadas bajo figuras que no reconocían la dimensión específica de esta forma de violencia contra las mujeres.
Sin embargo, para María Elena Ríos, el avance legislativo contrasta con la situación de su propio caso: este 9 de septiembre se cumplen siete años del ataque y su proceso penal continúa sin una sentencia definitiva.
Siete años después, el proceso permanece detenido
Ríos Ortiz denunció que el proceso contra Juan Antonio Vera Carrizal permanece paralizado desde diciembre de 2024, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza si atraerá los amparos promovidos por el empresario, quien busca obtener su absolución.
De acuerdo con la sobreviviente, Vera Carrizal permanece internado en el Hospital Santa Anita, en Oaxaca, bajo el argumento de problemas de salud. Ríos sostiene que esta situación ha impedido que peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realicen una valoración médica independiente para determinar su condición.
A ello se suma que Juan Antonio Vera Hernández, señalado también como uno de los autores intelectuales del ataque, permanece prófugo. La Fiscalía de Oaxaca mantiene una recompensa de un millón de pesos por información que permita localizarlo y detenerlo.
En un pronunciamiento difundido este 9 de septiembre, Ríos hizo un llamado a la Suprema Corte para que analice el caso con perspectiva de género y evite que la dilación judicial se traduzca en mayor impunidad.
Diez cirugías y un proceso que ha pasado por 11 jueces
En estos siete años, María Elena Ríos ha tenido que someterse a 10 cirugías reconstructivas, además de mantener tratamientos médicos derivados de las lesiones provocadas por el ataque.
La sobreviviente también señala que su caso ha atravesado por 11 jueces, dos gobernadores, tres fiscales generales y dos presidentes de la República, sin que hasta ahora exista una sentencia condenatoria definitiva contra las personas señaladas por su participación en la agresión.
El 9 de septiembre de 2019, alrededor de las 10 de la mañana, María Elena Ríos fue atacada con ácido sulfúrico en Oaxaca. Desde entonces, su caso se convirtió en uno de los principales referentes de la lucha contra la violencia ácida en México y en un punto de partida para exigir que este tipo de agresiones sean reconocidas jurídicamente como una expresión específica de violencia contra las mujeres.
La violencia ácida no es un caso aislado
El caso de María Elena Ríos ocurre en un contexto en el que cientos de mujeres y personas han sido víctimas de agresiones con sustancias corrosivas en México.
Entre enero y octubre de 2025 se identificaron 393 víctimas de amenazas o agresiones consumadas con ácido o sustancias corrosivas, de acuerdo con información del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Del total registrado, 115 personas agresoras fueron identificadas como cónyuges o parejas y 108 como exparejas.
Estos datos muestran además un patrón de violencia relacionado con las relaciones de pareja: más de la mitad de las personas agresoras registradas correspondieron a cónyuges, parejas o exparejas de las víctimas.
La dimensión del problema también rebasa las fronteras de México. La organización Acid Survivors Trust International (ASTI) estima que ocurren más de 10 mil ataques con sustancias corrosivas cada año en el mundo, aunque advierte que la cifra puede ser mayor debido a la falta de registros oficiales y al subregistro de casos.
La violencia ácida provoca lesiones que pueden cambiar la vida de las sobrevivientes y dejar consecuencias físicas, psicológicas y sociales de largo plazo. ASTI señala que uno de los principales obstáculos para dimensionar el fenómeno es precisamente la falta de información y denuncia.