*La iniciativa impulsada en Guerrero busca reconocer como violencia vicaria la obstaculización injustificada de documentos oficiales para hijas e hijos de mujeres víctimas.
19.11.2026 /CimacNoticias.com/ Guerrero.- La negativa de un padre a firmar un documento puede convertirse en una herramienta de control sobre la vida de una mujer y sus hijas e hijos. Esta es una de las problemáticas que busca atender la llamada Ley Tereza, una iniciativa surgida en Guerrero a partir de la historia de Tereza Nava Alfaro, maestra y activista que ha enfrentado obstáculos para obtener el pasaporte de su hija.
La propuesta legislativa busca impedir que la patria potestad y los procedimientos administrativos sean utilizados para prolongar situaciones de violencia vicaria, particularmente cuando un progenitor obstaculiza injustificadamente la expedición de documentos oficiales y limita las oportunidades de desarrollo de sus hijas e hijos.
El 11 de noviembre de 2026, el Pleno del Congreso de Guerrero aprobó remitir al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la diputada Marisol Bazán Fernández, de Morena.
Con esta decisión, la propuesta pasó del ámbito estatal al federal, donde deberá ser recibida, turnada a comisiones, analizada y, en su caso, aprobada para que pueda convertirse en una modificación legal.
La historia de Tereza Nava dio origen a la iniciativa
La Ley Tereza toma su nombre de Tereza Nava Alfaro, originaria de Ahuacuotzingo, Guerrero, quien ha denunciado los obstáculos que ha enfrentado para obtener el pasaporte de su hija debido a la negativa del padre a autorizar el trámite.
De acuerdo con los testimonios difundidos durante la presentación de la iniciativa, esta situación se ha prolongado durante años y le ha impedido aceptar oportunidades de formación académica en el extranjero. La activista relató que, pese a contar con la custodia de su hija, la falta de autorización paterna ha limitado sus posibilidades de viajar con ella.
Su experiencia permitió visibilizar cómo la negativa de un progenitor a cumplir con un trámite puede trascender el ámbito administrativo y convertirse en un mecanismo de violencia que afecta tanto a las mujeres como a las infancias.
A partir de este caso, la diputada Marisol Bazán impulsó una propuesta para modificar distintas disposiciones federales y evitar que la falta de consentimiento de un progenitor sea utilizada para restringir derechos cuando existan condiciones de violencia o incumplimiento de obligaciones parentales.
La iniciativa fue presentada ante el Congreso de Guerrero en abril de 2026 y turnada a comisiones para su análisis.
¿Qué propone la Ley Tereza contra la violencia vicaria?
Uno de los objetivos centrales es incorporar a la legislación sobre acceso de las mujeres a una vida libre de violencia la obstaculización injustificada de trámites para obtener pasaportes de hijas e hijos cuando esta conducta se utilice como mecanismo de control o afectación hacia las mujeres.
Al fundamentar el dictamen aprobado en noviembre, la diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, señaló que existen mecanismos legales y administrativos basados en hechos falsos o inexistentes que pueden obstaculizar derechos relacionados con la guarda y custodia, la convivencia familiar y la expedición de documentos oficiales.
También advirtió que estas prácticas pueden generar afectaciones emocionales y psicológicas, además de prolongar situaciones de control sobre las mujeres.
La propuesta busca que la protección frente a la violencia vicaria se armonice con el interés superior de niñas, niños y adolescentes, particularmente en el ejercicio de sus derechos a la identidad, movilidad, educación, convivencia familiar y desarrollo integral.
Esto implica que las autoridades puedan analizar las circunstancias particulares de cada caso, sin que la autorización de ambos progenitores se convierta automáticamente en una barrera para el ejercicio de los derechos de las infancias.
De Guerrero al Congreso de la Unión
El 22 de abril de 2026, el Congreso de Guerrero registró la iniciativa de Marisol Bazán, que contemplaba reformas a la Ley de Migración, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La propuesta fue turnada a las comisiones correspondientes para su revisión. Meses después, el 11 de noviembre, el Pleno aprobó remitir al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de incorporar la obstaculización del trámite y emisión de pasaportes como supuesto de violencia vicaria.
La decisión abre una nueva etapa para la propuesta, pues corresponderá al Poder Legislativo federal analizar su contenido y determinar si procede la modificación legal.
La historia de Tereza Nava y su hija coloca sobre la mesa una discusión que va más allá de un documento de identidad: el uso de los derechos parentales y de los procedimientos administrativos como mecanismos de control sobre las mujeres, así como la necesidad de que las autoridades garanticen que las infancias no vean limitado su desarrollo por estas prácticas.

