*Escrito por Arantza Díaz .
16.04.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Un juez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala ordenó la libertad inmediata de Keren Selsy Ordóñez Hernández quien permaneció injustamente presa durante casi una década por el delito fabricado de secuestro.
Según informó el Centro Prodh, organización que acompaña el caso desde 2022, fue en ponencia de la magistrada Mary Cruz Ornelas que se logró resolver la apelación y alcanzar la libertad para Keren: «Gracias a todas las personas que unieron voces. ¡Por ella y por todas las mujeres que aún esperan justicia!», anunciaron en sus redes sociales.
Con esta resolución, Keren Ordóñez podrá retomar su proyecto de vida; esta victoria representa el alcance de la justicia, pero también, el recordatorio de que la lucha social mueve y transforma la realidad de las mujeres que son aprehendidas y criminalizadas en nuestro país.
Esta liberación se logra desde la resistencia de la familia, pero también, de las organizaciones civiles que empujaron por una sentencia justa, pues hasta apenas el 12 de noviembre, el juez José Eduardo Morales Sánchez, titular del juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, en Apizaco, Tlaxcala, sentenció a Keren a 50 años en prisión por un delito que no cometió
Tras lo acontecido, el juez fue señalado por no cumplir con un enfoque desde la perspectiva de género; al tratarse de una mujer joven, Keren fue ligada de forma inmediata por las autoridades como participante en el rol de “cuidadora” de las personas víctimas del secuestro, sin considerar que ella se encontraba en un contexto de desigualdad y sujeción.
Además de que se presentó evidencia que deslindaba a Keren como participante en el delito, se admitieron las pruebas que acreditaban la violación a sus derechos humanos y tortura desde el momento de su detención, aunada a la retención prolongada por parte de las autoridades de Tlaxcala, hechos que fueron ignorados sistémicamente por las autoridades judiciales.
Se celebra la libertad de Keren Ordóñez y se nombra el trabajo de quienes lo han hecho posible, pero también, se recuerda que como Keren, hay al menos 12 mil mujeres en la misma situación; mujeres que están privadas de su libertad esperando una sentencia, muchas de ellas, víctimas de la fabricación de delitos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, en nuestro país, mientras los hombres son detenidos después de los 30, las mujeres ingresan a centros penitenciarios entre sus 18 y 29 años de edad. Asimismo, 6 de cada 10, son madres de bebés o infancias. La mitad de este universo tiene de dos a tres hijas o hijos.
En materia de fabricación de delitos, aislamiento y violencia, el 64% refirió haber sido agredida al interior del Ministerio Público. Asimismo, al 39.2% se le amenazó con levantarle con un delito falso y el 45.8% fue incomunicada y aislada.
La situación de tortura, fabricación de delitos y una nula perspectiva de género en los procesos penales es una realidad que ha preocupado, incluso, a nivel internacional con el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que ha instado al Estado mexicano a atender esta emergencia pública.
El caso de Keren Ordoñez no es aislado, sino una tendencia que expone los fallos sistémicos y estructurales en contra de las mujeres; tal como pasó con el caso de Sanjuana Maldonado imputada por un falso delito de secuestro o el pobre actuar de las autoridades para liberar a Florencia Jovita quien cumplió una década en prisión por -igualmente. el delito de secuestro; fue puesta en libertad este 2025.
¿Quién es Keren Ordóñez?
Keren tenía 19 años y recién había dado a luz a su hija, quien hoy tiene 9 años. En ese entonces, maternaba en autonomía y vivía en situación de pobreza extrema.
En diciembre del 2015, Keren salió de su casa para cobrar el dinero de la manutención de su hija; sólo caminó un par de cuadras hacia la casa de su expareja y mientras lo esperaba en la puerta, fue interceptada por vehículos de la policía federal y ministerial de Tlaxcala. Ella se encontraba en el estado de Veracruz.
Los agentes detuvieron a Keren, a su expareja, a otro hombre que acompañaba a este último y a su bebé.
Al interior de la patrulla, Keren fue asfixiada de forma reiterada con una bolsa de plástica, golpeada y amenazada con que lastimarían a su bebé que tenía semanas de nacida.
Keren y su hija fueron llevadas finalmente a la Fiscalía General de Veracruz, ahí, se levantó un reporte donde se lee: «Niña de un mes de edad. Calidad: Detenida».
Tras cuatro horas incomunicadas, Keren y su bebé fueron llevadas al estado de Tlaxcala, donde fueron sujetas a mayor violencia; se le adjudicaba el delito por haber secuestrado a una persona y que, supuestamente, los hechos habían sucedido en casa de su expareja el día anterior.
Keren Ordoñez, nunca había visto a la persona presuntamente secuestrada y rechazó saber de qué se trataba, al no obtener la declaración que se buscaba, las autoridades tlaxcaltecas comenzaron a torturarla y amenazarla con hacerle algo a su hija. Para este momento, ya habían pasado casi 12 horas desde su detención.
La mujer, en calidad de detenida, fue forzada a firmar una declaración falsa donde reconocía su participación en el secuestro. Acto seguido, la bebé fue entregada al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, conocido como DIF, sin haber dado aviso a ningún otro familiar.
La bebé, de nombre Yaritza, permaneció 12 días lejos de su familia y estaba lista para ser adoptada, pues las autoridades se refugiaron en que la niña no tenía acta de nacimiento, ni documentación alguna de registro.
Yaritza fue recuperada gracias a su abuela materna luego de casi dos semanas de lucha y pruebas de que era su nieta.
Rápidamente, el rostro de Keren comenzó a rondar por todos los espacios de difusión; se le señalaba de ser una secuestradora, se compartieron fotografías, direcciones y demás datos personales lo que violó su derecho a la presunción de inocencia.
La expareja de Keren fue puesto en libertad tras 5 años en reclusión y en contraste, el 20 de noviembre del 2019 el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedra en Tlaxcala le dictó a Keren una pena de 50 años de prisión.
El caso permaneció abierto y entre estos deslices anuales de los jueces del tribunal tlaxcalteca, Keren perdió casi 10 años de su vida, una vulneración directa a sus derechos humanos, pero también, a los de su familia, particularmente de su hija y sus padres quienes denunciaron de forma incisiva que la criminalización de Keren devenía de una segregación de género, pero también, de una violencia clasista a manos de los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
