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14.10.2026 Alejandro Rocha Laureano, excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, recuperó su libertad en Cancún, Quintana Roo, luego de que una autoridad judicial determinara que ya había permanecido en prisión más tiempo del establecido en la condena que le fue impuesta por su participación en los hechos relacionados con la detención y tortura denunciadas por la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Su excarcelación vuelve a poner bajo escrutinio la respuesta de la justicia mexicana ante uno de los casos más emblemáticos de represalias contra la libertad de expresión en el país.
La liberación se dio a conocer el 14 de octubre de 2026. Rocha Laureano recibió una pena de cinco años y seis meses de prisión, pero permaneció encarcelado desde diciembre de 2018, por lo que el juez consideró que la condena había sido cumplida en exceso y ordenó su salida del penal de Cancún.
La decisión no equivale a una absolución por falta de pruebas, sino a la determinación de que el tiempo que pasó privado de la libertad superó la pena impuesta. La distinción es importante para comprender el alcance de la resolución y evitar confundirla con otros fallos judiciales que también han beneficiado a exfuncionarios vinculados con el expediente de Lydia Cacho.
Rocha Laureano fue detenido en Puebla en diciembre de 2018 por agentes de la entonces Procuraduría General de la República, mediante la Agencia de Investigación Criminal. En ese momento aún trabajaba como agente de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Las investigaciones lo relacionaron con el operativo en el que la periodista fue arrestada en Cancún y trasladada por carretera a Puebla en diciembre de 2005.
El caso se originó después de la publicación de Los demonios del Edén, libro en el que Cacho documentó una red de explotación sexual infantil y pederastia vinculada con el empresario Jean Succar Kuri. En su investigación también mencionó al empresario Kamel Nacif Borge, quien posteriormente promovió acciones legales contra la comunicadora en Puebla.
El 16 de diciembre de 2005, policías judiciales detuvieron a la periodista en Cancún y la trasladaron durante aproximadamente 20 horas hasta Puebla. Cacho denunció que durante ese recorrido sufrió amenazas, incomunicación, hostigamiento y tortura física y psicológica. La detención y el traslado fueron cuestionados por organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de los derechos humanos, que señalaron el uso de las instituciones públicas para intimidar a una periodista por su trabajo de investigación.
La controversia adquirió una dimensión nacional en 2006, cuando se difundieron conversaciones telefónicas entre Kamel Nacif y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres. Las grabaciones provocaron un escándalo político porque expusieron la cercanía entre el empresario y el mandatario, además de referencias a la detención de Cacho. El caso quedó asociado desde entonces a las denuncias sobre posibles redes de protección entre intereses empresariales y autoridades estatales.
A dos décadas de aquellos hechos, las consecuencias judiciales han avanzado de manera desigual para las personas señaladas. La liberación de Rocha Laureano se suma a una larga secuencia de procesos, recursos y modificaciones de medidas cautelares que han mantenido el caso en el debate público sin cerrar las exigencias de justicia y reparación de la periodista.
Otro de los funcionarios involucrados es Hugo Adolfo Karam Beltrán, quien encabezaba la Policía Judicial de Puebla cuando ocurrieron los hechos. Fue detenido en julio de 2023 por su probable responsabilidad en el delito de tortura, de acuerdo con información publicada por La Jornada. Su situación jurídica ha tenido cambios posteriores, incluida una resolución que le permitió continuar su proceso fuera de prisión bajo determinadas condiciones.
El exgobernador Mario Marín también fue procesado en relación con el caso. Su detención ocurrió en febrero de 2021, después de permanecer prófugo, y su situación judicial ha atravesado distintas resoluciones sobre las condiciones de reclusión. Los reportes disponibles al 14 de octubre de 2026 señalan que continúa recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.
La respuesta del Estado mexicano al caso también ha sido objeto de cuestionamientos internacionales. En 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó que México había vulnerado derechos de Lydia Cacho y pidió adoptar medidas de reparación y sanción. En 2019, el Gobierno mexicano ofreció una disculpa pública a la periodista.
La importancia del expediente va más allá de la situación penitenciaria de un exmando policial. El caso expuso los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas cuando sus investigaciones afectan intereses políticos y económicos, así como las consecuencias que puede tener la utilización de las instituciones de procuración de justicia para responder a una denuncia o publicación incómoda para quienes detentan el poder.
Para Cacho, la detención y las agresiones que denunció formaron parte de una represalia por revelar información sobre explotación sexual infantil y las relaciones de personajes influyentes con el empresario Succar Kuri. La persecución judicial que enfrentó también se convirtió en un referente de las amenazas a la libertad de prensa y de la vulnerabilidad de quienes investigan redes de violencia contra niñas y niños.
La excarcelación de Rocha Laureano responde al cómputo de la pena determinada por la autoridad judicial, pero no borra los antecedentes del caso ni las denuncias que dieron origen a la investigación. Tampoco resuelve por sí sola las preguntas sobre la cadena de mando, las responsabilidades institucionales y las condiciones que permitieron la detención y el traslado de la periodista.
Con esta nueva liberación, el caso Lydia Cacho vuelve a exhibir la complejidad de obtener justicia cuando las agresiones denunciadas involucran a funcionarios públicos y personas con poder político o económico. Para las organizaciones que defienden la libertad de expresión, el desafío sigue siendo garantizar que las investigaciones contra quienes agreden a periodistas avancen con independencia, que las víctimas reciban una reparación integral y que la denuncia pública de delitos no vuelva a convertirse en motivo de persecución.