*A Juicio de Amparo.
/ María Amparo Casar /.
Hace apenas tres meses escribí en este mismo espacio sobre la libertad de expresión.
Cité los casos de: la orden de la gobernadora de Campeche de cerrar el medio local Tribuna y prohibir a su exdirector ejercer el periodismo; de Héctor de Mauleón y El Universal; de los magistrados del Tribunal por haber castigado a una ciudadana que se atrevió a acusar en las redes al líder de los diputados de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, de nepotismo (el famoso dato protegido), de la Ley de Ciberseguridad del gobierno morenista de Puebla que castiga con penas de 11 meses a tres años de prisión y multas económicas por los insultos, injurias, ofensas, agravios y vejaciones en redes sociales.
Incluso se ha agregado una nueva modalidad. La utilización de las autoridades electorales para acusar y acallar a periodistas (o a usuarios de las redes) a través de la modalidad de la “violencia política de género”. Como si la corrupción tuviera género.
El peligro que corre la libertad de expresión volvió a los titulares de la prensa, a los noticieros y a las redes en ocasión de la demanda interpuesta por Pío López Obrador en contra de Carlos Loret de Mola y de Latinus por daño moral y daños punitivos. Una demanda por 400 millones de pesos por la revelación de los videos en que se ve al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibir sobres con dinero en efectivo. En su momento, o sea cuando el periodista exhibió el primer video (2020), el propio presidente de México aceptó que ese dinero era para su movimiento. Ahora (2025) Loret exhibe un nuevo video en donde el mismo personaje -David León- entrega 300 mil pesos de parte del exgobernador de Chiapas y hoy senador Manuel Velasco, a un candidato de Morena.
En el caso Latinus habría que recordar que el derecho a la libertad de expresión está asociado a otro derecho. El derecho a la información que incluye, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. Eso es lo que hicieron el periodista Loret y la empresa donde trabaja. Es también lo que hicieron Héctor de Mauleón y El Universal, o lo que hacen cotidianamente los periodistas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
En la mañanera del pasado 17 de septiembre, la presidenta Sheinbaum afirmó que en México hay democracia plena y, ante la pregunta de un reportero, reviró con otra pregunta: ¡censura!, “¿dónde hay censura?” dijo la presidenta.
Es cierto que bajo el criterio único de que aún hay espacios críticos en la prensa y las radiodifusoras, podría argumentarse que no hay censura. Pero todos sabemos que la realidad es más compleja y que existe y se ejerce lo que llamamos censura indirecta.
Como escribí en junio pasado, la censura toma muchas formas: el acoso judicial, las auditorías fiscales, la revelación de datos personales, las granjas de bots que de manera sistemática atacan y amedrentan a periodistas que informan sobre casos incómodos para el gobierno, las mañaneras en que la propia presidenta difama a los medios y sus comentaristas, la intervención legal de comunicaciones privadas.
Según Artículo 19 (también organización que ha querido ser desacreditada por su labor de investigación y defensa de la libertad de expresión) evidenció que en el primer semestre de este año además de los 7 acallamientos definitivos por desaparición o asesinato, 39 periodistas y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos judiciales -administrativos, penales y hasta electorales- en su contra. “Esto equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio y, este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”. Y concluye: la violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas: ahora se traslada a los tribunales.
Por eso no es de extrañar que de 180 países mide el Free World Index (2025) México ocupe el lugar 121 de 180. Por eso tampoco es de extrañar que ya no seamos claificados como democracia plena sino “híbrida”. Por eso México no es libre sino parcialmente libre.
Si el nuevo gobierno quiere hacer realidad eso de que es la mejor democracia del planeta y que la libertad de expresión es absoluta, podría comenzar por dejar de perseguir a los periodistas que investigan y difunden información incómoda para el poder.
Ahí está Estados Unidos haciendo gala de haber despedido a Jimmy Kymmel y a Stephen Colbert. Aquí en México se despide a periodistas, pero el gobierno esconde la mando. La demanda contra el New York Times también es reveladora. A ese periódico se la “ha permitido mentir libremente, desacreditarme y difamarme por demasiado tiempo” dijo Trump. En México se demanda a periódicos por un menor monto, pero el hecho es el mismo.
