*Zurda.
/Ruth Zavaleta/
La lucha por las libertades ciudadanas de pensamiento, de libre asociación política, de soberanía ¡y de elección de los gobernantes, no sólo fueron las causas de la Guerra de Independencia y la base de las constituciones desde 1824 hasta la vigente de 1917, sino de la lucha social y política que derivó en las diversas reformas político constitucionales que se aprobaron en un primer periodo desde 1977 hasta los años 90, y que culminaron con el derrocamiento del partido de Estado y el inicio de la primera alternancia de poder presidencial hace 25 años. Esa lucha no fue fácil, en el camino miles de personas dieron su vida para lograr que el voto de los ciudadanos fuera realmente libre; que hubiera piso parejo para que los partidos políticos lucharan por el poder; que no hubiera fraude, ni en la elección presidencial ni en la repartición de curules en el Congreso de la Unión.
Pero esa nueva conformación política plural del Estado mexicano que inició en el año 2000, con la presidencia de Vicente Fox (incluso, desde 1997, cuando el PRI perdió la hegemonía), generó un círculo virtuoso en cuanto a la aprobación de reformas constitucionales y legales que fortalecieron el régimen democrático y el principio de división de poder, toda vez que, la presencia heterogénea de legisladores obligó a legislar sólo bajo el principio constitucional de progresividad.
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Bajo ese principio se amplió el reconocimiento de los derechos humanos y se fortalecieron las libertades ciudadanas, no sólo enunciativamente, sino con la implementación de políticas públicas y el fortalecimiento o creación de instituciones. Los ejemplos abundan, pero los más emblemáticos e inmediatos son la creación del Inai, que garantizaba, por un lado, el acceso a la información para que hubiera rendición de cuentas de los gobernantes y del uso de los recursos públicos y, por otra parte, la protección de datos personales para garantizar ese mismo derecho a quienes los solicitaban. También, para evitar el abuso de poder, se crearon o se fortalecieron mecanismos constitucionales e institucionales para garantizar el Estado de derecho y la relación federalista, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y el recurso de amparo directo e indirecto.
No obstante, el Inai ya no existe, y los efectos de los mecanismos fueron modificados, porque a partir de 2018, Morena y sus aliados han aprobado reformas constitucionales que afectan, perniciosamente, ese principio de progresividad, y representan un retroceso en materia de libertades ciudadanas. Las más significativas habían sido la reforma judicial y la militarización de la Guardia Nacional, pero en el pasado periodo extraordinario (23 de junio al 2 de julio) se sumaron varias reformas legales que fueron aprobadas sin un análisis profundo de sus efectos, incluso, tal vez, sin leerse por la mayoría de legisladores que las votaron.
De un total de 16 reformas que afectan a más de 20 leyes, por lo menos cinco están relacionadas entre sí y representan un retroceso porque ponen en riesgo las libertades de los ciudadanos, por ejemplo, la del Sistema Nacional de Seguridad y la de Investigación e Inteligencia (conocida como la ley espía), que dan superpoderes concentrados en inteligencia e investigación a la SSPC; la de la GN, que reconoce control total de esta corporación en manos de la e la Defensa y dota de facultades de investigación y espionaje a la dependencia; la Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, reglamentaria del artículo 25 Constitucional, cuyo objetivo, aparentemente, es el de crear una plataforma única de registro de trámites, pero bajo la coordinación de la Agencia de Transformación Digital que asocia la CURP a un expediente digital que puede ser vulnerado y así, por ese mismo camino, aprobaron otras reformas que no tenemos espacio para mencionar.
Lamentablemente, por un lado, el fracaso de estas reformas sólo podrá ser evaluado con la experiencia y eso implica un alto costo para las libertades de los ciudadanos, por otra parte, Morena y sus aliados cometen el mismo error de otras legislaturas: aprueban reformas pensando que su poder es eterno, pero no, el poder es efímero, aunque se trate de imponer a la fuerza o con reformas.
