HORA LIBRE
Álvaro Belin Andrade
Aunque su máxima electoral, reverdecida ahora que se acercan los comicios de 2021, es “Primero los pobres”, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mostrado cómo la entiende. Ha dejado a los más desfavorecidos en situaciones críticas de salud, abriendo más la brecha en materia educativa en medio de la pandemia y, para colmo, quitando la leche subsidiada a casi medio millón de mexicanos pobres, distribuida por la empresa Liconsa.
Para colmo, la corrupción hizo brotar sospechas: una compañía fundada por Alejandro Puente Córdoba, empresario de telecomunicaciones ligado a actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón, recibió con tan solo cinco días de diferencia dos contratos del gobierno federal, con vigencia de cinco años, que implican un pago por hasta 4 mil millones de pesos, para procesar y vender leche a Liconsa.
Una auditoria de la Secretaría de la Función Pública revela que en 2019 quitaron leche subsidiada a casi 500 mil mexicanos pobres, mientras que un documento interno de Liconsa revela que en municipios en extrema pobreza el precio del litro de leche de la empresa paraestatal se incrementó en 150 por ciento.
En dos reportajes de la organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, MCCI, se revelan estas medidas que están sufriendo miles de familias en municipios con extrema pobreza tanto urbanos como rurales e indígenas, y que afectan a miles en Veracruz.
Pero Liconsa no solo dejó fuera del reparto de leche subsidiada a más de 478 mil mexicanos en situación de pobreza e incrementó 150% el precio del litro a los más pobres, sino que eliminó de su lista prioritaria de abasto a 67 de los municipios con mayor marginación del país que recibían el lácteo a tarifa preferencial. Todo ello, el año pasado.
Menos beneficiados y un precio más alto
Una auditoría realizada a inicios de 2020 por el Órgano Interno de Control de Liconsa revela que al cierre del ejercicio 2019 se había atendido con leche subsidiada a 5 miIlones 871 mil 236 personas en condición de pobreza, pese a que la meta había sido la de alcanzar 6 millones 350 mil beneficiarios, que era la cobertura lograda un año antes, el último de Peña Nieto.
Si comparamos la cobertura alcanzada en 2019 con la alcanzada en 2010, cuando el abasto de leche superó los 6 millones de beneficiarios, y con 2013, en que llegó a un récord de 6 millones 490 mil, según cifras auditadas y validadas por la Auditoría Superior de la Federación, 2019 registró la cobertura más baja en la última década.
Sobre la reducción en abasto y el incremento en 150 por ciento en el precio de la leche, la organización señala:
“Entre enero y junio de 2019 se repartieron 17 millones 476 mil litros en 616 municipios de extrema pobreza en 21 estados y para la segunda mitad del mismo año (julio-diciembre) se redujo a 17 millones 271 mil litros en 549 municipios marginados de 18 estados. La reducción fue de 205 mil litros de un semestre a otro.
“Si bien se redujo el volumen, el aumento del precio a la población más pobre permitió a Liconsa elevar sus ingresos. En el primer semestre la dependencia cobró 17.4 millones de pesos por la leche subsidiada a un peso y para el segundo semestre captó 43.3 millones de pesos con la leche a 2.50, revela una segunda auditoría independiente encargada al despacho Salles, Sainz, Grant Thornton”.
Y añade:
“En 2020 continuó el programa de leche a 2.50 pesos en los municipios con mayor marginación, pero la cobertura se restringió todavía más, pues de 18 estados incluidos en 2019 se recortó a sólo 16. Los estados que quedaron fuera son Guanajuato y Nuevo León, que entre enero y abril del presente año no recibieron ni un solo litro en este programa destinado a la población más pobre”.
Gobierno de AMLO entrega contratos a empresario polémico
Aunque la compañía como el empresario carecen de experiencia o antecedentes en la actividad contratada, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó, a una compañía fundada por Alejandro Puente Córdoba, empresario de telecomunicaciones ligado a actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón, dos contratos con vigencia de cinco años, que implican un pago por hasta 4 mil millones de pesos para procesar y vender leche a Liconsa.
Según la organización MCCI, Puente Córdoba creó Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV el 11 de noviembre de 2014 como una empresa de la construcción y fue hasta el 3 de diciembre de 2018 –a dos días del cambio de gobierno- cuando se añadió a su objeto social que también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.
A un año de haber cambiado de giro, el 12 de diciembre de 2019, Liconsa firmó un convenio con Grupo Vicente Suárez 73 para procesar como mínimo 400 mil litros de leche al día en una planta que se construirá en Tabasco. Cinco días después, el 17 de diciembre, se firmó un segundo convenio con la misma empresa, con idénticas características de volumen, pero esta vez para una planta procesadora que se construirá en Zacatecas.
Ambos convenios fueron firmados por Alejandro Armenta Peralta, quien desde 2012 ha sido abogado y apoderado legal de múltiples negocios de Puente Córdoba, según pudo constatar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Los convenios tienen vigencia de cinco años a partir de su firma, y en los mismos se establece que será hasta diciembre de 2021 cuando inicien operaciones las plantas procesadoras de leche. Una cláusula, sin embargo, le permite vender a Liconsa leche procesada desde el momento de la firma (diciembre de 2019), vía la subcontratación con otras compañías ya establecidas que cuenten con la infraestructura necesaria.
Además, entre abril y diciembre de 2019, Diconsa otorgó otros dos contratos a la misma empresa para la venta de fruta para su programa de abasto rural, por 485 millones de pesos. De esa forma, los contratos acumulados por Grupo Vicente Suárez 73 tanto para surtir leche como fruta superan los 4 mil 500 millones de pesos.
Polvo de gis
Cuitláhuac asume tono lastimero de AMLO ante la prensa… Quienes nos dedicamos al periodismo sabemos muy bien que hay de periodistas a periodistas, que hay niveles y formas distintas de tomar la profesión, unos dedicados a mantener la torpe creencia en el denominado cuarto poder, y quienes nos dedicamos a labrar con palabras el acontecer cotidiano y a señalar críticamente el ejercicio del poder. Alejados toda su vida de la administración pública, primero el lastimero presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora su hijo predilecto Cuitláhuac García Jiménez, la han emprendido contra medios y periodistas, sin distinguir entre fedayines y profesionales. Para ambos, con mucha cola de ineptitud qué aplastar, lo más sencillo es lloriquear: están los buenos periodistas que alaban cualquier medida, por ridícula que sea (como poner a consulta la aplicación de la ley porque son incapaces de tomar decisiones y porque eso levanta sus deplorables famas públicas ), y los malos periodistas, que extorsionan y piden convenios desmedidos, donde se incluye a los críticos, sin importar si son los clásicos mercachifles o quienes nos dedicamos a honrar el ejercicio honesto del periodismo. Siempre nos ha ido mal: cuando estaban los priistas, los periodistas corruptos se llenaban las talegas con enormes sumas de dinero público y, gracias a esos ladrones, se hablaba mal de todos los periodistas. Hoy todo periodista crítico es chayotero. En descarga, solo podemos decir que todos los políticos son corruptos y sucios, sin importar las siglas y acrónimos. Así que señor López y señor García, ustedes son la muestra de lo mismo que acusáis. Despójense de sus máscaras de honestos.
Celo y represión: la cara obscura de Nahle… La secretaria de Energía y desesperada aspirante a la gubernatura de Veracruz en 2024, Rocío Nahle García, anda que no le calienta ni el sol cuando ve al senador Ricardo Ahued Bardahuil andar por los caminos de Veracruz recogiendo simpatías. No lo soporta, y si periodistas de su zona de influencia, Coatzacoalcos, se atreven a criticarla o a ponderar la figura del comerciante xalapeño (de origen hidalguense), es capaz de todo. La última ha sido obligar a Radio Fórmula Veracruz a despedir al periodista Víctor Manuel Nazariego, del Colectivo Voces, del programa que se transmitía por el 98.5 en Coatzacoalcos. A través de su vocera Mary Vázquez Guízar, presionó a los empresarios de sacar del aire al comunicador, quien lo explica en una carta así: “Hubo una gota que derramó el vaso, la entrevista realizada al senador Ricardo Ahued Bardahuil. Hasta entonces, las presiones recibidas por la crítica ejercida por algunos de nuestros analistas invitados, habían sido sofocadas. Una de ellas tuvo que ver con la intervención de la vocera de la Secretaría de Energía del gobierno federal, Mary Vázquez Guízar. Intervino directamente con los altos directivos de Radio Fórmula Veracruz para que Colectivo Voces fuera acotado. Y así ocurrió, salimos del aire, lamentable la represión a los medios críticos en Veracruz”. Y da una versión clara de la razón por la que Nahle reaccionó de esa manera: “El problema es de celo político. El celo político de Rocío Nahle al Senador Ricardo Ahued, porque ella va en picada y el Senador de Morena crece en su imagen, posicionamiento y lo hacen el candidato número uno de Morena al gobierno de Veracruz”.
Frases sin disfraces
“Independientemente de cómo sean, nosotros tenemos que aguantar vara y ser respetuosos; claro, algunos medios aprovechan esta libertad para presionarnos, insultarnos, decir mentiras, para que tengamos convenios más allá de lo que nosotros podemos”. Cuitláhuac García Jiménez.
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