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/ Ana Laura Magaloni Kerpel /
Durante décadas dimos por sentado que los límites al ejercicio del poder estaban contenidos en el derecho: Constituciones, leyes, tribunales y procedimientos eran el dique frente a la arbitrariedad. Esa fue la gran apuesta de la democracia liberal: que el poder dejara de depender de la voluntad de quien gobierna y quedara sujeto a reglas generales, previsibles e impersonales. Hoy esa premisa está en crisis.
Lo inquietante no es solo que los límites al poder se estén erosionando, sino cómo lo están haciendo. El proceso de erosión no comienza a través de reformas constitucionales ni de cambios legales explícitos, sino mediante la modificación de algo más profundo y menos visible: las creencias colectivas y los valores compartidos que determinan qué conductas del poder resultan aceptables y cuáles no. Yo creo que, en esta época de cambio de era, los límites al poder cambian antes que las normas y después las normas jurídicas pueden servir para consolidar el cambio.
El caso de Estados Unidos bajo Donald Trump es paradigmático. Como todos sabemos, en Minneapolis, durante una operación federal de control, un agente de Immigration and Customs Enforcement (ICE) disparó y mató a Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que no representaba una amenaza letal inminente y no estaba participando en actos violentos contra nadie. La administración federal presentó ese episodio como un choque inevitable, incluso describiendo a la víctima y a los manifestantes como “terroristas domésticos” y defendiendo las acciones del agente como de “autodefensa”. Sin embargo, las grabaciones contradicen esa narrativa oficial, mostrando a la mujer intentando retirarse cuando recibió los disparos.
Lo que ocurrió en Minneapolis no implica una modificación de las normas jurídicas sobre uso de la fuerza o control migratorio -esas siguen siendo las mismas-, pero sí movió los límites de lo aceptable. Cuando la máxima autoridad política respalda sin matices acciones letales de agentes federales en nombre del orden, sin que medie responsabilidad efectiva, lo que cambia es la percepción colectiva de qué está prohibido y qué permitido. En otro contexto político, social y cultural, un episodio como el de Minneapolis habría generado repudio unánime y consecuencias inmediatas para los responsables. Hoy no es así. Aunque jurídicamente nada ha cambiado.
La muerte de Good se convirtió en símbolo de cómo las creencias compartidas se reajustan, desplazando fronteras implícitas entre lo permitido y lo prohibido sin ninguna modificación legal formal. Ese desplazamiento no ocurre porque las reglas hayan cambiado en el papel, sino porque la interpretación social de las reglas y el peso moral de su cumplimiento se han debilitado. El derecho permanece, pero su capacidad de contener al poder se diluye cuando el consenso que lo sustenta se fractura. Quizá esa es la gran tragedia social que esconde la polarización.
Estamos aprendiendo que en contextos de cambio de régimen, el derecho suele ser una de las primeras víctimas. No porque desaparezca, sino porque pierde centralidad. Sirve mal para momentos de ruptura, porque está diseñado para preservar el statu quo. Cuando el poder se concibe a sí mismo como fundador de un nuevo orden, los límites jurídicos se vuelven maleables, negociables o simplemente irrelevantes.
La pregunta de fondo no es jurídica, sino política y cultural: ¿qué ocurre con el derecho cuando deja de ser el lenguaje común que delimita el poder? Cuando el fundamento moral compartido que respalda ese idioma legal se fragmenta, las normas se convierten en textos sin fuerza. Los límites se vuelven flexibles, impredecibles y profundamente desiguales.
Esa es la señal más clara de que un régimen ha empezado a cambiar, incluso antes de que cambien las leyes: cuando deja de importar lo que dice la norma y empieza a importar solo lo que el poder puede imponer.
