*El Ágora
/ Octavio Campos Ortiz /
Las sociedades renunciaron al derecho natural para constituir un pacto social, mediante el cual se pudiera convivir de manera pacífica, por lo que aceptaron la creación del Estado, cuyas instituciones garantizarían seguridad y justicia; la función primigenia de esa organización política social es proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos, por lo que estos renuncian a hacerse justicia por propia mano y aceptan un sistema de normas y reglamentos que conforman el Estado de Derecho. La humanidad pasó de la barbarie a la civilización.
El Código de Hammurabi retomaba la Ley del Talión, no solo como venganza social sino como principio de justicia que resarcía el daño en términos de igual, pero reconocía la presunción de inocencia y la aportación de pruebas en favor del acusado.
El Estado se convirtió en la máxima autoridad en materia de gobernabilidad, seguridad y justicia. Todo mundo debería acatar las leyes y códigos, por lo que sería innecesaria la venganza personal. En México no contamos con el mejor sistema judicial, sobre todo porque aún hay deficiencias en su aplicación. Precisamente por esa imperfección en los procesos penales se abolió la pena de muerte, ya que se pueden cometer muchas injusticias, pero también se sancionó el linchamiento.
Lamentablemente en la administración de la 4T se vive una crisis de gobernabilidad que ha impactado en la seguridad y la aplicación de la justicia con altos índices de impunidad que rondan el 96 por ciento. El crimen organizado ensangrentó al país y campean los ilícitos violentos; la ausencia de una política pública de seguridad propició el incremento de la incidencia delictiva y una mayor percepción ciudadana de inseguridad. También la sociedad perdió la confianza en las autoridades de seguridad y procuración de justicia, por lo que parte de la población decidió tomar sus propias acciones de protección. Recordemos el linchamiento de delincuentes en el sur del EDOMEX, donde los habitantes de una comunidad ultimaron a quienes querían extorsionarlos con el pago de piso. Cerca de doscientos casos se han registrado en los últimos años y recientemente se conoció del trágico asesinato de una inocente pequeñita de ocho años que solo quería disfrutar de la diversión con una amiga en una alberca inflable. Condenable el brutal infanticidio, pero igual de reprobable la muerte de la presunta responsable a manos de los vecinos. La inacción o ineficacia de las autoridades posibilitó el regreso de Fuente Ovejuna.
En Taxco se evidenció un gobierno fallido, la desconfianza en las autoridades de seguridad, la ineficacia de las policías, el burocratismo de la Representación Social, la descoordinación con los juzgadores, la ausencia del gobierno federal y el hartazgo social que busca hacer justicia sin la certeza de tener pruebas. Cada día es más evidente el anacronismo del pacto social, la inoperancia del Estado y el mayor hartazgo ciudadano por la impunidad que prevalece ante el delito. Esa falta de gobernanza hace que peligre el pacto social y regresemos, no a la Ley del Talión, sino a la barbarie de las sociedades nómadas. Inadmisible aceptar esa regresión o la normalización del linchamiento como forma de hacer justicia. Se tiene que evitar la impunidad de las conductas antisociales, pero tan deplorable es el infanticidio como que la turba asesine a una mujer. La ineficiencia de las autoridades propicia el 96 por ciento de la impunidad y la pérdida de la confianza en la justicia, pero no se justifica el arrebato social. Nunca debió morir la niña y queda pendiente esclarecer el móvil.
Aunque hay una evidente descomposición social y pérdida de valores, no se puede recurrir a la justicia por propia mano porque es negarnos como sociedad. ¿Cuál será nuestro futuro? A los ciudadanos corresponde exigir que se restituya el Estado de Derecho y se renueve el pacto social, es urgente recuperar la gobernabilidad y castigar las conductas antisociales, pero sin correr el riesgo de privar de la vida a presuntos responsables. Corresponde a un juzgador valorar las pruebas y aplicar las sanciones, las cuales omiten la pena de muerte. Hammurabi también consideraba la presunción de inocencia.
