*En el marco de la discusión sobre Uniones Tempranas y Embarazo Adolescente, convocada por el Programa Universitario de Derechos Humanos.
10/11/2021/ México.- Las uniones infantiles forzadas, la venta de niñas y el embarazo infantil tienen como causa y consecuencia implícita el uso de las niñas y mujeres adolescentes como un medio para llevar un embarazo, para el ascenso social de la familia y/o para un intercambio mercantil, advirtió la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández.
En el marco del 10 Aniversario del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a 32 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, urgió a sumar esfuerzos para erradicar las uniones infantiles forzadas, así como los embarazos en adolescentes, pues “en no pocas ocasiones, se cimientan en los mandatos de género para las adolescentes y mujeres jóvenes”.
Al participar en el Foro Virtual Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Retos para su protección en el contexto actual, dijo que la repetición sistémica de mensajes de cosificación y sexualización de niñas y mujeres adolescentes se inscriben en la dimensión simbólica de las relaciones de género que se propaga en los códigos culturales de la conducta social.
Durante su intervención en la Primera Mesa “Uniones tempranas y embarazo en la adolescencia”, explicó que tal dinámica cosifica los cuerpos femeninos y pretende crear, mantener y expresar las relaciones de poder impuestas por el patriarcado, a través de miradas evaluadoras e ir hasta actos concretos de violencia sexual, que de ninguna manera están bajo el control de las mujeres, porque están implícitos en los contextos que los fomentan y que son realizados por terceros.
La Defensora capitalina señaló también que un esquema de causa consecuencia sobre las uniones tempranas y los embarazos adolescentes pueden ser estigmatizantes, y responden institucional y académicamente sin atender la problemática en su dimensión cultural: “Es decir, no identifican al rito patriarcal y las desigualdades de género que conlleva, como la raíz de la problemática”.
En ese contexto, agregó, el desafío es coordinar los esfuerzos legislativos de defensa de los derechos humanos y miradas académicas que identificar el problema desde la perspectiva de género y de juventudes, que busque acondicionar un entorno habilitante para que las niñas, niños y adolescentes ejerzan y vivan su sexualidad sin riesgos, desde un enfoque de derechos y de capacidad progresiva.
Para tal propósito, se pronunció por visibilizar a la violencia como el antecedente de las uniones infantiles forzadas, y la violencia sexual como la causa principal de los embarazos en niñas; y por la aplicación de la NOM-046 y la Ley General de Víctimas, para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo derivado de violencia sexual.
Asimismo, dijo, es necesario fortalecer las políticas públicas locales y municipales encaminadas a la prevención del embarazo adolescente; e impulsar acciones y programas que faciliten el acceso a información objetiva y confiable, así como a servicios de salud sexual y reproductiva que afecten positivamente su capacidad para tomar decisiones sobre sus cuerpos y para el ejercicio de su sexualidad. “Esto es, generen un entorno habilitante para el desarrollo de su proyecto de vida”, concluyó.
El Foro fue inaugurado por el Coordinador del PUDH, Luis Raúl González Pérez; y en la primera mesa participaron también la Relatora sobre los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosamena de Troitino; la Secretaria General del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez Ramírez; la Embajadora de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), Guadalupe Cortés Pacheco; y la titular de Unidades Especializadas de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Anna Karina Salermo.
