/ Carlos Elizondo Mayer Serra /
Gracias a la Suprema Corte de Justicia el indiscutible triunfo de Claudia Sheinbaum tiene legitimidad. Al haber declarado inconstitucional la reforma a las leyes electorales propuesta por AMLO, su triunfo fue con las reglas vigentes desde hace décadas y no puede ser cuestionado. Como decía don Jesús Reyes Heroles: “lo que resiste, apoya”,
Sin embargo, la promesa de transformar radicalmente al Poder Judicial sigue en pie. Nadie se puede llamar a engaño. Esta, entre otras 18 reformas, fue planteada por AMLO el pasado 5 de febrero y avalada por Sheinbaum. Están a unos cuantos votos en el Senado de tener la mayoría constitucional para poderla cumplir. Ya AMLO insistió en que la va a presentar al Congreso el 1 de septiembre. Puede ir agregando las otras que incluyen temas como la prisión preventiva oficiosa por fraude fiscal.
La Presidenta electa prometió en campaña muchas cosas. La gran mayoría son imposibles de lograr sin mayores ingresos tributarios. Estos requieren crecimiento económico, pues los impuestos vienen de las ganancias de empresas e ingreso y consumo de las personas.
Una reforma al sistema judicial que lo haga más profesional, honesto, independiente de los poderes político y económico y garante de los derechos humanos permitiría a la sociedad tener mayor certidumbre y mejor calidad de vida. En cambio, la propuesta por AMLO busca construir un sistema judicial como mecanismo de control político; un árbitro cargado a favor del gobierno en las controversias entre este y los ciudadanos no resolverá la agenda de justicia pendiente. Por el contrario, incentivaría la corrupción y el tráfico de influencias. Las implicaciones para el crecimiento económico de una reforma así serían muy negativas. El riesgo de desaprovechar el nearshoring sería muy alto.
Sheinbaum tendrá que hilar muy fino. Destruir el Seguro Popular sin tener claro qué debía hacer el Insabi terminó mal. Hacer algo similar con el Poder Judicial tendría un impacto sistémico con un costo difícil de anticipar. Ni la Revolución mexicana se propuso hacer un nuevo Poder Judicial.
La Constitución de 1917 era una reforma a la de 1857. El cambio mayor era la ampliación de los derechos sociales. Los ministros porfiristas fueron relevados y durante la Revolución no estuvo vigente el régimen de protección de las garantías individuales. Sin embargo, la jurisprudencia heredada fue el punto de partida para la nueva época judicial.
Los gobiernos posrevolucionarios fueron conduciendo y controlando al Poder Judicial. Sin embargo, el juicio de amparo otorgaba cierta protección a los ciudadanos contra actos arbitrarios del gobierno. En muchas ocasiones era una justicia para las élites, pero al amparo recurrían también individuos comunes y corrientes para proteger sus derechos.
Por supuesto que una justicia que ampara al ciudadano frente al gobierno incomoda al poder. A AMLO le irritó que un buzo consiguiera un amparo para proteger la selva de su tren. AMLO cree que si el gobierno es la voz del pueblo, es absurdo que la ley frene sus decisiones.
Tras 27 años de que esta izquierda ha gobernado a la Ciudad de México, el Poder Judicial local no es un ejemplo de probidad, equidad, eficacia y amplio acceso a la justicia. No tienen un modelo deseable como guía para llevar a cabo una reforma profunda del Poder Judicial federal.
Si Sheinbaum simplemente deja pasar las reformas de AMLO, incluida la del Poder Judicial, le habrán impuesto su agenda de gobierno y mostrado quién manda. No tendría que ser así. Con su amplio triunfo tiene suficientes senadores o diputados leales como para alentar al Congreso por un mes para que no pasen reformas que le puedan complicar su gobierno.
Ha ganado para gobernar por seis años. Ella debe definir los tiempos y los contenidos de las reformas. Todo el poder es suyo. También toda la responsabilidad.
