*La Corte atrajo los amparos de los acusados por el ataque con ácido contra la saxofonista. Male espera que se mantenga la reposición del juicio oral y pide protección para ella y su familia.
Escrito por Georgina Monroy Vázquez
21.10.2026 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- María Elena Ríos Ortiz, saxofonista oaxaqueña, sobreviviente de un ataque con ácido en 2019, espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva en contra de los amparos promovidos por Juan Antonio Vera Carrizal y otros dos acusados, con el fin de que se mantenga la reposición del juicio oral y el proceso avance hacia una sentencia condenatoria.
Luego de que el máximo tribunal del país aceptara atraer los recursos, Ríos consideró importante que las ministras y los ministros tengan disposición para escuchar a las mujeres, especialmente cuando buscan justicia frente a la violencia.
“Para mí es muy importante que la Corte tenga esta disposición, sensibilidad de escuchar las voces de las mujeres, porque considero que solamente así se pueden construir senderos hacia la justicia”, expresó en entrevista para CIMACnoticias.
La decisión de la SCJN representa un nuevo paso en el proceso judicial, pero todavía no resuelve los amparos ni determina la responsabilidad penal de los acusados. La Corte deberá analizar los recursos relacionados con la anulación de la absolución que se había dictado en su favor y la reposición del procedimiento.
Para Male, el resultado que espera es que el máximo tribunal deseche los amparos de Vera Carrizal y de los otros dos acusados, de manera que se mantenga la decisión de volver a realizar la etapa del juicio oral.
“Por supuesto que la resolución que yo estoy esperando es que desechen los amparos de Vera Carrizal y dos agresores materiales más y no les den la absolución”, explicó.
De ocurrir así, añadió, podría reponerse la etapa correspondiente a la audiencia de juicio oral, que tendría lugar nuevamente en Oaxaca. En esa nueva fase, espera que el tribunal esté integrado por tres personas juzgadoras y que actúe con perspectiva de género.
“Lo que buscamos en esta búsqueda de resolución es que se pueda tener al final una sentencia condenatoria”, sostuvo.
La saxofonista advirtió que la resolución de la Corte podría tardar semanas o meses, por lo que deberá esperar a que el Pleno estudie los recursos y determine el curso jurídico del caso.
¿Qué resolvió la Suprema Corte?
El Pleno de la SCJN decidió ejercer su facultad de atracción para conocer los amparos en revisión relacionados con el caso de María Elena Ríos. La discusión jurídica se centra en determinar si una jueza sustituta podía dejar sin efectos una absolución y ordenar la reposición del juicio oral cuando la persona juzgadora que presenció las pruebas fue suspendida antes de concluir formalmente la emisión de la sentencia.
La solicitud fue impulsada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Esta última argumentó que el asunto involucra una agresión de extrema violencia contra una mujer y que la intervención del máximo tribunal permitiría precisar los alcances del principio de inmediación, así como las facultades de una persona juzgadora sustituta.
Este principio se relaciona con la obligación de que quien resuelve un juicio penal tenga contacto directo con las pruebas y las audiencias. Por ello, la Corte deberá examinar las condiciones en las que se anuló el fallo absolutorio y se ordenó reponer el procedimiento, sin que la atracción signifique que ya haya determinado la culpabilidad o inocencia de los acusados.
La decisión ocurre después de que, en mayo de 2026, la SCJN rechazara una solicitud anterior para atraer el caso. En esta ocasión, el Pleno aceptó revisar los recursos relacionados con la reposición del juicio.
Una absolución que fue anulada
El caso se remonta al 9 de septiembre de 2019, cuando María Elena Ríos fue atacada con ácido sulfúrico en Huajuapan de León, Oaxaca. La saxofonista señaló a su expareja, el empresario y exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal, como presunto autor intelectual de la agresión. Su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, también fue señalado por su probable participación y permanece prófugo, de acuerdo con los antecedentes públicos del caso.
El 14 de agosto de 2024, el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a Vera Carrizal y a otros dos acusados del delito de feminicidio en grado de tentativa. La resolución provocó cuestionamientos y fue impugnada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Ese mismo día, la jueza sustituta María Antonia Esteva Domínguez dejó sin efectos la absolución y ordenó reponer el procedimiento. Posteriormente, las defensas promovieron amparos para impugnar esta determinación, cuya legalidad ahora deberá revisar la SCJN.
Al hablar sobre las circunstancias que rodearon la absolución, Male recordó que, en agosto de 2024, el gobernador de Oaxaca hizo público que el juez Ramírez Montaño presuntamente había recibido 25 millones de pesos por parte de la familia y la defensa de Vera Carrizal.
“Evidentemente se corrompió, no emitió una resolución en donde existiera una sentencia condenatoria a pesar de que existen pruebas científicas de que ellos son los responsables del ataque”, afirmó.
La acusación sobre el supuesto pago debe entenderse como un señalamiento referido por la sobreviviente y no como una determinación judicial que, por sí misma, acredite la existencia de corrupción.
Male explicó que el juez se encuentra suspendido de sus funciones y que todavía espera conocer si será separado definitivamente del cargo.
“Es lo que necesitamos las mujeres y las infancias, pues es no tener este tipo de jueces en los tribunales”, señaló.
La saxofonista consideró que la pérdida de confianza en las autoridades estatales explica por qué recurrió a la SCJN. En su opinión, que el máximo tribunal conozca los amparos abre la posibilidad de que se mantenga la reposición del juicio oral y continúe el proceso para buscar una sentencia condenatoria.
Male pide protección para ella y su familia
Además de esperar una resolución favorable, María Elena Ríos hizo un llamado a las autoridades federales para que atiendan los riesgos que, aseguró, enfrentan ella y su familia.
La saxofonista pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que, por medio del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mantengan presente su situación.
“Hay riesgos evidentes hacia mí, hacia mi familia”, advirtió.
La petición ocurre mientras el proceso judicial continúa sin una resolución definitiva sobre los amparos y persisten las controversias sobre la situación de Vera Carrizal, quien salió del penal en diciembre de 2024 con el argumento de recibir atención médica.
De acuerdo con Male, la defensa sostiene que el empresario permanece hospitalizado en el Hospital Santa Anita, una institución privada, debido a un estado grave de salud. Sin embargo, afirmó que, hasta la fecha de la entrevista, no se había permitido a la Fiscalía consultar su expediente clínico ni revisar estudios médicos que acreditaran su condición.
La saxofonista aseguró que ha acudido al hospital acompañada de personal de la Fiscalía, pero que no lo ha encontrado ahí. Por ello, cuestionó si realmente permanece internado y denunció una posible colusión de autoridades para justificar su ausencia.
“Lo que evidentemente me da pensar, por una parte, es que no está en el hospital”, expresó.
Estas afirmaciones corresponden al testimonio de Ríos y requieren contrastarse con información oficial sobre la situación médica, jurídica y de custodia del acusado.
La sobreviviente también recordó que Juan Antonio Vera Hernández permanece prófugo desde hace siete años, según lo expuesto en su declaración.
Para Male, la atracción del caso por parte de la SCJN constituye un avance jurídico, pero no modifica por sí sola las condiciones que denuncia en la realidad. Por ello, insistió en que la revisión de los amparos debe traducirse en la posibilidad de continuar el juicio oral y alcanzar una sentencia condenatoria, al tiempo que las autoridades garanticen su seguridad.
Mientras espera que la Corte emita una resolución, su exigencia es que el proceso avance con perspectiva de género, que se esclarezcan las responsabilidades por el ataque y que las mujeres que denuncian violencia puedan acceder a la justicia sin exponerse a nuevos riesgos.