*Adalberto Tejeda-Martínez
El miércoles 27, a las cinco de la tarde, rendirá su último informe Martín Aguilar como legítimo Rector de la Universidad Veracruzana. A partir del próximo lunes es muy probable que siga en el puesto, pero ya no será legítimo, no sólo por las razones que académicos, exrectores, exintegrantes de la Junta de Gobierno, estudiantes, consejeros universitarios y cientos de artículos en la prensa lo han documentado fehacientemente, sino también por lo que mostrará y lo que no mostrará el tal informe.
En la lectura del documento y en las imágenes que lo acompañen, no se dará explicación alguna sobre por qué, desobedeciendo el mandato del Consejo Universitario General, el Rector retiró la iniciativa de nueva Ley Orgánica presentada ante el Congreso local. Por qué no le exigió al Gobierno del Estado el cabal cumplimiento del 4% del presupuesto estatal, que por ley le corresponde a la UV. No se espera que a cabalidad se diga por qué 27 posgrados de la UV no cumplieron con los recientes lineamientos de la Secretaría de Ciencia del Gobierno federal, ¿fue descuido, falta de presupuesto? Tampoco abundará la información sobre el subejercicio presupuestal que fue denunciado en el Consejo Universitario del 6 de junio.
Mucho menos se informará sobre la necesaria integración de un comité de honor y justicia para decidir la sanción que corresponde al amanuense del Rector, el escritor Omar Valdés Benítez, por el plagio de veinte páginas de un libro de David Foster Wallace para presentarlas como propias en el prólogo a Memorias del subsuelo, de Dostoievski, no sólo publicada en 2013 sino reditada en 2023, cuando muy probablemente ya era conocida la falta de Valdés, pero fue solapada por las autoridades universitarias.
Mucho menos se aludirá al rechazo a la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el acoso laboral de la Secretaria de Desarrollo Institucional contra una trabajadora.
Se mencionan sólo seis faltas, pero graves, suficientes para que la Junta de Gobierno no hubiera, ni remotamente, dado el pase automático, o la exención de examen, al doctor Aguilar para que continúe cuatro años más desobedeciendo a la máxima autoridad de la UV –el Consejo Universitario General– y para que sea omiso en la defensa del presupuesto, la calidad académica, la ética y los derechos universitarios.
Sin embargo, sí mostrará el informe los avances en logística: desde hace semanas se desató una cruzada para cambiar a los integrantes del Consejo Universitario no afines a la administración, y se estuvo llamando telefónicamente a la mayoría, presionándolos para que se manifiesten a favor de la prórroga; desde la madrugada del día 23 se desplegará –o se desplegó– un cerco para impedir que algún grupo inconforme se acerque siquiera a la sede del informe, no sea que vaya a arruinar la fiesta –ceremonia seguida de cena de gala– con la que se pretende legitimar lo ilegítimo. Al cuarto para las doce, se dio la orden de rehacer el documento y el video del informe, a fin de que no aparezca cifra alguna negativa a la administración. Al mismo tiempo, se organizó una lista de invitados especiales, académicos, trabajadores y estudiantes no consejeros, para que en la ceremonia funjan como porristas de Martín.
Se tratará, entonces, de un acto de manipulación, desinformación, coacción y cerrazón: un motivo de mucho peso para negarle legitimidad a la prórroga del Rector.
