*Escrito por Arantza Díaz .
08.10.2024 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- Se dio a conocer que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), a través de la Unidad de Asesoría Jurídica y la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos logró un amparo que permitiría proteger a comunidades rarámuri desplazadas por la delincuencia organizada.
Desde el 27 de agosto, un aproximado de 300 personas rarámuri originarias de las comunidades Cinco Llagas, El Cajoncito, Pie de la Cuesta, Las Casas, El Silverio, La trampa y Placeres del municipio Guadalupe y Calvo, en Chihuahua han sido desplazadas de sus comunidades luego de que hombres armados, del cartel de sinaloa y juárez, arribaran a las comunidades para amedrentar y exigirles abandonar sus hogares; entre las víctimas de este desplazamiento forzado hay una cantidad importante de mujeres, infancias, bebés y personas adultas mayores.
Durante estos 10 días, las comunidades se enfrentaron a una violencia sistémica; las autoridades chihuahuenses rechazaron su situación de desplazamiento y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua refirió que no existía el fenómeno en la zona y limitó su visita a la entrega de alimentos y medicina.
Desde el espacio civil, la organización Consultoría Técnica Comunitaria exigió al Estado de Chihuahua atender de manera inmediata la situación de vulnerabilidad y protegerles de los enfrentamientos entre grupos delincuenciales que se gestan en la zona.
Tras 10 días de resistencia y movilidad humana, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), a través de la Unidad de Asesoría Jurídica y la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, promovió un amparo indirecto en representación de la comunidad.
Esta demanda se presentó ante el Juzgado Octavo de Distrito y se expuso la contrariedad del Estado chihuahuense al haber omitido el desplazamiento forzado, la ayuda humanitaria, el acceso a la vivienda, a la salud y a la educación. Asimismo, exige seguridad, reubicación digna y asistida.
El amparo avanzó de forma urgente y se concedió una suspensión definitiva. Consecuentemente, esto fuerza a las autoridades correspondientes a iniciar un conjunto de acciones por el bien de las comunidades que habitan parte de la Sierra Tarahumara. Entre las que se encuentra:
- Proveer alimentos, agua potable, alojamiento, vestimenta y servicios médicos básicos.
- Preparar un plan que garantice la reubicación segura.
- Frenar la destrucción y usurpación de los bienes de la comunidad.
- Salvaguardar los derechos a la educación y vivienda sin discriminación
- Brindar atención médica periódica
- Crear una evaluación de las necesidades alimentarias de la comunidad
Acusaciones cruzadas
El 8 de septiembre, César Jáuregui Moreno, fiscal estatal envió agentes ministeriales para realizar una investigación sobre lo que estaba sucediendo en el municipio; el objetivo era recopilar entrevistas y datos que permitieran reconocer la situación de las y los habitantes.
De forma concluyente, se aseveró que ninguna de las personas había recibido amenazas por parte del crimen organizado.
Entretanto, abogadas de la Consultoría Técnica Comunitaria; activistas que defendían el caso, exigían ver al titular de la Secretaría de Gobierno Estatal, Santiago de la Peña para demostrar la crisis humanitaria de desplazamiento forzado y la vulnerabilidad que atravesaba al municipio de Guadalupe y Calvo.
Durante esta reunión, La Jornada documentó que de la Peña insistió en que todo se trató de enfrentamientos entre grupos delincuenciales y que, por ninguna vía existían personas en situación de movilidad. Las activistas, atajaron que las entrevistas realizadas a la comunidad fueron mínimas y que el número de efectivos policiacos que arribaron para hacer el reporte de la situación era mucho menor que la cantidad de sicarios que amedrentaron en el municipio casa por casa.
Mientras el Estado chihuahuense rechazaba la vulnerabilidad en el municipio, entre el 8 de septiembre y 4 de octubre se registraron 5 asesinatos a causa de la disputa territorial que se disputan Los Salgueiro, pertenecientes al Cártel de Sinaloa y el grupo identificado como La Línea, del Cártel de Juárez.
Según documentó El Universal, habitantes del municipio refirieron sentir miedo y la vida cotidiana se había detenido; mujeres, hombres, infancias y personas adultas mayores debían permanecer recluidos al interior de sus casas para evitar un encuentro con miembros de estos grupos delictivos. Mientras que otras personas, decidieron migrar del municipio en busca de mayor seguridad y protección.
Resulta necesario colocar la lupa en el prolongado tiempo de acción que le tomó al Gobierno estatal, a pesar de las demandas y exigencias de colectivas civiles que se presentaron desde hace casi un mes, a principios de septiembre. Si bien el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ha promovido exitosamente un amparo para proteger la garantía de las personas en situación de movilidad forzada resulta fundamental no olvidar que en todo plan de acción debe contemplar las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
La movilidad forzada a causa de la violencia se vive distinta
En 2023, el Informe Alternativo sobre la Situación de las Mujeres y Niñas en Contextos de Movilidad producido por el Instituto de la Mujer Migrante, advirtió que las mujeres y niñas en situación de movilidad humana enfrentan riesgos y vulnerabilidades diferenciadas con base en la discriminación en razón de género.
En nuestro país, el 29% de las mujeres, niñas y adolescentes que migran en el interior de nuestro territorio son víctimas de violencia física, psicológica y sexual.
De acuerdo con IMUMI, este número repunta cuando se gestan contextos de violencia que implican la presencia de elementos de la Guardia Nacional. El instituto documenta que elementos de este órgano ejercen persecución, discriminación y violencia sexual en contra de las mujeres en movilidad.
En perspectiva, el informe del 2022 Internal displacement and food security, reportó que en nuestro país el número de personas víctimas de movilidad forzada a causa de la violencia supera la cifra de 380 mil. En el caso particular de Chihuahua, el IMUMI ha advertido desde el año pasado el número alarmante de desplazamiento forzado y sus repercusiones comunitarias.
En Chihuahua, advierte el instituto, este fenómeno involucra a todos los integrantes del hogar, es decir, contempla a mujeres de diferentes edades, perfiles y con necesidades especiales de atención. Asimismo, recrudece el trabajo de cuidados y la vulnerabilidad económica en los hogares sostenidos por madres autónomas.
«Por otro lado, este desplazamiento supone un aumento de la carga de cuidados físicos, emocionales y económicos que recae sobre las mujeres. Varias investigadoras han documentado que las tareas de cuidado familiar no sólo se mantienen, sino se incrementan y se vuelven mayores cuando las familias se desplazan. Esto se debe principalmente a que los lazos comunitarios se desintegran, eliminando redes de apoyo.»
La Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, en su visita al 2023, documentó que normalmente cuando el desplazamiento se realiza a causa del crimen organizado, los hombres tienen temor de realizar actividades económicas en zonas controladas por los carteles, convirtiendo a las mujeres en el sostén principal del hogar; realizan actividades y trabajos que permitan una remuneración económica sin necesidad de exponer a la familia.
Asimismo, al estudiar las situaciones específicas de violencia, el IMUMI advierte que el principal motivo por el que las mujeres, niñas y adolescentes abandonan sus comunidades es a causa del temor a la violencia sexual.
«La apropiación del cuerpo – territorio de las mujeres se vuelve estrategia de guerra y de violencia contra la comunidad, y las desapariciones de mujeres jóvenes son una forma de castigo para las comunidades y una forma de apropiarse del territorio» (IMUMI)<
