*Envía una iniciativa preferente para sacar de la jugada a los productores particulares, desaparecer al Cenace y hacer a CFE rectora del mercado eléctrico, aunque se la empresa más ineficiente y cara.
02 febrero2021.- /Efraín Kleriga/MXPress. –Una iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende aislar a los productores independientes de energía y darle total preferencia al monopolio estatal de la electricidad, lo que a corto plazo redundará en un fuerte incremento en el precio de la electricidad.
La iniciativa toma como pretexto la presunta corrupción y los sobornos, hasta hoy no probados, con los cuales según López se aprobó la Reforma Energética, por la que votó a favor, aunque con voto particular, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, por entonces senador.
Con el sello de López, la iniciativa alega: “se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE, así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad”, señala el documento.
Esta simulación a la que alude el presidente macuspano, es el hecho de que los productores independientes le entregan a la Comisión Federal de Electricidad a 82 centavos el kilowatt hora (KwH) mientras la Comisión Federal de Electricidad produce a 2.05 pesos el KwH, dos y media veces más cara.
Desde que López Obrador sumió la presidencia y prometió que la electricidad no iba aumentar de precio, el kilowatt hora promedio para servicio domicilio se ha encarecido en 8.2 por ciento, de acuerdo con las mismas tarifas publicadas por la propia CFE.
Con los datos revelados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se concluye que el presidente Andrés Manuel López Obrador mintió el pasado 24 de octubre cuando dijo que “el 50 por ciento de la energía que se consume en México se compra a precios elevados a empresas particulares nacionales y extranjeras”.
La propuesta incluye la desaparición del organismo público autónomo llamado Centro Nacional del Control de Energía (CENACE) para transformarlo en una un organismo público descentralizado dependiente de la Administración Pública Federal, encargada solamente del despacho e intercambio de electricidad, otorgando a CFE la rectora del mercado eléctrico.
La iniciativa preferente, que deberá ser discutida y votada en la Cámara de Origen a más tardar 31 días después de sus presentación, establece preferencia en las líneas de conducción para el despacho de la energía producida por CFE, en las hidroeléctricas, la nuclear, geotérmicas, de ciclo combinado y termoeléctricas.
Luego de estas, si hubiera espacio en las líneas, despacharán las centrales de ciclos combinados de productores independientes de energía amparadas por contratos suscritos en los términos de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y al último, la energía eólica o solar de particulares.
En términos generales, las iniciativas pretenden comprende fortalecer a la CFE y convertirla en reguladora del mercado eléctrico.
La CFE es una pésima compañía, con un sindicato que detenta un contrato colectivo que incluye regalarle la electricidad, no tiene un programa específico de prevención, detección e investigación de delitos, malas prácticas, con el objetivo de reducir la probabilidad de que se materialicen los riesgos de corrupción y fraude.
El monopolio estatal de la electricidad tienen enormes pérdidas, tanto en la venta directa de energía, debido a los caro que producen sus plantas y las mermas en la conducción y almacenamiento de electricidad, como en los costos financiero.
La empresa estatal además pierde en la trasmisión el 12 por ciento de la corriente generada o la que le entregan los particulares, a quienes la ley aún les prohíbe trasmitir y comercializar a consumidor final.
Una iniciativa preferente es un Proyecto de Ley o decreto que presenta el Ejecutivo Federal el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones y la cual debe ser discutida y votada por el Pleno de la cámara de origen en un plazo máximo de 31 días naturales a partir de su presentación.
