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29.07.20026., Ciudad de México.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, planteó que la consulta pública sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias debe servir para eliminar ambigüedades, establecer con precisión los alcances de la regulación y garantizar que la defensa de las audiencias no termine afectando la libertad de expresión ni las decisiones editoriales de los medios.
La legisladora panista fijó esta postura en medio del debate generado por el proyecto elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), cuya consulta pública comenzó el 27 de julio y permanecerá abierta hasta el 21 de agosto de 2026. El procedimiento busca recibir comentarios, opiniones y propuestas de la ciudadanía, concesionarios, especialistas, organizaciones y otros sectores interesados antes de que se determine el contenido definitivo de los lineamientos.
López Rabadán advirtió que existen disposiciones que, desde su perspectiva, requieren mayor precisión para evitar interpretaciones que puedan representar riesgos para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
“Entre estos criterios se encuentra la posibilidad de que la autoridad determine qué información es falsa o descontextualizada, que revise las decisiones de las defensorías de las audiencias e incluso hasta se pretenden imponer sanciones, lo que claramente resultaría en censura”, sostuvo durante una conferencia de prensa previa al inicio de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente en el Senado.
Su planteamiento se concentra en una de las partes más sensibles del proyecto: la definición de los derechos que deben garantizarse a quienes reciben contenidos de radio y televisión y los mecanismos mediante los cuales podrán presentar quejas cuando consideren que esos derechos fueron vulnerados.
La propuesta regulatoria establece que las audiencias tienen derecho a recibir información veraz y oportuna y contempla obligaciones para los concesionarios, entre ellas evitar la difusión de información falsa o descontextualizada. También plantea que las estaciones de radio y televisión cuenten con códigos de ética y defensorías de las audiencias, además de establecer procedimientos para la atención de quejas.
La consulta pública, por tanto, se desarrolla en torno a un asunto que toca directamente dos derechos que pueden entrar en tensión cuando se establecen mecanismos regulatorios: el derecho de las audiencias a recibir información y la libertad de expresión y editorial de quienes producen y transmiten contenidos.
La presidenta de la Cámara de Diputados sostuvo que ambos derechos deben coexistir y no plantearse como incompatibles.
“La protección de los derechos de las audiencias y la libertad de expresión son principios complementarios que deben garantizarse de manera conjunta. Uno no excluye al otro”, afirmó.
En ese sentido, pidió que el proceso de consulta no se limite a recibir observaciones, sino que permita corregir cualquier redacción que pueda generar interpretaciones discrecionales sobre el trabajo de periodistas, conductores, medios de comunicación o responsables editoriales.
“Por ello, la consulta pública debe servir para eliminar cualquier ambigüedad y asegurar que los lineamientos no permitan intervenciones indebidas en los contenidos informativos o en las decisiones editoriales”, señaló.
Uno de los puntos que López Rabadán pidió aclarar es si las disposiciones tendrán alguna aplicación sobre las conferencias de prensa gubernamentales conocidas como “mañaneras”, tanto a nivel federal como estatal.
La legisladora planteó expresamente que debe definirse “si se deben aplicar o no a las mañaneras tanto la federal como las locales”.
El tema adquiere relevancia porque el proyecto sometido a consulta establece como ámbito de aplicación a los concesionarios de televisión abierta, estaciones de radio, servicios de televisión y audio restringidos y programadores. La propia información oficial de la consulta señala que su objetivo es establecer mecanismos para que las personas televidentes y radioescuchas puedan ejercer sus derechos ante los medios de comunicación.
La discusión sobre las mañaneras dependerá, por ello, de cómo se interprete el alcance de los lineamientos y de si las conferencias gubernamentales transmitidas mediante medios concesionados quedan comprendidas dentro de las obligaciones relacionadas con los contenidos y los derechos de las audiencias.
La postura de la diputada se suma a las preocupaciones expresadas por representantes de la industria de la radio y la televisión. López Rabadán señaló que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) también ha advertido sobre la necesidad de precisar los alcances de algunas disposiciones.
En paralelo, el Gobierno federal ha defendido que la propuesta no tiene como objetivo censurar a los medios. Durante la presentación de la consulta, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el propósito es garantizar los derechos de las audiencias y explicó que las sanciones no constituyen el objetivo central del mecanismo. La mandataria describió el esquema como un proceso de autorregulación en el que los propios medios deben contar con defensorías y códigos de ética.
La propuesta también establece una ruta para que las audiencias presenten quejas. De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, las defensorías tendrían un plazo máximo de 20 días para atenderlas y, en caso de incumplimiento, podrían derivarse consecuencias previstas en la legislación.
El debate actual tiene como antecedente una larga discusión jurídica sobre los derechos de las audiencias. La regulación no surge de cero: la legislación mexicana reconoce estos derechos desde la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013 y posteriormente se han producido modificaciones legislativas, controversias judiciales y nuevos lineamientos para establecer mecanismos de protección.
De hecho, los lineamientos emitidos por el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2024 establecían expresamente que los concesionarios debían contar con libertad de expresión, libertad programática y libertad editorial, además de evitar cualquier forma de censura previa.
Ese antecedente resulta relevante para la discusión actual porque evidencia que la protección de las audiencias y la libertad de expresión han sido concebidas jurídicamente como principios que deben coexistir. La cuestión que ahora se encuentra bajo consulta es cómo traducir esas garantías en reglas concretas sin generar mecanismos que permitan una intervención indebida sobre los contenidos.
López Rabadán también aprovechó su intervención para referirse al proceso de ingreso a las licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asunto que permanece bajo revisión después de las irregularidades detectadas en el examen de admisión.
La presidenta de la Cámara de Diputados consideró que el rector Leonardo Lomelí Vanegas “tiene clara la dimensión del problema y está actuando para atenderlo”. Destacó que, desde su perspectiva, el rector no ha ocultado ni minimizado las irregularidades y que ha mostrado disposición para revisar lo ocurrido.
Por ello, llamó a esperar los resultados de la comisión técnica creada para analizar el proceso de ingreso.
“Confío en que la UNAM hará públicas sus conclusiones y tomará decisiones objetivas, transparentes con pleno respeto a los derechos de las personas involucradas”, afirmó.
López Rabadán puso especial énfasis en los aspirantes que participaron en el proceso de buena fe y que se prepararon para obtener un lugar en la Universidad.
“Los jóvenes que estudiaron, se prepararon y participaron de buena fe necesitan respuestas claras y decisiones debidamente sustentadas”, sostuvo.
Así, mientras la UNAM avanza en la revisión de su proceso de admisión, el debate sobre los derechos de las audiencias entra en una etapa de consulta pública en la que uno de los principales desafíos será encontrar una redacción que proteja a quienes reciben información sin convertir la regulación en una herramienta de intervención sobre los contenidos periodísticos.
La consulta permanecerá abierta hasta el 21 de agosto y las observaciones recibidas deberán formar parte del análisis previo a la definición del instrumento regulatorio. La propia CRT señala que pueden participar personas, sectores, agentes regulados y cualquier interesada o interesado en presentar comentarios sobre los mecanismos para ejercer los derechos de las audiencias.