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28.10.2026 .- El expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, respondió a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la necesidad de revisar las contrataciones y los antecedentes del organismo, y defendió la gestión que encabezó entre 2014 y 2023.
Aseguró que durante esos años el instituto fue sometido a auditorías de distintas instancias fiscalizadoras y sostuvo que las revisiones no encontraron irregularidades relevantes en su administración.
La confrontación ocurre en medio de la polémica por la trayectoria de Guadalupe Taddei Zavala, las acusaciones sobre la concentración de contratos para producir materiales electorales y el debate sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos del organismo encargado de organizar las elecciones federales.
Sheinbaum ha cuestionado que un grupo reducido de empresas haya concentrado contratos electorales durante años y ha planteado que se investiguen las adjudicaciones, incluso las correspondientes a administraciones anteriores. También propuso fortalecer Talleres Gráficos de México para reducir la dependencia de proveedores privados.
En ese contexto, la mandataria mencionó la necesidad de revisar la gestión de Córdova, quien presidió el INE durante un periodo que incluyó elecciones federales, cambios en la organización de los comicios y controversias políticas entre el organismo y Morena.
El exconsejero respondió mediante un posicionamiento en su red X donde expuso los controles que operaron durante su presidencia y cuestionó el propósito de las declaraciones presidenciales.
Desde su perspectiva, las referencias a su gestión buscan desplazar la atención de la responsabilidad del oficialismo frente a la situación actual del instituto.
“En todos los años de mi gestión, el INE fue auditado por la ASF sin encontrar irregularidades y sus observaciones fueron atendidas en tiempo y forma. La última de esas auditorías, correspondiente a 2022, salió sin ningún señalamiento”, afirmó Córdova.
El exconsejero insistió en que los resultados de esas revisiones deben considerarse al evaluar su administración y rechazó que los cuestionamientos actuales justifiquen presentar su gestión como una etapa en la que hubo irregularidades comprobadas.
La Auditoría Superior de la Federación tiene atribuciones para fiscalizar el uso de recursos federales conforme a la legislación aplicable, por lo que una auditoría adicional podría examinar operaciones específicas si existen elementos que lo justifiquen.
El papel del Órgano Interno de Control
Otro de los argumentos de Córdova se centró en el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, instancia responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas y fiscalizar aspectos del funcionamiento institucional dentro de sus competencias.
El exconsejero señaló que, desde 2019, el titular de ese órgano había sido designado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Según su versión, durante ese periodo tampoco se encontraron irregularidades relevantes en la administración que encabezó.
“Desde 2019, el titular del OIC del INE, nombrado por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, por más que intentó, no encontró irregularidades relevantes y las pocas y menores que detectó las sancionó”, escribió.
Córdova agregó que el funcionario que ocupó esa responsabilidad es actualmente consejero jurídico del Gobierno del Estado de México. Con ese señalamiento, buscó subrayar que la vigilancia del instituto no dependía exclusivamente de la presidencia del Consejo General y que existían mecanismos institucionales de control.
También afirmó que los partidos políticos mantienen una vigilancia constante sobre las decisiones del INE y que, pese a las acusaciones públicas formuladas por Morena durante su presidencia, no se acreditaron las irregularidades que, según él, se le atribuyeron a su administración.
Córdova acepta que se revise nuevamente su gestión
En la parte final de su posicionamiento, el expresidente del INE aseguró que no se opone a una nueva auditoría y retó a las autoridades a revisar los ejercicios presupuestales y las contrataciones de los años en que estuvo al frente del organismo.
“Y sí, a pesar de todo lo anterior, quieren volver a auditar lo auditado, adelante. Quienes hemos tenido gestiones transparentes y apegadas a la ley no tenemos nada que temer”, sostuvo.
El antecedente de las empresas proveedoras
La controversia tiene como trasfondo los señalamientos sobre empresas que han obtenido contratos para fabricar materiales electorales, entre ellos productos de impresión y otros insumos necesarios para organizar los comicios.
Sheinbaum ha pedido revisar las adjudicaciones de diferentes periodos y ha mencionado antecedentes que se remontan a finales de la década de 1990 en el Estado de México. También ha planteado que se investiguen los contratos otorgados durante las presidencias de Córdova y Taddei, sin limitar la revisión a una sola administración.
Este 28 de octubre, la presidenta reiteró que el objetivo es transparentar las contrataciones y deslindar responsabilidades si las auditorías encuentran elementos que lo ameriten. Asimismo, defendió la posibilidad de fortalecer Talleres Gráficos de México para ampliar la producción pública de materiales electorales y reducir la concentración de contratos en pocas empresas.
La Auditoría Superior de la Federación anunció el inicio de una investigación de oficio sobre posibles anomalías en contrataciones relacionadas con el INE y organismos electorales locales.
En ese contexto, la revisión de las administraciones anteriores puede contribuir a reconstruir la historia de las contrataciones, identificar a los proveedores que participaron y establecer si hubo cambios en los procedimientos o en los controles institucionales.
Una disputa que exige pruebas, no solo acusaciones
El caso también coloca bajo escrutinio los mecanismos de vigilancia de una institución fundamental para la democracia mexicana. El INE administra recursos públicos, contrata servicios y materiales indispensables para organizar elecciones, por lo que la rendición de cuentas debe ser verificable y mantenerse al margen de las disputas partidistas, sostienen especialistas consultados.