Los 43 de Ayotzinapa: diez años de lucha por la verdad y justicia.

(Foto: Padres de los 43 estudiantes desaparecidos en la protesta de aniversario de 9 años./ 27 septiembre 2023). Ciudad de México. (Paula González Gavilanes)

26.09.2024 Ciudad de México.- El 2 de octubre de 1968, en la plaza de Tlatelolco, en Ciudad de México, estudiantes de universidades públicas realizaron un mitin contra el autoritarismo y la represión gubernamental. Paramilitares abrieron fuego desde azoteas, sobre la multitud. El ejército bloqueó las salidas. En las horas siguientes, alrededor de 350 personas, en su mayoría estudiantes, fueron asesinadas y otras dos mil fueron detenidas, algunas desaparecidas.

En un ejercicio de memoria histórica y de búsqueda de justicia, el movimiento estudiantil y los familiares de las víctimas protestan en Tlatelolco cada 2 de octubre clamando: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”

Los 43 de Ayotzinapa

Campesina y madre de tres, Cristina Bautista Salvador es originaria de Alpuyecancingo de las Montañas, una comunidad indígena en el estado de Guerrero, al suroeste de México. Cristina habló de su hijo Benjamín, nacido el 9 de abril de 1995: “Es muy cariñoso conmigo y sus dos hermanas. Siempre ayuda en casa lavando platos y barriendo. Hacíamos pan y lo vendía con su hermana para ayudarnos. Lo extraño mucho. Necesito saber dónde está Benjamín.” Desde hace diez años. Cristina busca a su hijo.

El 26 de septiembre de 2014, en el estado de Guerrero, estudiantes se prepararon para viajar a la capital y asistir a la protesta del 2 de octubre en Tlatelolco. En Iguala, tomaron autobuses para ir a la capital— una práctica controversial, pero habitual, que permite a los estudiantes participar en protestas importantes ante la falta de recursos. Al finalizar, los autobuses son devueltos.— Tras salir de la estación de buses de Iguala, los estudiantes fueron perseguidos y atacados por policías y otros grupos. Tres estudiantes y otros tres civiles fueron asesinados. Algunos estudiantes lograron huir, 43 fueron detenidos y desaparecidos. Entre ellos, Benjamín Asencio Bautista, el hijo de Cristina.

Los chicos estudiaban en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero, una región empobrecida y con una fuerte presencia del crimen organizado. Sus estudiantes, en su mayoría de origen campesino y de bajos recursos, se forman para ser maestros. En los años 60 y 70, sus exalumnos Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, lideraron luchas campesinas. La Isidro Burgos mantiene su histórica oposición al Gobierno y ha sido constantemente vigilada por las fuerzas de seguridad.

Las madres y padres de Los 43 buscan a sus hijos. Unidos en su dolor, desafían al poder exigiendo verdad y justicia. “Nos ha cambiado la vida. Es fácil decir diez años, pero caminar y luchar estos diez años ha sido muy difícil”, explicó Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Asencio Bautista.

Como ellos, decenas de miles de personas en México buscan a los suyos. En 2006, se declaró la llamada “Guerra contra el Narco” que propulsó un conflicto armado interno. Desde entonces hay más de 400 mil personas asesinadas y más de 100 mil desaparecidas. Tres administraciones han gobernado y han fracasado en contener la violencia. Ayotzinapa no sólo refleja la brutalidad del conflicto, sino también la incapacidad del sistema para resolver crímenes de esta gravedad: la tasa de impunidad en casos de desaparición forzada es del 99.9%. La difícil situación que atraviesa México demanda un enfoque distinto, y la Justicia Transicional ofrece uno.

Justicia Transicional: Una oportunidad para México

La Justicia Transicional se aplica en sociedades que atraviesan cambios significativos tras un periodo de conflicto armado, dictadura o de graves violaciones de derechos humanos, como en Sudáfrica tras el Apartheid o recientemente en Colombia tras los acuerdos de paz entre el gobierno, guerrillas y paramilitares. Busca reconciliar a la sociedad, reconocer a las víctimas y contribuir a una paz duradera. Los cuatro componentes principales de la Justicia Transicional son: Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Verdad

Para las familias conocer la verdad es lo más importante. Cristina Bautista, madre de Benjamín, insistió: “La verdad que queremos es saber qué pasó realmente el 26 de septiembre en Iguala, por qué se llevaron a nuestros hijos y en dónde los dejaron”.

La desaparición ocurrió durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Con Jesús Murillo Karam como procurador, la Fiscalía General de la República fabricó un relato al que sin intenciones irónicas llamó “La verdad histórica”. Este primer ofrecimiento de verdad, resultó ser una gran mentira. “En vez de esclarecer el caso, lo encubrieron; construyeron la verdad histórica torturando a personas y cómo los estudiantes son hijos de campesinos se les hizo fácil querer engañarnos”, explicó Cristina Bautista.

En respuesta a las demandas de las familias y a la presión internacional, tras un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno mexicano, en noviembre del 2014, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para realizar una investigación independiente.

Los expertos demostraron que “la verdad histórica” fue construida para cerrar el caso y limitar responsabilidades. Los hallazgos no fueron bien recibidos por la administración peñista y el grupo de expertos tuvo que abandonar México.

En 2018, Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato presidencial, dio a conocer sus 100 Compromisos, resolver Ayotzinapa fue uno de ellos. “En su primer año como presidente, firmó el decreto para formar la Comisión de la Verdad, con nosotros, las madres y los padres. Pedimos que vinieran los expertos y vinieron”, recuerda Cristina. En el 2022, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes regresó a México para asistir a la Comisión de la Verdad en la investigación.

“Los jóvenes fueron golpeados, bajados  del bus violentamente, trasladados en patrullas y posteriormente desaparecidos”, en una operación conjunta entre autoridades y crimen organizado

En el sexto y último informe publicado por los expertos a mediados de 2023, se presentó el relato más confiable, aunque incompleto, pues como el documento señala, falta de evidencia. El informe narra que el 26 de septiembre, de uno de los buses detenidos “los jóvenes fueron golpeados, bajados violentamente, trasladados en patrullas y posteriormente desaparecidos”, en una operación conjunta entre autoridades y crimen organizado.

El informe expuso otro dato inquietante. El ejército y servicios de inteligencia, monitoreaban con regularidad a los estudiantes de la Isidro Burgos, incluso tenían infiltrados en la escuela y esa noche tenían conocimiento en tiempo real de lo sucedido: “Quienes los detuvieron y desaparecieron sabían que eran estudiantes, las autoridades que los persiguieron y atacaron nuevamente durante toda la noche, también”, denuncia el informe.

Tras ser detenidos, los estudiantes quedaron en manos del grupo criminal Guerreros Unidos. Según testigos, los muchachos fueron llevados a distintos sitios, donde fueron golpeados y asesinados. Testigos dentro del cártel afirmaron que algunos jóvenes fueron incinerados en una funeraria coludida con la organización.

El por qué

El caso avanzó significativamente cuando por petición de los investigadores, las autoridades estadounidenses compartieron las ‘escuchas de Chicago’, que revelan el motivo detrás de la desaparición. Las grabaciones eran parte de una investigación sobre el trasiego de heroína y dinero entre México y EE UU. Los viernes sistemáticamente, salía un autobús de pasajeros cargado de droga, de Iguala hacia Chicago. Todo indica que sin advertirlo, uno de los buses que los estudiantes tomaron para ir a Tlatelolco, llevaba droga. Como explica el grupo de expertos en su informe, Ayotzinapa es consecuencia de “la cooptación de las autoridades por el narcotráfico, y protección de sus intereses”.

Los meritorios avances no lograron dar con el paradero de los muchachos. El caso se ha estancado. El 2022, vio la ruptura entre el grupo de expertos y el gobierno de López Obrador. Los familiares y los expertos, denunciaron la negativa constante del ejército de entregar información, en particular el monitoreo que realizaron de los estudiantes.

Como explica el grupo de expertos en su informe, Ayotzinapa es consecuencia de “la cooptación de las autoridades por el narcotráfico, y protección de sus intereses”

Justicia

Al tiempo que se creó la Comisión de la Verdad, se estableció como parte de la Fiscalía General una unidad especializada del caso, encargada de procurar la justicia y también de investigar. La unidad quedó a cargo de Omar Gómez Trejo, quien conocía el caso y a las familias por su desempeño como Secretario General del grupo de expertos.

“Formé parte de la unidad hasta septiembre de 2022. Trazamos la investigación con base en los cuatro componentes de la justicia transicional. Necesitábamos buscar justicia basándonos en evidencias contundentes; responsabilizar a cada uno de los perpetradores de la desaparición y a quienes participaron en su encubrimiento”, explica Omar Gómez.

La unidad prácticamente rehizo la investigación del caso, ya que la fiscalía anterior la había dinamitado al cometer tortura. Aunque Omar Gómez y su equipo llegaron seis años después de los hechos, aseguró que fueron afortunados de encontrar gente valiente cuyos testimonios aportaron fragmentos clave de lo ocurrido. La unidad llevó a cabo una meticulosa investigación, logrando emitir más de 80 órdenes de aprehensión, 20 de ellas contra personal militar.

Las órdenes de aprehensión contra militares generaron tensión. La unidad se vio presionada por la administración de Obrador, como explica Omar Gómez Trejo: “Había una urgencia por cerrar Ayotzinapa. La justicia tiene unos momentos y las decisiones políticas otros. De llevarlos al mismo plano, siempre se va a imponer la urgencia de lo político”, y añadió: “Creo que nos acercamos a quienes realmente sabían qué pasó y eso fue el dique de la justicia”. Omar Gómez, entregó su renuncia en septiembre de 2022.

La implementación de estos mecanismos de justicia, aunque impulsados por el presidente López Obrador, son resultado de años de lucha de los familiares y sus representantes legales. Si bien estos esfuerzos están inspirados en la justicia transicional, se vieron limitados por los intereses políticos y por su falta de independencia del Estado.

Omar Gómez, exfiscal del caso, afirmó que la justicia en México, demanda grandes cambios, pero enfatizó que las investigaciones tienen que ser transparentes y poner a las víctimas en el centro. Apuntó que no se debe inmiscuir lo político con lo judicial, y reiteró la importancia de contar con personal ético y técnicamente capacitado que respete los límites de la ley y no sucumba a favores políticos.

Durante esta administración los padres de los estudiantes se reunieron regularmente con las instancias investigadoras y en 30 ocasiones con el presidente. Sin embargo, los familiares no han cesado su activismo y continúan organizando actos políticos “para que no se apague la llama del caso”, dijo Cristina Bautista. Los padres, desde hace una década, viajan los 26 de cada mes de Guerrero a Ciudad de México (350 km aproximadamente) y realizan una protesta exigiendo verdad y justicia. “Jamás imaginamos que íbamos a llegar a diez años sin tener respuestas de dónde están nuestros hijos,” dijo Cristina.

Reparación

En Ayotzinapa la reparación se ha tocado poco. Carlos Beristain, comisionado de la Comisión de la Verdad de Colombia y uno de los cinco expertos independientes del caso Ayotzinapa, explicó: “La verdad es el primer paso para la reparación. Encontrar los restos y la historia de lo sucedido es fundamental para las familias”. La reparación es un derecho de las víctimas que busca compensarlas material o simbólicamente según sus necesidades.

Durante el gobierno de Peña Nieto, recordó Beristain, hubo intentos dudosos de ofrecer dinero a los padres como compensación: “señalando que no era una forma de comprar su sufrimiento, pero así fue leído por los familiares, que dijeron: ‘No. Primero la verdad y después veremos’. Esto, a pesar de sus enormes necesidades, porque es gente pobre, que ha enfrentado una larga lucha en condiciones muy difíciles”.

La reparación debe incluir la atención en salud y psicosocial, educativa o laboral, para enfrentar las consecuencias sufridas por las familias. “Yo trabajaba en el campo sembrando maíz, calabaza y frijol; vendiendo comida, haciendo pan, pasteles y los jueves pozole. Después del 26 dejé todo mi trabajo para ir a la escuela de Ayotzinapa, al igual que las otras madres y padres, al enterarnos de la desaparición de nuestros hijos. Muchos dejamos de trabajar, ahora nuestra tarea es buscar”, explicó Cristina Bautista.

“La verdad es el primer paso para la reparación. Encontrar los restos y la historia de lo sucedido es fundamental para las familias”

Carlos Beristain, también médico y doctor en psicología, explicó el impacto de la desaparición forzada en los familiares: “Es un dolor permanente. Una pérdida incierta, con esperanza de recuperar, genera ambivalencia emocional”. Esta ambivalencia e incertidumbre se reflejan en las palabras de Cristina: “No saber en dónde está mi hijo es un dolor enorme. Me pregunto qué le están haciendo, si lo están golpeando, si lo hacen trabajar, si ha comido. Aunque pase el tiempo no puedes olvidar a tu ser querido. No puedes vivir tranquila”.

Beristain explicó que el impacto emocional afecta la salud. Se presentan enfermedades relacionadas al alto estrés, como problemas cardiovasculares y endocrinos. A largo plazo, se relacionan enfermedades autoinmunes y riesgo de problemas como cáncer. Aunque se han dado algunas atenciones médicas a los familiares, Beristain afirmó que la reparación sigue sin contar con un programa de atención, a pesar de que los expertos intentaron avanzar, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero faltó voluntad.

Garantías de no repetición

En esta década, para Cristina, “ha sido difícil saber que no somos los únicos que estamos buscando a nuestros seres queridos, hay miles de familiares buscando, algunos desde hace más tiempo”. En México el sufrimiento es compartido por más de 100 mil familias. El movimiento por los desaparecidos, está principalmente impulsado por mujeres, muchas de las cuales sufren amenazas o violencia mientras buscan a su familiar. Algunas incluso han sido asesinadas.

La transformación de las instituciones y desmantelar los mecanismos de impunidad para prevenir futuras violaciones, ayudan a crear garantías de no repetición: que tragedias como Tlatelolco y Ayotzinapa no vuelvan a suceder, y que no más vidas se pierdan ante la desaparición forzada. En México, este objetivo es aún lejano. Los índices de violencia se mantienen, sólo en 2023, en promedio desaparecieron a 28 personas cada día.

“No es un partido político o ideología. Después de la desaparición, estudiantes de Ayotzinapa, acuñaron la frase ‘Fue el Estado’”

El académico y activista mexicano, Sergio Aguayo Quezada, experto en violencia y paz, explicó que la frase ‘Fue el Estado’, conecta Ayotzinapa y Tlatelolco con muchas otras tragedias en México: “No es un partido político o ideología. Después de la desaparición, estudiantes de Ayotzinapa, acuñaron la frase ‘Fue el Estado’, ese es el hilo conductor, el Estado”, y añadió, “Peña Nieto y López Obrador son diferentes, pero en el fondo es el Estado con diferentes expresiones”.

Para Sergio Aguayo, el reto: “es para la sociedad, que tiene que formular la agenda, no para el siguiente gobierno, sino para la sociedad misma. Son las víctimas las que tienen que decidir cómo tiene que actuar el gobierno”, y añade que la sociedad civil puede cambiar la narrativa: “debemos demostrar que sí es posible contener a los violentos. Que la contención supone, sí balazos, pero también conocimiento, participación social y discusión. Un Estado que sólo recurra a las armas no va a poder prevalecer sobre los violentos en ningún lado”.

Claudia Sheinbaum tomará posesión como la primera presidenta de México el 1 de octubre y asumirá la deuda histórica que tiene el Estado con sus ciudadanos. Cinco días antes, en el décimo aniversario de la desaparición de Los 43 de Ayotzinapa, las madres y padres han convocado una protesta nacional.

Como cada 2 de octubre se escucha el grito de ‘¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!’ en memoria de los estudiantes desaparecidos en Tlatelolco, hoy resuena el mismo clamor por justicia para Los 43 de Ayotzinapa. “Que sepa el mundo entero que aquí estamos, exigiendo justicia y la presentación con vida de nuestros hijos”, afirma Cristina Bautista.

Este material se comparte con autorización de El Salto