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04.10.2026 Nueva York.— “Puedo decir con 100 por ciento de confianza que fui violada”. La frase quedó registrada durante la entrevistada por horas que una estudiante de 20 años, cuyo nombre se reserva, concedió a la policía de la Universidad Cornell el 14 y 15 de noviembre de 2024, semanas después de la noche en que fue víctima de una agresión sexual grupal en la casa de la fraternidad Chi Phi.
En 2024, la joven de 20 años dijo que llegó a una fiesta en una casa de fraternidad universitaria llamada Chi Phi en la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York, EE.UU.
Poco después, dos estudiantes varones que vivían en la casa de la fraternidad Chi Phi drogaron a la mujer con ketamina y luego la violaron. Los hombres luego publicaron en un tablero de mensajes de Chi Phi que había una mujer disponible cerca, “como si fuera un objeto”, por lo que cinco hombres más llegaron para violarla durante más de 5 horas.
Su nombre no ha sido difundido públicamente. En los documentos judiciales aparece como Jane Doe.
Durante casi dos años, aquella denuncia no produjo cargos penales contra los siete hombres que posteriormente fueron señalados por ella. La universidad sí realizó una investigación bajo sus procedimientos internos y aplicó sanciones a algunos de los estudiantes. Pero en el ámbito penal, el expediente quedó sin acusaciones.
Sanciones que exhiben que aún en el primer mundo las voces de las víctimas son desestimadas, no escuchadas y hasta silenciadas. Dos de los violadores fueron expulsados, los otros cinco solo recibieron suspensiones y una opción de escribir un ensayo.
Ahora la historia volvió a los tribunales.
La presentación de una demanda civil en septiembre de 2026, nuevos documentos de la investigación universitaria y la difusión de la transcripción de aquella primera entrevista provocaron la reapertura de la investigación criminal. El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, reconoció que no había visto la transcripción completa de la entrevista en la que Jane Doe afirmó que había sido violada. Después, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a la fiscal general estatal Letitia James como fiscal especial para hacerse cargo de la investigación.
El caso ya no se reduce a la acusación de una joven contra siete integrantes de una fraternidad. También plantea preguntas sobre qué sucede cuando una mujer dice que no consintió, cuando afirma que estaba incapacitada, cuando su relato contiene lagunas producto de la intoxicación y cuando la primera respuesta institucional termina poniendo bajo escrutinio su conducta en lugar de concentrarse en lo que ella está denunciando.
La denuncia también señala que fue presionada para consumir ketamina. No sostiene que hubiera decidido libremente utilizarla como parte de la noche. Por el contrario, afirma que dos integrantes de la fraternidad la presionaron para consumirla y que terminó completamente incapacitada.
No es un detalle menor.
Jane Doe acudió a la policía universitaria aproximadamente tres semanas después de los hechos.
La entrevista se prolongó durante dos días. Participaron un investigador de la policía de Cornell, una investigadora de Title IX, una defensora de víctimas y una persona que acompañaba a la estudiante.
En aquella conversación habló de lo sucedido, de sus periodos de pérdida de memoria.
Cuando la entrevista llegó a los actos sexuales posteriores, fue tajante.
Dijo que podía afirmar con absoluta certeza que había sido violada.
Su declaración no apareció en septiembre de 2026. Lo que ocurrió después es una de las razones por las que el caso volvió a abrirse. Una denuncia que no terminó en cargos
El fiscal Van Houten decidió en 2024 no presentar cargos penales.
La explicación que ofreció posteriormente estuvo relacionada con la legislación de Nueva York y con la información que recibió de la policía universitaria. El fiscal sostuvo que la declaración escrita de seis páginas que llegó a su oficina no contenía los elementos que, desde su interpretación de la ley, permitieran demostrar penalmente la falta de consentimiento.
Pero la transcripción completa de la entrevista contenía algo que, según reconoció el propio fiscal en 2026, él no había visto.
La declaración de la joven en la que afirmaba que había sido violada.
“No la vi, nunca la escuché”, dijo Van Houten a CBS News después de conocer la existencia de la transcripción. Añadió que, si esa parte había quedado fuera de la información entregada a su oficina, debía investigarse.
Cornell, por su parte, sostiene que la policía universitaria entregó a la fiscalía la declaración jurada de la estudiante y una captura de pantalla de una conversación de Snapchat relacionada con los hechos.
La discrepancia entre lo que la universidad dice haber enviado y lo que el fiscal dice haber recibido se convirtió en una de las cuestiones centrales de la nueva investigación.
El mensaje que abrió otra línea de investigación
Entre las evidencias que han adquirido relevancia se encuentra una conversación de Snapchat correspondiente a la madrugada del 20 de octubre de 2024.
De acuerdo con los documentos difundidos, un mensaje enviado a un grupo de la fraternidad hizo referencia a que había una mujer en el piso superior y preguntó, en términos sexuales, si el lugar seguía disponible.
Para Jane Doe, ese intercambio formaba parte del contexto de lo que estaba ocurriendo mientras ella permanecía en la habitación.
La existencia de ese chat fue entregada, según Cornell, a la fiscalía junto con la declaración de la estudiante. La nueva investigación deberá determinar qué valor tiene esa evidencia y qué relación guarda con las acusaciones concretas formuladas por la joven.
La investigación universitaria
Mientras el proceso penal permanecía cerrado, Cornell desarrolló su propia investigación.
De acuerdo con la universidad, alrededor de 50 personas fueron entrevistadas y se realizaron procedimientos relacionados con Title IX. El resultado no fue uniforme para los siete hombres señalados.
Dos fueron expulsados, dos fueron suspendidos durante al menos dos semestres, uno había terminado sus estudios antes de que pudiera aplicarse una sanción y dos fueron declarados no responsables de conducta sexual inapropiada. La fraternidad Chi Phi fue cerrada en 2024 y continúa sin autorización para operar en el campus.
La diferencia entre la respuesta universitaria y la penal es fundamental.
Una universidad puede determinar que hubo una violación de sus normas internas sin que exista una condena criminal. Del mismo modo, que una fiscalía no presente cargos no significa que una institución académica esté obligada a concluir que no ocurrió una agresión.
En este caso, ambas vías produjeron resultados diferentes.
La universidad impuso sanciones a algunos de los involucrados.La fiscalía no presentó cargos.
La mujer que tuvo que volver a contar su historia
Casi dos años después presentó una demanda civil contra los siete hombres a quienes acusa de haberla agredido sexualmente, así como contra Cornell y otras partes a las que responsabiliza por la respuesta institucional.
La demanda volvió a colocar su relato en el centro del caso.
A partir de ella comenzaron a hacerse públicos documentos que permitieron conocer con mayor detalle lo que la joven había contado originalmente a la policía universitaria.
No se trata únicamente de una historia sobre una noche en una fraternidad.
Es también la historia de una mujer que acudió a una institución para denunciar una agresión y cuya declaración terminó siendo examinada a través de preguntas sobre cuánto había bebido, qué había consumido.
Ese enfoque es precisamente uno de los puntos que ahora genera mayor cuestionamiento. Porque una mujer puede beber y seguir teniendo derecho a decir no.
Puede aceptar un acto sexual y rechazar otro. Puede cambiar de opinión. Puede encontrarse incapacitada.
Puede no recordar cada minuto de una agresión y, aun así, denunciar lo que recuerda.Y ninguna de esas circunstancias convierte su cuerpo en propiedad de otra persona.
El caso de Cornell ha vuelto a poner en discusión la manera en que se entiende jurídicamente el consentimiento cuando existen alcohol y drogas de por medio.
Tampoco puede suponerse que el silencio, la inmovilidad o la incapacidad para resistirse constituyan una autorización.
La legislación de Nueva York establece distintas circunstancias relacionadas con la incapacidad y el consentimiento sexual, pero el caso ha generado además un debate sobre los límites de las normas cuando una mujer consume alcohol o drogas y posteriormente afirma que no estaba en condiciones de consentir.
Expertas y especialistas en violencia sexual han cuestionado que el consumo voluntario de alcohol o drogas pueda convertirse en el elemento determinante para desestimar el relato de una víctima. El debate ha llegado incluso a la legislación estatal, después de que Hochul expresara respaldo a cambios legales relacionados con estas situaciones.
La pregunta que permanece es incómoda: ¿qué ocurre cuando el sistema pregunta primero qué hizo una mujer para terminar en una situación de vulnerabilidad, en lugar de preguntar qué hicieron los hombres que tuvieron contacto sexual con ella?
La reapertura
El 16 de septiembre de 2026, Jane Doe presentó su demanda civil. El 28 de septiembre, el fiscal Van Houten anunció que reabriría la investigación criminal. Después intervino la gobernadora Hochul.
La mandataria designó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como fiscal especial para conducir la investigación. La decisión trasladó el caso del ámbito de la fiscalía local al estatal.
Lo que cambió fue que nuevas autoridades volvieron a mirar documentos, testimonios y evidencias que ya existían.
El caso de Cornell queda así como una muestra de las dificultades que todavía enfrentan las mujeres cuando denuncian violencia sexual: tener que reconstruir una noche que puede estar fragmentada por la intoxicación, explicar cada decisión que tomaron antes de la agresión y demostrar que un consentimiento inicial no significó consentimiento para todo lo que ocurrió después.
Su denuncia debía ser escuchada desde el principio. Ahora, casi dos años después, la justicia “accede” a escucharla.