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/ Yamiri Rodríguez Madrid /
En democracia, las instituciones electorales están llamadas a garantizar certeza, imparcialidad y legalidad. Sin embargo, lo ocurrido recientemente con las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) tuvo que acatar, dejan más dudas que respuestas, y más críticas que certezas.
Principalmente porque las sentencias del TEV no se pronunciaron sobre la litis del asunto, es decir, sobre lo que realmente correspondía analizar; terminó resolviendo en un terreno que no era materia del juicio, sin antecedentes, sin documentos y sin evidencias que sustentaran la decisión. Lo preocupante no es solo el fondo del fallo, sino la forma: se trata de resoluciones que se exceden, que se apartaron del marco de discusión planteado y que, en consecuencia, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.
Durante la sesión extraordinaria del OPLE, donde se acató la resolución, varios consejeros electorales fueron claros: estaban obligados a cumplir la sentencia, pero no podían compartirla. Y no era para menos.
El propio análisis del fallo evidencia que las magistradas del TEV desviaron el debate hacia una crítica general al trabajo de los órganos electorales locales, incorporando temas que nada tenían que ver con el caso concreto: desde cuestionamientos al papel de notarios hasta referencias a supuestos “acordeones” electorales que en Veracruz nunca existieron, porque no hubo pruebas que lo acreditaran.
Esa tendencia a pronunciarse sin sustento, a convertir una sentencia en un foro de descalificación, lastima el trabajo institucional que se había venido construyendo con esfuerzo. Como bien señaló uno de los consejeros, el reto era dar certeza al proceso, no empañar la confianza de la ciudadanía con argumentos ajenos y desprovistos de pruebas.
Un proceso electoral, con todas sus complejidades, requiere de árbitros confiables. Cada decisión debe abonar a la certidumbre, no a la incertidumbre. Lo que hizo el TEV en este caso fue justo lo contrario: dictar sentencias que se alejan de la materia del litigio, que introducen elementos ajenos al expediente y que se sostienen más en percepciones que en hechos.
El saldo es preocupante. Porque cuando los tribunales fallan sin atender lo que les corresponde, la democracia se resiente. Y porque cuando la justicia electoral se convierte en tribuna de opiniones, en vez de órgano de legalidad, quienes terminan pagando el precio son los ciudadanos y la credibilidad de las instituciones.
