HORA LIBRE
Álvaro Belin Andrade
Que siendo presidente, Enrique Peña Nieto haya actuado como jefe de la mafia y haya tomado acuerdos con el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para que este salvara el pellejo huyendo del país y luego se entregara a la justicia para recibir una pena leve, no es un tema que deba tomarse a la ligera.
Es de las pocas ocasiones en que los sucios enjuagues del poder presidencial salen a flote, de boca del principal involucrado, como para solo tomarlo como razón para decidir no otorgar prisión domiciliaria al exgobernador veracruzano por el riesgo de que escape.
En bien de la justicia y la democracia en el país, valores que al parecer hemos olvidado o cancelado, el juez de la causa debería seguir una línea de investigación para dar certidumbre sobre los dichos de Duarte y llamar a cuentas tanto a Peña Nieto como al senador Miguel Ángel Osorio Chong, a la sazón secretario de Gobernación, quien habría tenido la tarea de “comunicar” los acuerdos dictados por el mexiquense.
El sábado pasado, ante el juez, al responder preguntas de sus abogados y de los fiscales, Duarte se refirió a una serie de arreglos, peticiones y pactos que habrían propiciado los acontecimientos ocurridos desde su renuncia al cargo de gobernador en octubre de 2016, hasta la condena que él mismo aceptó de nueve años de prisión.
Se trata de acuerdos que, según el cordobés, tenían una lógica política encaminada a no afectar más al gobierno de Peña Nieto ni al PRI.
¿Es esto legal y éticamente válido solo porque lo dictó un Presidente de la República o debe castigarse severamente esta negociación de la impunidad de un funcionario ante delitos que, a la vuelta de tres años, han mostrado graves afectaciones a los veracruzanos, cuyos efectos durarán varios años, si no es que décadas?
Piden incluir declaración de Duarte como prueba
Sobre esta necesaria investigación se ha colocado la organización civil Tojil: Estrategia contra la Impunidad. Desde octubre de 2018 presentó una denuncia penal que dio pie a la apertura de una carpeta de investigación en la FGR, por las posibles irregularidades en el proceso contra Duarte que derivaron en una sentencia reducida.
Este lunes, esta organización presentó a la Unidad de Asuntos Internos de la FGR un escrito formal para que se solicite e incluya como prueba, dentro de la referida carpeta, el video de la audiencia judicial realizada el sábado pasado, donde el exgobernador reveló cada uno de los supuestos pactos con el gobierno pasado.
Estefanía Medina, cofundadora de la organización, advirtió que estos presuntos arreglos y acuerdos de corte político contribuyen a perpetuar la impunidad y favorecen la corrupción.
Y explicó por qué han tratado de involucrarse en el juicio en calidad de víctimas: “Desde que se dio esa extraña negociación entre la PGR (hoy FGR) y la defensa del exgobernador, en Tojil advertimos que esa forma de atender uno de los escándalos más grandes de corrupción que se han destapado en la opinión pública no podía tener lugar más que por devenir de un pacto-acuerdo de corrupción, por lo cual en octubre de 2018 denunciamos ese acto y pedimos ser víctimas para colaborar en la investigación del caso”.
La FGR se ha negado a reconocer dicha calidad de víctimas a la organización, lo que ha obligado a los denunciantes a buscar un amparo.
Este jueves 9 de enero un Tribunal federal resolverá de forma definitiva si la organización puede participar en la indagatoria de las presuntas anomalías en el caso de Javier Duarte.
¿Cuáles fueron los pactos o acuerdos de EPN con Duarte?
Javier Duarte mencionó cuatro acuerdos, comunicados por Peña Nieto a través de Osorio Chong, para su salida del gobierno de Veracruz y, con ello, supuestamente no raspar más a un partido, el PRI, que en su renacimiento con Peña (luego de dos sexenios panistas) permitió, aprovechó y promovió la más terrible etapa de corrupción de que se tenga memoria.
El primer acuerdo fue que Duarte pidiera licencia al cargo, lo que se operó luego de una reunión entre el exgobernador y el entonces titular de la Segob, a principios de octubre de 2016, dos meses antes de concluir constitucionalmente su administración estatal.
Se supone que esta sería una condición necesaria para una transición “tersa” con Miguel Ángel Yunes Linares, quien estuvo muy lejos de cumplir su parte. A cambio, Osorio le habría prometido a Duarte que podía “salir por la puerta grande”, y para ello le habrían tramitado una entrevista en un medio nacional; en efecto, el 12 de octubre de 2016, Carlos Loret de Mola le habría hecho la entrevista en que argumentó que renunciaba voluntariamente para enfrentar las acusaciones en su contra y decir que era inocente.
El segundo acuerdo fue la fuga. Si lo que le dijo Duarte al juez es cierto, las alertas contra Peña y Osorio Chong debieron saltar todo el fin de semana. Duarte dijo que el 13 de octubre de 2016, un día después de pedir licencia, recibió una llamada de un “oficial mayor de Gobernación” quien le alertó que, por su seguridad, debía irse de su casa y de la entidad. Vía terrestre se trasladó a Chiapas, desde donde habría cruzado en una balsa, junto con su esposa, hacia Guatemala (la novela no podría tener un mejor argumento para mostrar como víctima al mofletudo reo).
En la misma fecha, la entonces PGR conseguía de un juez una orden de captura en contra de Duarte, por el caso de las empresas fantasma.
El tercer arreglo fue que se entregara. Narró Duarte que entre finales de 2016 y principios de 2017 sus entonces abogados, encabezados por Marco Del Toro Carazo, “negociaron” con la Secretaría de Gobernación y con el titular de la Unidad de inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz, su entrega voluntaria en Guatemala a cambio de que no se persiguiera penalmente ni a su esposa ni a su familia.
Y el cuarto fue que se le dictara una condena reducida. Gracias a una supuesta negociación con fiscales de la entonces PGR, se acordó quitarle el delito de delincuencia organizada y se le fijara una sentencia mínima, a cambio de que él aceptara declararse culpable.
Todos estos acuerdos extrajudiciales, delictivos incluso, debieran investigarse con toda seriedad, y castigar a los involucrados tanto en Presidencia de la República como en la Secretaría de Gobernación y la hoy Fiscalía General (FGR), por ser un complot criminal auspiciado desde el mismo poder para favorecer ampliamente a un criminal que dejó a Veracruz en la peor situación financiera.
Frases sin disfraces
“La democracia representativa es la peor forma de gobierno excluidas todas las demás”. Winston Churchill.
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