/ Yamiri Rodríguez Madrid /
Llama la atención la frecuencia con que se están denunciando casos en los que supuestamente la autoridad torció la ley para poner tras las rejas a personas aquí en Veracruz y, no, no es solo el caso del ex secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, quien tiene más de dos años tras las rejas por presunta violencia intrafamiliar, ni tampoco el del ex presidente municipal de Tierra Blanca, Tito Delfín Cano; hay otros que, sin ser tan mediáticos, hay que seguirlos de cerca.
La semana pasada, abogados de la firma CIMA, el dueño de una cerrajería xalapeña y la familia de Daniel N, denunciaron públicamente que el cerrajero fue detenido el pasado miércoles 29 de marzo, en el fraccionamiento Pomona de la capital veracruzana; sin embargo, cumplió 48 horas en los separos de la Fiscalía General del Estado (FGE) sin que se justificara su privación de la libertad, aunado a que, pese a que padece VIH, le negaron el acceso a sus medicamentos retrovirales y ya presentó una crisis. Unos días después, un juez determinó que la detención fue ilegal y ordenó su inmediata liberación.
Otro caso es el del dueño de un colegio en Xalapa. A Javier N. lo detuvieron en diciembre por un presunto caso de abuso. Sin embargo, familiares y amigos acusan que los delitos fueron presuntamente prefabricados por un pleito de divorcio.
Como en otros casos, la defensa argumenta inconsistencias, como el hecho de que la víctima no tenía señales de daño físico ni emocional, por lo que el pasado 1 de marzo interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el proceder de las autoridades judiciales de Veracruz, quienes durante el proceso, afirman, incurrieron en numerosas violaciones a las garantías individuales, a la seguridad jurídica, a la legalidad y al debido proceso, por lo que consideraron pertinente que se lleve a cabo una investigación y determinar si se aplica la ley o existe un interés por torcerla en favor de la demandante. Padres de familia del colegio publicaron un desplegado para exigir al Poder Judicial que se libere a su exdirector, pero las autoridades han hecho mutis.
En este caso, al no ser políticos, como los dos primeros mencionados, no tendrían que haber un motivo de revancha. Entonces ¿no se está haciendo el trabajo como debería, es negligencia o palancazos? Ojalá pronto se aclare.
@YamiriRodríguez
