- El movimiento feminista ha buscado desvincular esta labor como característica innata y natural de las mujeres, y visibilizarla como una actividad que requiere conocimientos especializados, tiempo y energía, afirmó Mariana Lugo, académica de la ENTS.
- / Laura Lucía Romero Mireles /
os cuidados no sólo son tarea de las mujeres, sino de todos, y una responsabilidad por parte del Estado y la sociedad, coincidieron en señalar expertas de México y España, en el Seminario Permanente Internacional Interdisciplinario sobre Emergencia Social Comunitaria. Cuidados, inclusión social y perspectiva de género, organizado en la UNAM.
En la sesión virtual, Julia del Carmen Chávez Carapia, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), señaló que en nuestro país no existe una ley de cuidados, aunque hay iniciativas y marcos legales que buscan garantizar los derechos de quienes cuidan y son cuidados. “Sólo se ha propuesto un Sistema Nacional de Cuidados que comprenda políticas, programas y servicios para las personas que los necesiten, así como el reconocimiento y apoyo para quienes los brindan”.
La también coordinadora del Programa de Maestría y Doctorado en Trabajo Social recordó que históricamente las mujeres han tenido a su cargo esa tarea; aunque la familia monogámica ha ido cambiando y han surgido otras, el papel de ellas sigue siendo el tradicional, conjugado con los roles modernos.
Los cuidados, explicó, se refieren a la atención de las necesidades de otras personas, principalmente las más vulnerables, como los niños y los adultos mayores. Implican atender aspectos de la vida cotidiana como son el trabajo doméstico no remunerado, y la atención de los integrantes de la familia en los sentidos nutricionales, de limpieza, salud, educativos y de relación con el mundo externo.
“Son físicos, emocionales y sociales, y se ubican en el ámbito de la vida cotidiana; son tarea de todos, y una responsabilidad por parte del Estado y la sociedad, y hay que verlos como un derecho social”, puntualizó la universitaria.
Begoña Leyra Fatou, académica de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, afirmó que modificar el actual reparto del tiempo y de las tareas constituye una reivindicación política.
La docente añadió que el trabajo social no sólo debe gestionar cuidados, los tiene que humanizar, dignificar y transformar. Frente a un modelo que invisibiliza y privatiza, esa disciplina propone “una ética del cuidado centrada en las personas, los vínculos y la justicia social”.
El trabajo social feminista revaloriza los cuidados como tarea esencial para la vida, que no debe recaer únicamente en las mujeres ni en el ámbito privado; se requiere promover políticas públicas corresponsables y comunitarias, propuso.
Hay que apostar por una ética del cuidado basada en la dignidad, la interdependencia y el reconocimiento de las experiencias y saberes de las personas cuidadoras y cuidadas. El trabajo social feminista no sólo acompaña vidas en situación de fragilidad: construye condiciones para vivir bien, colectivamente y con justicia, sentenció.
Mariana Lugo Arellano, también profesora de la ENTS, consideró: “Si no atendemos esa pobreza de tiempo, que está asociada a las desigualdades de género, difícilmente podremos revertir la situación de pobreza y desigualdad en la región latinoamericana”.
En nuestros países, el cuidado se ha regulado principalmente como un derecho de las infancias y de adultos mayores. El movimiento feminista se ha enfocado en desnaturalizarlo (es decir, desvincularlo como característica innata y natural de las mujeres, y visibilizarlo como una actividad que requiere conocimientos especializados, tiempo, energía y que es de gran aporte para las economías) y reconocerlo como un trabajo.
El cuidado se identifica como derecho universal, y activa una serie de obligaciones para el Estado. “Implica que toda persona puede ejercer el acto de cuidar a otras, en condiciones de igualdad y sin discriminación; que todas las personas, especialmente las que requieren cuidados especializados, deben poder acceder a servicios adecuados, sin que esto recaiga desproporcionadamente en sus familias o en personas cuidadoras no remuneradas; y que cada individuo tenga la posibilidad y los recursos para cuidar de sí mismo, promoviendo su autonomía y bienestar”, refirió Lugo Arellano.
“Hay que dejar de vincular los cuidados con una condición de enfermedad o dependencia, construir comunidades que cuidan, y proporcionar y garantizar la infraestructura social que nos permita atender a personas cercanas y lejanas”, concluyó.