Fue un 3 de julio de 1955 cuando las mujeres mexicanas ejercieron por primera vez su derecho al voto en unas elecciones federales. Lo anterior significó el reconocimiento a la igualdad en la participación política y el logro de años de lucha. Sin embargo, a 67 años de que las mujeres mexicanas acudieran por primera vez a las urnas en nuestro país, lo que se dice y se escribe mucho más fácil que si tomamos en cuenta que muchas de nuestras abuelas al cumplir la mayoría de edad no eran consideradas ciudadanas, o que nuestras madres nacieron el mismo año en que se reconociera ese derecho, aún existe y persiste un trato diferenciado y una amenaza constante de violencias y desigualdades que afectan de manera destacada a las mujeres y les impiden su ejercicio de ciudadanía plena.

Apenas se cumplen 67 años del derecho al voto de la mujer mexicana, esto quiere decir, que en pleno Siglo XX las mujeres mexicanas gozaban de muy pocos derechos y oportunidades. Como si se tratara del siglo XIX, seguían destinadas a casarse y tener hijos, a depender de un hombre para vivir. Solo una minoría estudiaba, por lo que muy pocas sabían leer y escribir.

Por ello, sin duda alguna, uno de los grandes derechos conquistados para el género, fue el sufragio femenino y sin duda alguna una de las primeras reivindicaciones del movimiento feminista hace casi dos siglos. Las mujeres reclamaban tanto el derecho de poder votar a los representantes públicos como de ser votadas como candidatas. Mucho tiempo ha transcurrido y muchas historias de lucha por conquistar espacios y lograr la participación política de las mujeres. Desde el Manifiesto de Seneca Falls, considerada la primera convención por los derechos de la mujer organizada en Estados Unidos. Hasta el reconocimiento como un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, casi 100 años después del Manifiesto.

Sin embargo, la historia del sufragio femenino no ha sido fácil ni se ha desarrollado de igual manera en todo el mundo. De hecho, el primer sufragio femenino sin restricciones que se aprobó fue en Nueva Zelanda en el año 1893. En Europa, Finlandia, Noruega y Suecia, reconocieron el derecho a voto igualitario a principios del siglo XX, mientras que Inglaterra y Estados Unidos lo aprobaron una década después; siendo Uruguay, el primer país latinoamericano en aprobar el sufragio femenino en 1927.

En nuestro país la lucha no fue ignorada, aunque fue uno de los últimos países latinoamericanos en reconocer el derecho de votar y ser votadas a las mujeres. Si bien existen algunos antecedentes exitosos a nivel local, como el de 1923 en Yucatán, que reconoció el voto tanto municipal como estatal, con tres mujeres electas para diputadas al congreso estatal: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce; además Rosa Torre fue electa para regidora en el ayuntamiento de Mérida.

Sin embargo, cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto murió asesinado en 1924, las cuatro tuvieron que dejar sus puestos. En San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales en 1924 y en las estatales en 1925 pero este derecho se perdió al año siguiente. En Chiapas, se reconoció el derecho a votar a las mujeres en 1925.

Posteriormente, en 1937 el entonces Presidente Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución, que permitiría votar a las mujeres. Sin embargo, esto nunca se concretó. El 12 de febrero de 1947, se publicó en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de adición al artículo 115 para permitirles la participación en las elecciones municipales, como votantes y como candidatas; lo que significó un importante avance en la inclusión de las mujeres en la vida política del país. Finalmente, el 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Este decreto fue el producto de una larga lucha.

Este año se cumplen 69 años desde dicho reconocimiento constitucional con motivo del cual, las mujeres mexicanas gozaron de la ciudadanía plena. Sin embargo, no fue sino hasta el 3 de julio de 1955, cuando las mujeres mexicanas lograron emitir su voto por primera vez. En aquella ocasión se elegía a diputados federales para la XLIII Legislatura. Fue un evento histórico de la mayor importancia, por ser el primer ejercicio de libertad de decisión de la mujer, pero la verdadera democratización de la ciudadanía tardó muchos años más en germinar, ya que la tradición estaba aún arraigada en nuestro país.

Tuvieron que pasar 24 años de que se reconociera y ejerciera el sufragio de la mujer, para que en 1979, México tuviera a la primera gobernadora estatal (de Colima), Griselda Álvarez. A partir de es reconocimiento del derecho de la mujer al voto sin duda se han registrado avances muy importantes en su beneficio, por lo menos en términos de políticas públicas y de gobierno puesto que a partir de este momento se empezó a ver a las mujeres como sujetos de derechos y sobretodo relevantes para el ámbito político y de gobierno. Una idea que desde luego antes de 1953 era negada. Fue a partir de este importante hito histórico que las mujeres irrumpieron de diversas maneras en todos los ámbitos. Lo hicieron en las universidades, en los gobiernos, en los estados, en las empresas, etcétera. Pero todavía falta mucho por hacer.

Los retos y los desafíos,  son todavía muchos, además la lucha por la igualdad en términos de participación política no ha sido fácil ni mucho menos color de rosa. Se han requerido muchas valientes mujeres que además de comprometidas con la lucha no han cejado en el intento de transformación. Necesitamos políticas y acciones que nos permitan a todas y todos sensibilizarnos en la importancia de pensar en las mujeres como sujetos de derecho y sobretodo en la importancia de su participación en la vida pública. La ciudadanía plena no solamente es el derecho al voto de las mujeres o a la democracia paritaria; no hay ciudadanía plena sin que efectivamente se logre la eliminación de los obstáculos que enfrentan las mujeres y que representan un impedimento para el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Tenemos que visibilizar las aportaciones de las mujeres y dejar de pensar en ellas como grupo homogénico o monolítico. Las mujeres al igual que los hombres tenemos distintas posturas políticas y visiones del mundo, lo que nos hace relevantes para la vida pública de nuestro país.

Hoy, a 67 años del voto femenino, de alguna manera es fácil hacer un recuento histórico de la participación política de las mujeres. Sabemos por ejemplo que hasta 2020 en nuestro país únicamente habían llegado a ocupar el cargo de gobernadoras nueve mujeres, de las cuales dos fueron interinas. Adicionalmente, entre 2015 y 2020, en todas las elecciones celebradas sólo el 18% de las candidaturas fueron para mujeres, y únicamente tres fueron electas. Estos datos hacen evidente la enorme brecha de desigualdad existente y persistente en nuestro país.

Es claro que se han logrado avances, y que muy a regañadientes los partidos se han visto obligados a incluir mujeres en sus candidaturas a diversos puestos públicos, incluyendo los del ejecutivo estatal. Lo que es de la mayor importancia, porque sólo así se da vida al principio constitucional de la paridad electoral y que fue elevado a ese rango con virtud de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019, reforma también conocida como “Paridad en todo”. La paridad en todo sin embargo no ha sido efectiva, por lo menos todavía. Incluso fue necesaria una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó a los partidos políticos postular en 2021 a 7 candidatas a gubernaturas, de las 15 en disputa. Claro que pudo hacerse más, pero por lo menos, se logró de esta forma, que se respetara el mandato constitucional de paridad de género para estos cargos, mandato que las y los legisladores parecían estar dispuestos a ignorar.

Gracias a estos empujones y a la lucha constante de las mujeres para hacer valer sus derechos políticos, ha aumentado, aunque sea un poco, la participación política de las mujeres en puestos de alto mando. Basta remitirnos a la jornada electoral del pasado 5 de junio de este año, con motivo de la renovación de gubernaturas en seis estados de la república, para Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, así como la elección de 25 diputaciones del Congreso local en Quintana Roo y 39 ayuntamientos en Durango.

Hoy tenemos dos gobernadoras electas, una en Aguascalientes y la otra en Quintana Roo. Siendo destacable que Aguascalientes únicamente contó con boleta de candidatas, lo que ya nos aseguraba una próxima gobernadora mujer para esta entidad, y la primera en toda su historia.  Pero lo cierto es que todavía son muchos los retos y desafíos que se tienen en la materia, sin dejar de mencionar que debe atenderse y regularse la violencia política por razones de género, pues no solo es un problema que restringe la capacidad para ocupar cargos de poder y toma de decisiones, sino que sobre todo refleja un problema estructural, de discriminación y estereotipos.

Ante todo, es evidente lo indispensable de tener especial consideración la protección de los derechos de las mujeres en tanto se trata de un grupo poblacional que en reiteradas ocasiones se encuentra en situación de vulnerabilidad dado el contexto de desigualdad estructural y violencia que se vive en México. La ciudadanía plena no solamente es el derecho al voto de las mujeres o a la democracia paritaria; no hay ciudadanía plena si no se logran eliminar los obstáculos que hoy en día continúan enfrentando las mujeres y que representan un impedimento para el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Si bien, México es uno de los países que más ha avanzado con respecto a la representación política de las mujeres y de alguna manera ello debe llenarnos de orgullo, aún quedan muchas cosas por hacer, no debemos dar por sentado nada, se requiere seguir impulsando cada vez más esta igualdad sustantiva, pues es claro que las enormes inequidades estructurales asociadas al género, a la clase, a la etnicidad, a la edad y a la orientación sexual, son además obstáculos para que las mujeres puedan ejercer sus derechos.

La búsqueda hacia la paridad de género apenas comienza, debemos avanzar hacia una verdadera democracia paritaria y garantizar los derechos de las mujeres en la vida pública y política del país. La participación de las mujeres es determinante para la toma de decisiones y el desarrollo nacional. No olvidemos que la discriminación a través de la historia se fundamenta en estereotipos culturales, prácticas y roles sociales que lamentablemente terminan por traspasarse al derecho y a la vida pública del país; por lo que son un obstáculo que debemos erradicar. Hay que romper estigmas, estereotipos, tradiciones. La lucha no ha terminado. Así, un tres de julio de 1955 las mujeres mexicanas pudieron votar por primera vez. Honrando ese camino y la memoria de todos quienes lo hicieron posible, debemos todas ejercer siempre ese derecho. Debemos ser ejemplo y promover no sólo la importancia de participar sino además fortalecer la democracia.